El exgobernante venezolano, Nicolás Maduro, solicitó a un juez federal de Manhattan que desestime la acusación en su contra, al alegar que el gobierno de Estados Unidos ha violado su derecho constitucional al debido proceso al bloquear los fondos destinados a pagar su defensa legal.
A través de un escrito presentado este jueves ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, su abogado, Barry Pollack, argumentó que las autoridades estadounidenses impidieron que el gobierno venezolano cubra los honorarios legales de Maduro, pese a que -según la defensa- ese financiamiento le corresponde en su condición de jefe de Estado.
“El Sr. Maduro, como jefe de Estado de Venezuela, tiene el derecho y la expectativa de que los honorarios legales asociados con estos cargos sean financiados por el gobierno de Venezuela”, escribió Pollack en los documentos judiciales, citados por la agencia AP.
En una declaración incluida en el expediente, firmada como “Nicolás Maduro Moros”, el exmandatario afirmó que, conforme a “las leyes y prácticas de Venezuela”, tiene derecho a que el Estado pague su defensa.
“He confiado en esta expectativa y no puedo costear mi propia defensa legal”, sostuvo.
Maduro aseguró además que ha estado trabajando con Pollack en su estrategia jurídica, y lo describió como “mi abogado de confianza”.
El bloqueo de fondos y el argumento constitucional
La defensa sostiene que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro y encargada de administrar las sanciones contra Venezuela, autorizó el 9 de enero el pago de los honorarios legales con fondos del gobierno venezolano.
Sin embargo, revocó esa autorización “sin explicación” menos de tres horas después.
Según Pollack, mientras sí se permitió el pago de los honorarios correspondientes a la defensa de Cilia Flores -esposa de Maduro y coacusada en el caso- en el caso del exgobernante el permiso fue bloqueado.
En su moción, el abogado fue más allá y advirtió que la actuación del gobierno estadounidense compromete la legitimidad de cualquier eventual proceso judicial.
“La conducta del gobierno de Estados Unidos no solo socava los derechos del Sr. Maduro, sino también el mandato de este Tribunal de brindar un juicio justo a todos los acusados que comparecen ante él, de conformidad con las protecciones que otorga la Constitución de Estados Unidos”, escribió.
Añadió que, aunque Washington “autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela”, impide que los abogados reciban “fondos no contaminados” destinados a la defensa.
“Cualquier juicio que proceda en estas circunstancias incurrirá en vicios constitucionales y no podrá resultar en un veredicto que resista una impugnación posterior”, afirmó.
Pollack advirtió además que, si el juez decide mantener los cargos y no se resuelve el problema del financiamiento, solicitará retirarse del caso para que el tribunal designe un abogado de oficio.
Los cargos: Narcoterrorismo y cadena perpetua
Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, permanecen detenidos en una cárcel federal de Brooklyn desde su traslado a Estados Unidos tras su captura el 3 de enero en Caracas, durante un operativo militar estadounidense.
Ambos se declararon inocentes en su primera comparecencia ante la justicia federal y se definieron como “prisioneros de guerra”.
Maduro afirmó entonces que sigue siendo “el presidente constitucional de Venezuela”.
La acusación formal, de 25 páginas, les imputa cuatro cargos principales: conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra.
Según el documento judicial, Maduro y su esposa habrían colaborado con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a territorio estadounidense.
La acusación también sostiene que, como parte de la supuesta conspiración, ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra personas vinculadas al narcotráfico, incluido el homicidio de un jefe de la droga en Caracas.
La estrategia jurídica de Maduro incluye también la intención de impugnar la legalidad de su detención bajo el argumento de inmunidad soberana, una tesis similar a la planteada por el exgeneral panameño Manuel Noriega tras su captura en 1990.
En aquel caso, los tribunales estadounidenses rechazaron el alegato y Noriega fue condenado a 17 años de prisión.
De ser declarados culpables, ambos enfrentarían cadena perpetua.
Visita consular y condiciones de detención
Documentos judiciales divulgados recientemente revelaron que el 30 de enero de 2026 Maduro y Flores recibieron una visita consular en el centro de detención federal donde permanecen recluidos.No se han divulgado detalles sobre la identidad del funcionario ni la duración del encuentro.
La próxima audiencia, inicialmente fijada para el 17 de marzo, fue aplazada para el 26 de marzo a las 11:00 a.m., luego de que la Fiscalía solicitara más tiempo para revisar pruebas y preparar mociones previas al juicio. El juez aceptó la petición “en interés de la justicia”.
El caso se perfila como uno de los procesos más relevantes contra un exgobernante latinoamericano en tribunales federales estadounidenses, mientras la defensa intenta frenar el juicio alegando que, sin acceso a los fondos para pagar a su abogado, no existen garantías constitucionales suficientes para continuar.
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