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La Administración Trump se prepara para un cambio normativo que recortaría o eliminaría el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) a casi 400,000 personas en Estados Unidos.
Los afectados serán, sobre todo, adultos mayores de bajos ingresos, personas con discapacidad grave -incluidos niños- y personas ciegas, que dependen de ese pago mensual para cubrir lo más esencial: alquiler, comida, ropa o medicinas.
“Casi 400,000 beneficiarios del SSI que viven con familiares o amigos que atraviesan sus propios problemas financieros probablemente verían recortadas sus prestaciones -normalmente en cientos de dólares al mes- o perderían por completo su elegibilidad", reveló un reciente informe del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).
El origen de la controversia
El SSI es un programa federal que proporciona pagos mensuales a quienes cumplen estrictos criterios de ingresos y recursos.
Desde octubre de 2024, la Administración del Seguro Social (SSA) considera que un hogar que recibe SNAP -el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, más conocido como “cupones de alimentos”- es un hogar con asistencia pública.
Ese cambio se introdujo para evitar que las familias más pobres fueran penalizadas por el “apoyo y manutención en especie” (In-kind Support and Maintenance, ISM).
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Esta penalización descuenta del cheque mensual el valor de la ayuda que recibe el beneficiario al vivir con otras personas, como un cuarto en la casa de un familiar, incluso si ese familiar también es de bajos recursos.
“Eso permite que más personas cualifiquen al SSI y, en algunos casos, que su pago del SSI sea mayor", advierte el CCBP.
Antes de la actualización de 2024, SNAP no figuraba en la lista de programas considerados como asistencia pública para el SSI, lo que dejaba a muchas familias expuestas a reducciones en sus cheques a pesar de vivir en la pobreza.
¿Qué propone ahora la Administración Trump?
La nueva propuesta busca eliminar SNAP de esa lista, devolviendo el programa a criterios establecidos hace más de 40 años.
En la práctica, significaría que compartir vivienda con familiares o amigos volvería a interpretarse como un apoyo económico que reduce el cheque mensual, aunque el hogar entero viva por debajo del umbral de pobreza.
El Center on Budget and Policy Priorities advierte que este cambio “ignoraría la realidad de que las familias que reciben SNAP tienen ingresos muy bajos”.
Según su análisis, un hogar típico con varias personas que recibe SNAP y en el que al menos un miembro accede al SSI tiene un ingreso anual de unos 17,000 dólares, muy por debajo de la línea de pobreza.
¿Quiénes serían los más afectados?
Los recortes afectarían especialmente a:
-Personas mayores que no pueden costear vivienda propia y viven con hijos, nietos o hermanos para compartir gastos.
-Adultos con discapacidad física o intelectual que dependen de cuidados diarios de su familia.
-Menores de 18 años con discapacidad cuyos padres reciben SNAP y cuyo ingreso sería imputado parcialmente para reducir el cheque del niño.
Según el CBPP, más de 275,000 personas perderían parte de su cheque y unas 100,000 lo perderían por completo si se aprueba la norma.
“La propuesta de la administración de Trump de cambiar las reglas afectará a cientos de miles de las personas con ingresos más bajos del país", sentencia en su informe el CBPP.
El impacto específico en Florida
En Florida, donde el costo de la vivienda es elevado y la participación en SNAP es amplia, unos 30,800 beneficiarios del SSI se verían afectados.
En muchos casos, se trata de personas que ya viven en hogares multigeneracionales para sobrevivir a los altos alquileres y a los gastos de vida.
El CBPP ofrece un ejemplo que refleja lo que pasaría en miles de hogares floridanos:
Una adulta con síndrome de Down que vive con sus padres de bajos ingresos y recibe SNAP cobra hoy $967 al mes, el monto federal completo.
Como su hogar cuenta como de asistencia pública, no se le aplica la penalización ISM.
Si SNAP se elimina de la definición, se le descontaría el valor estimado de vivir en casa de sus padres y su cheque caería en un tercio, dejándola con menos de $700 mensuales.
En un estado como Florida, donde el precio medio de un alquiler supera los ingresos de muchos beneficiarios, esa reducción podría significar tener que elegir entre pagar el techo, la comida o las medicinas.
Consecuencias más allá del recorte económico
El CBPP advierte que el cambio también supondría más burocracia y más riesgo de errores. Los beneficiarios tendrían que reportar constantemente su situación de vivienda, detallar quién paga cada gasto y notificar cualquier cambio familiar.
Este proceso recargaría a una SSA con personal ya reducido y generaría tanto pagos indebidos como pagos insuficientes.
Además, podría disuadir a las familias de ofrecer vivienda o cuidado a sus parientes por miedo a afectar sus beneficios, lo que incrementaría el riesgo de institucionalización.
Una amenaza para la estabilidad de los más vulnerables
En total, el cambio proyectado afectaría a casi 400,000 personas en el país, muchas de ellas entre las más vulnerables.
En Florida, las 30,800 personas que podrían perder parte o todo su SSI dependen de ese ingreso para no caer en la indigencia.
El recorte no solo les restaría recursos económicos, sino que aumentaría el riesgo de desalojo, hambre y aislamiento.
En palabras del CBPP, la medida supondría devolver el SSI a un estándar “obsoleto”, que no refleja la realidad de las últimas cuatro décadas, desprotegiendo a quienes menos tienen y a las familias que los cuidan.
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