"Que si nos van a deportar, que nos deporten. Y si no, que nos suelten". Así resume Aris Reyes, cubano recluido en el centro de detención migratoria conocido como "Alligator Alcatraz", el clamor desesperado de cientos de personas que llevan semanas encerradas sin información clara ni acceso a justicia y bajo condiciones inhumanas.
"Queremos un proceso justo. Que se nos procese, que nos tienen aquí peor que indocumentados", declaró a Telemundo Reyes, quien fue detenido por conducir sin licencia válida, pero contaba con un orden deportación anterior.
Desde el corazón de los Everglades, donde se ubica este antiguo aeropuerto reconvertido en prisión administrado por autoridades de Florida, cientos de migrantes reclaman solución a sus casos.
Lo que debía ser un paso intermedio mientras se resuelven sus casos migratorios, se ha transformado, según los testimonios, en una pesadilla.
"Aquí estamos como perros, estamos encerrados en jaulas", detalló el cubano.
El gobernador Ron DeSantis comentó recientemente que los detenidos en el centro reciben al ingresar un folleto donde se les informa que pueden optar por un vuelo de regreso a su país de origen, con todos los gastos pagados por el gobierno federal.
"Nadie está obligado a quedarse", afirmó.
Sin embargo, los presos contradicen esa versión. "No se nos dice nada, no hay información, no pasa nada… aquí lo único que pasa es que se pone la cosa peor", insistió Reyes.
Familiares y abogados denuncian una falta total de comunicación por parte de las autoridades y del personal del centro.
El abogado de inmigración John De La Vega explicó que los procesos migratorios pueden tardar semanas o incluso meses en resolverse, sobre todo si los arrestados no tienen representación legal o enfrentan trabas burocráticas.
"Muchos están atrapados en un vacío legal. Están detenidos administrativamente, pero sin claridad sobre su futuro ni acceso efectivo al debido proceso", advirtió.
Telemundo reportó la historia de Fernando Artese, argentino que sigue recluido en Alligator Alcatraz pese a que pidió directamente su deportación: "Yo me quiero ir, yo me estaba preparando para ir, pero los días pasan y pasan", dijo.
Condiciones infrahumanas
Esta semana trascendió el caso de otro migrante cubano: Pedro Lorenzo, padre de tres ciudadanos estadounidenses, quien ya había cumplido una condena por un delito cometido en el pasado.
El 8 de julio se reportó voluntariamente en la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar para un control rutinario; desde entonces permanece detenido, sin cargos nuevos y sin información legal.
"Él no está preso por un crimen. Se estaba reportando como le exigieron y lo detuvieron sin motivo", declaró su esposa, Daymaris Lorenzo.
Son numerosas las denuncias de las condiciones de los detenidos: 32 personas encerradas en jaulas, durmiendo en literas sin privacidad, rodeadas de calor extremo, sin aire acondicionado, con duchas e inodoros abiertos y compartiendo tres lavabos por celda.
Muchos deben beber y cepillarse los dientes con el agua del mismo lugar donde defecan.
Según los testimonios, a los detenidos no se les apagan las luces para descansar, apenas duermen dos horas al día, no reciben comidas calientes y se les alimenta de forma irregular, en ocasiones con simples sándwiches.
Además, están incomunicados: no tienen acceso a teléfonos, ni papel o lápiz para escribir el número de sus familiares.
La atención médica es escasa o inexistente. "Si alguien se siente mal, le toman la presión y ya. No hay tratamientos ni seguimiento", relató la esposa de uno de los migrantes.
Una prisión sin juicio y sin salida
"Alligator Alcatraz" ha sido duramente criticado por legisladores, activistas y organizaciones religiosas.
Un informe legislativo lo calificó de "campo de internamiento", con graves violaciones de derechos humanos, como hacinamiento extremo, alimentación inadecuada, calor sofocante, falta de agua potable y asistencia médica deficiente.
Una visita de congresistas demócratas el pasado 12 de julio reveló colchones infestados, baños colapsados, temperaturas internas entre 83 y 85 grados y porciones de comida "insuficientes y poco saludables".
A los legisladores no se les permitió hablar con detenidos ni con el personal. "Este centro debe ser cerrado inmediatamente", sentenció la congresista Debbie Wasserman Schultz.
La Arquidiócesis de Miami, por su parte, denunció que el centro atenta contra la dignidad humana y lideró un rosario frente a sus instalaciones como señal de protesta.
Mientras tanto, más de 700 personas, en su mayoría de Guatemala, México y Cuba, permanecen allí encerradas. La gran mayoría enfrenta solo cargos administrativos de inmigración, sin antecedentes penales graves.
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