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El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida (DOGE), creado por el gobernador Ron DeSantis para fiscalizar el gasto público a nivel local, ha iniciado una auditoría exhaustiva sobre el uso de fondos en el condado de Miami-Dade.
Según carta enviada el 4 de agosto a la alcaldesa Daniella Levine Cava, DOGE solicita documentos y explicaciones sobre el manejo de un presupuesto que, aunque ha crecido considerablemente en ingresos, enfrenta un déficit superior a los 400 millones de dólares.
El condado, el más poblado y de mayor presupuesto en Florida, maneja cerca de 13,000 millones de dólares, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para el equipo DOGE.
Las razones detrás del interés de DOGE
DOGE ha justificado su auditoría señalando una paradoja financiera: mientras los ingresos del condado crecieron de forma significativa entre 2020 y 2024, el gobierno local proyecta un déficit de más de 400 millones para el año fiscal 2025-2026.
Algunos de los datos clave mencionados por DOGE incluyen:
-Un 29% de aumento en los ingresos por impuestos a la propiedad, lo que representa más de 430 millones de dólares adicionales.
Lo más leído hoy:
-Un 56% de incremento en los impuestos sobre alimentos y bebidas, sumando casi 3,000 millones de dólares extra.
-Inversiones en programas como el Green New Deal y políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), que DOGE considera prioritario revisar.
-Detalles técnicos sobre dispositivos para calmar el tráfico, como badenes o rotondas, y proyectos de bicicletas y peatones, con demandas de documentación específica sobre sus costos y justificación.
En su carta, DOGE también solicitó información sobre salarios, arrendamientos, ventas de bienes raíces y partidas relacionadas con sostenibilidad y equidad social.
El condado tiene hasta el 13 de agosto para responder, bajo advertencia de posibles sanciones económicas en caso de incumplimiento.
La postura de la alcaldesa Levine Cava
La alcaldesa Daniella Levine Cava respondió a la notificación del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Florida (DOGE), sobre las finanzas del condado.
En su declaración, la alcaldesa defendió la transparencia de su gobierno.
“He gobernado con una sólida responsabilidad fiscal y me he asegurado de que Miami-Dade funcione bajo uno de los sistemas locales más transparentes y bien gobernados del país", dijo.
Destacó que el condado se somete a auditorías externas de forma regular, y que la información financiera está disponible en línea en tiempo real para el público.
Añadió que han reducido gastos administrativos y logrado “la tasa impositiva combinada más baja desde 1982” durante dos años consecutivos, sin afectar los servicios esenciales.
“Le abrimos las puertas a la transparencia con el estado y con nuestra comunidad, y confiamos en la integridad de nuestras operaciones", agregó.
La alcaldesa se mostró dispuesta a cooperar con DOGE si la revisión es útil y no interfiere con la gobernanza local, pero advirtió:
“No hay necesidad de duplicaciones ni de investigaciones con motivaciones políticas que puedan desviar el tiempo del personal que ofrece servicios esenciales".
Finalizó afirmando que su enfoque sigue siendo servir a los residentes mediante inversiones clave y evitando distracciones políticas.
“Nuestras prioridades siguen centradas en brindar resultados a los residentes... sin caer en el teatro político", concluyó.
Divisiones políticas: apoyo, críticas y tensiones locales
La revisión de DOGE ha generado un profundo debate político en el condado.
Mientras Levine Cava denuncia motivaciones partidistas, voces republicanas, como el comisionado Roberto González, respaldan la auditoría estatal.
González incluso reconoció haber solicitado personalmente la intervención del DOGE.
“Lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que está pasando, cómo llegamos a ese déficit y cómo podemos arreglarlo, pero sin ver línea por línea cómo se está gastando el dinero de los contribuyentes, no vamos a poder hacerlo”, indicó en declaraciones recogidas por la prensa local.
Por su parte, el congresista federal y exalcalde del condado, Carlos Giménez, celebró públicamente la auditoría en redes sociales.
"En tan solo unos años, el alcalde Levine ha convertido nuestra buena administración en un déficit masivo", escribió en X.
Estos apoyos reavivan la pugna política entre la administración local demócrata y el gobierno estatal republicano, en un contexto donde la fiscalización se entrelaza con intereses electorales y rivalidades partidarias.
¿Qué está en juego?
La investigación de DOGE llega en un momento crítico.
Miami-Dade enfrenta decisiones difíciles para cerrar el déficit: el presupuesto propuesto por la alcaldesa incluye recortes a subvenciones sociales, programas para personas mayores y fondos para organizaciones benéficas, así como aumentos en tarifas de transporte y parqueo, y el impuesto a la gasolina del condado.
Además, como reportó Miami Herald, en recientes audiencias públicas la alcaldesa pidió apoyo ciudadano para mantener estable la tasa del impuesto predial, y advirtió que reducirla en 2026 obligaría a "recortar más servicios".
Mientras tanto, el alcance de la auditoría estatal sigue ampliándose: otros condados como Broward, Jacksonville y Manatee también están bajo revisión, lo que indica que DOGE opera como parte de un plan más amplio de fiscalización estatal.
La auditoría del DOGE sobre Miami-Dade no solo es un ejercicio administrativo: es también una batalla por el relato político sobre la eficiencia, la transparencia y el control del gasto público en uno de los condados más complejos y políticamente relevantes de Florida.
La administración de Levine Cava insiste en que el escrutinio es innecesario y responde a “un teatro político”.
Sin embargo, con un déficit que supera los 400 millones de dólares y un clima de polarización creciente, la revisión de DOGE no solo pondrá a prueba las finanzas del condado, sino también la solidez institucional y la legitimidad política de quienes hoy lo gobiernan.
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