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La salida progresiva de asesores y fuerzas de seguridad cubanas de Venezuela no es un simple ajuste diplomático: representa el posible desmantelamiento de una estructura de control militar e inteligencia que La Habana ayudó a diseñar desde 2008 para blindar al chavismo frente a conspiraciones internas y fracturas castrenses.
La retirada, confirmada por Reuters, adquiere mayor dimensión cuando se contrasta con años de negaciones oficiales del régimen cubano sobre su presencia directa en tareas de seguridad y represión en el país sudamericano.
Según el reporte, asesores cubanos han sido apartados de posiciones clave dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el organismo señalado por su papel central en la vigilancia, persecución y encarcelamiento de oficiales sospechosos de deslealtad.
Asimismo, la presidenta interina Delcy Rodríguez habría reemplazado escoltas cubanos por guardaespaldas venezolanos, rompiendo con la práctica establecida por Hugo Chávez y mantenida por Nicolás Maduro, quienes confiaron su seguridad personal a fuerzas élite enviadas desde La Habana.
El detonante inmediato fue la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Maduro y dejó 32 efectivos cubanos muertos.
La Habana confirmó las bajas y los presentó como “héroes internacionalistas”, un reconocimiento que contrastó con años de desmentidos categóricos sobre la presencia militar cubana en Venezuela.
Arquitectura del control: Los acuerdos de 2008
La influencia cubana en los aparatos de seguridad venezolanos no fue improvisada.
Un reporte especial de Reuters publicado en 2019 reveló la existencia de dos acuerdos firmados en mayo de 2008 entre los ministerios de Defensa de ambos países, que otorgaron a Cuba amplio acceso al sector militar venezolano y capacidad para reestructurarlo.
Bajo esos acuerdos, oficiales venezolanos fueron enviados a La Habana para entrenarse en contrainteligencia; instructores cubanos supervisaron la “modernización” del entonces servicio de inteligencia militar (DIM); y se redefinió la misión del organismo para que dejara de enfocarse en amenazas externas y pasara a vigilar a los propios soldados, oficiales y comandantes.
En 2011, el DIM fue rebautizado como DGCIM, reflejando su nueva orientación hacia la contrainteligencia interna. Según testimonios recogidos por Reuters, agentes entrenados por Cuba se infiltraron en cuarteles, interceptaron comunicaciones de altos mandos y promovieron un sistema de delación que sembró miedo y paranoia dentro de las fuerzas armadas.
La DGCIM fue posteriormente señalada por Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos por prácticas que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles.
Casos como el del capitán de corbeta Rafael Acosta, fallecido bajo custodia en 2019, o el de oficiales acusados de conspiración tras reuniones privadas, ilustraron la dimensión del aparato represivo.
Expertos en seguridad consultados por Reuters coincidieron en que esta estructura fue crucial para la supervivencia política de Maduro, especialmente en momentos de crisis económica, protestas masivas y llamados de la oposición a un levantamiento militar.
Negaciones sistemáticas y reconocimiento forzado
A pesar de la evidencia acumulada durante más de una década, el régimen cubano negó reiteradamente tener presencia militar operativa en Venezuela.
En 2019, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla rechazó “categóricamente” las acusaciones sobre militares cubanos que “entrenan, controlan o intimidan” en el país sudamericano.
Sin embargo, los propios reportes oficiales tras la muerte de los 32 efectivos en enero confirmaron que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del ministerio del Interior (MININT) formaban parte del dispositivo de seguridad vinculado al liderazgo chavista.
La contradicción fue evidente: durante años se calificó la cooperación como meramente técnica o médica, mientras los acuerdos revelados por Reuters mostraban un rediseño profundo del sistema de inteligencia venezolano bajo asesoría cubana.
Un repliegue estratégico
Ahora, bajo presión directa de la administración del presidente Donald Trump —que ha reiterado su intención de romper el eje Caracas-La Habana y ha bloqueado envíos de petróleo hacia la Isla— la presencia cubana parece reducirse en áreas sensibles.
Aunque algunos asesores militares y profesores vinculados a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) permanecen en el país, fuentes citadas por Reuters indican que la influencia de La Habana disminuye.
Analistas sostienen que Delcy Rodríguez actúa con cautela: busca consolidar su posición interna sin provocar una ruptura abrupta con un aliado histórico.
Lo que está en juego no es solo una alianza bilateral, sino la arquitectura de control que permitió al chavismo sortear conspiraciones internas durante más de una década. Si el repliegue cubano se consolida, podría alterar el equilibrio dentro de las fuerzas armadas venezolanas, abriendo la puerta a su necesaria reestructuración, además de redefinir la menguante proyección regional de La Habana.
La salida de asesores no borra el legado de los acuerdos de 2008 ni el sistema de vigilancia que ayudaron a construir. Pero sí marca el momento más delicado de una alianza que, tras años de negaciones y discursos ideológicos, enfrenta ahora una realidad geopolítica distinta y una presión internacional sin precedentes.
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