La situación legal del centro de detención para migrantes conocido como Alligator Alcatraz se ha tornado aún más compleja tras la primera audiencia judicial celebrada este lunes, que estuvo encabezada por la jueza federal Kathleen Williams.
En el centro del proceso están las graves denuncias sobre condiciones inhumanas, violaciones al debido proceso legal y una intensa batalla jurisdiccional, aspecto este último que podría frenar la demanda del polémico centro, ubicado en la reserva Big Cypress, dentro de los Everglades de Florida.
Una audiencia clave para el futuro del centro
El proceso judicial, que comenzó este 21 de julio con una audiencia inicial de aproximadamente una hora, buscó establecer el cronograma del litigio y, como primer paso, determinar si la demanda se encuentra en la jurisdicción adecuada.
La magistrada Williams deberá decidir si corresponde que el caso sea llevado en el distrito sur de Florida -como sostienen los demandantes- o si debe ser trasladado al distrito central, como argumentan autoridades estatales.
El director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, sostuvo que "todos los centros de detención, todos los edificios y todo el pavimento en cuestión están ubicados en el condado de Collier, no en Miami-Dade", por lo que el caso debería cambiar de jurisdicción.
Sin embargo, Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas que también han presentado acciones legales, refutó esa postura y afirmó que “una parte sustancial de los eventos” relacionados con el centro ocurrieron en el condado de Miami-Dade.
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La próxima fecha clave en el proceso será el 30 de julio, cuando ambas partes deberán regresar a corte.
Posteriormente, el 6 de agosto, la jueza Williams evaluará la solicitud para suspender de forma temporal las operaciones del centro mientras avanza el litigio.
Acusaciones de condiciones inhumanas
Las denuncias presentadas en la demanda colectiva exponen una serie de irregularidades que van desde la falta de acceso a asesoría legal hasta presuntas negligencias médicas.
Uno de los casos es el de Michell Borrego, detenido tras una entrevista de probatoria por un caso penal previo.
Su madre, Yaneisy Fernández, relató que su hijo fue sometido a una cirugía de emergencia y devuelto al centro sin tiempo de recuperación ni cuidados médicos adecuados.
“Lo único que me preocupa es que mi hijo coja una infección y se me muera”, declaró Fernández, visiblemente angustiada, en declaraciones recogidas por Telemundo 51.
La mujer recientemente recibió una llamada donde se le informó que su hijo fue trasladado nuevamente en silla de ruedas a la enfermería del centro.
Otro testimonio impactante es el de Juan Palma Martínez, detenido tras una entrevista con funcionarios de Inmigración.
Desde el interior del centro, describió: “32 personas encerradas en una cerca… los mosquitos, demasiados… no se puede estar de pie… no se puede caminar… es terrible”.
Su esposa, Yanet López, denunció que su marido está “prácticamente desaparecido”, sin confirmación oficial de ICE sobre su custodia.
“Está como invisible, como una persona que no está bajo custodia de nadie”, lamentó en declaraciones al citado medio; en las que López añadió que “miles de familiares están reportando problemas graves en este lugar”.
Protestas y respaldo comunitario
La comunidad también ha comenzado a movilizarse frente a lo que consideran una grave violación a los derechos humanos.
El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, expresó públicamente su preocupación y afirmó estar esperando autorización para visitar el centro.
Mientras tanto, en días recientes lideró un rosario frente a las instalaciones, acompañado de feligreses y de un grupo de motociclistas católicos.
El ángulo ambientalista y político
Paralelamente a la demanda colectiva por las condiciones de los detenidos, grupos ambientalistas presentaron otro litigio argumentando que la construcción y operación del centro viola leyes ambientales estatales y federales.
Estas organizaciones buscan detener completamente las obras y el traslado de más detenidos al sitio, que estaría recibiendo hasta 900 personas en apenas tres semanas, según estimaciones presentadas en corte.
Los críticos consideran que el centro representa “una amenaza cruel e inhumana para los humedales ecológicamente sensibles”.
Por su parte, el gobernador Ron DeSantis y otros funcionarios republicanos lo defienden como parte de la estrategia estatal para apoyar las políticas federales de mano dura contra la inmigración irregular.
Incluso la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, elogió el modelo impulsado por Florida como ejemplo para expandir la capacidad de detención a nivel nacional.
La batalla legal en torno a Alligator Alcatraz no ha hecho más que empezar y se perfila, en definitiva, como un conflicto de múltiples capas: un choque entre jurisdicciones, un debate sobre derechos humanos y una disputa ambiental de alto impacto.
Mientras los abogados presentan sus argumentos y las familias esperan respuestas, la jueza Williams será la encargada de determinar el rumbo legal de uno de los centros de detención más polémicos en la historia reciente del estado de Florida.
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