Un video difundido por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) mostró a ciudadanos panameños repartiendo alimentos y otros insumos a personas vulnerables en Matanzas, en imágenes que contrastan con la versión oficial del régimen cubano sobre su detención.
En las grabaciones, identificadas como realizadas en febrero de 2026, se observa a decenas de personas congregadas en barrios humildes tras conocer que se estaban distribuyendo donaciones.
Ancianos, madres con niños y vecinos se acercan a rejas y portones para recibir bolsas de alimentos. Según el activista Magdiel Jorge Castro –en un mensaje que acompañó el material audiovisual-, “cuando se supo en todo el pueblo que los panameños estaban donando alimentos, muchas personas acudieron pidiendo ayuda”.
El opositor cubano José Daniel Ferrer afirmó que el grupo había comenzado sus preparativos desde principios de febrero. Según explicó en un post de redes sociales, viajaron a Cuba con ayuda humanitaria destinada a presos políticos, sus familiares, activistas de la oposición pacífica y personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con su versión, además de alimentos, llevaban medicamentos y otros productos esenciales. También tenían la intención de expresar solidaridad con activistas encarcelados en los últimos meses, acusados de realizar grafitis a favor de la libertad y contra el sistema político cubano.
Ferrer sostuvo que parte del grupo planeaba colocar pegatinas e impresos en distintos puntos de La Habana y otras provincias, como gesto de apoyo a quienes —según afirma— han sido encarcelados por manifestaciones similares.
El recorrido inicial contemplaba trasladar ayuda desde la capital hasta Santiago de Cuba, pero debido a múltiples solicitudes urgentes de asistencia, especialmente en Pedro Betancourt (Matanzas) y otras localidades, modificaron la ruta.
Detenciones y versiones contrapuestas
Según el ministerio del Interior (MININT), diez ciudadanos panameños fueron detenidos el 28 de febrero de 2026 por presuntos actos de propaganda contra el orden constitucional, delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal.
Las autoridades del régimen aseguraron que ingresaron al país con el propósito de confeccionar y colocar letreros “subversivos”, y que recibirían entre 1,000 y 1,500 dólares al regresar a Panamá. También afirmaron que los detenidos reconocieron inicialmente su participación en los hechos, aunque no han presentado públicamente pruebas materiales.
Ferrer ofreció una versión diferente. Señaló que el grupo estaba integrado originalmente por 16 personas. Seis de ellas, encargadas de la distribución de alimentos, habrían salido del país tras conocer que la policía los buscaba. Los otros diez comenzaron a realizar los grafitis y terminaron detenidos.
El activista denunció que los arrestados se encuentran en un centro de detención y advirtió sobre posibles presiones para que se autoincriminen. “La tiranía miente”, afirmó en redes sociales.
Entre los nombres divulgados se encuentra el de Abigail Stephany Gudiño Castro, identificada como una de las detenidas. Ferrer anunció que publicaría los nombres y fotografías del resto del grupo.
Asimismo, informó que Boris Betancourt, líder de la Organización Camino a la Democracia de Cuba, inició una huelga de hambre exigiendo la liberación de los diez panameños. También indicó que periodistas interesados pueden contactar con la representante del grupo en Panamá, Katerine Torres, para obtener más información.
Contexto político y tensión creciente
El caso se produce en un contexto de fuerte crisis económica y escasez generalizada en Cuba, donde iniciativas independientes de ayuda humanitaria suelen ser vigiladas y, en ocasiones, obstaculizadas por las autoridades.
Mientras el régimen totalitario sostiene que se trató de una operación con fines políticos coordinados desde el exterior, la oposición insiste en que el viaje tuvo un componente solidario y humanitario, aunque reconoce que algunos integrantes pretendían realizar acciones simbólicas de protesta.
Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si los detenidos cuentan con representación legal independiente ni si han tenido acceso pleno a asistencia consular panameña.
El desarrollo de la investigación y la posible reacción diplomática de Panamá serán determinantes en los próximos días para esclarecer el alcance real de los hechos y el futuro de los ciudadanos detenidos.
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