El gobierno cubano intensificó sus acusaciones contra la administración Trump al afirmar que Washington mantiene una política de tolerancia e impunidad hacia grupos que planifican acciones violentas contra la isla, en un comentario televisivo difundido en los días previos a este martes.
"En la actual administración estadounidense existe tolerancia e impunidad ante el actuar de quienes planifican organizaciones violentas y terroristas contra Cuba", sostuvo el comentarista oficial, quien enumeró siete puntos que, según La Habana, caracterizan la relación bilateral: recrudecimiento del embargo económico, presiones a la colaboración médica, ataques al turismo, suspensión de remesas, tolerancia ante infiltraciones armadas, campaña mediática desestabilizadora y narrativas de confusión dirigidas a la población cubana.
El caso más reciente que sustenta la acusación oficial es el intento de infiltración armada del 25 de febrero, cuando las Tropas Guardafronteras interceptaron una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) en aguas cercanas a Cayo Falcones, provincia de Villa Clara. La embarcación transportaba a 10 ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos, armados con fusiles tipo AR-15, un fusil Delta, una escopeta Winchester, 11 pistolas, 134 cargadores y 12.846 municiones de distintos calibres, además de explosivos y chalecos antibalas.
En el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del grupo —identificados como Michel Ortega Casanova, Pavel Alling Peña, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa— y seis fueron detenidos, acusados formalmente de terrorismo por la Fiscalía en Villa Clara. El régimen señala como autora intelectual a Maritza Lugo Fernández, residente en Estados Unidos y vinculada al movimiento 30 de Noviembre.
"El más reciente ejemplo, la incursión de una lancha y la pretensión de un grupo de terroristas de infiltrarse apretados de armas de alto calibre y precisión, explosivos y abundante parque militar para realizar atentados", afirmó el comentarista oficial.
El segundo incidente citado por el régimen involucra a 10 ciudadanos panameños detenidos en La Habana el 28 de febrero, acusados de propaganda contra el orden constitucional por pintar carteles con mensajes como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer". El MININT aseguró que cada participante recibiría entre 1.000 y 1.500 dólares al regresar a Panamá. Sin embargo, un video difundido por opositores muestra a los panameños entregando comida a necesitados, contradiciendo la versión oficial. El líder opositor José Daniel Ferrer rechazó públicamente la narrativa del MININT.
El gobierno de Panamá confirmó las detenciones y activó canales diplomáticos: el canciller Javier Martínez-Acha habló con Bruno Rodríguez, y el embajador Edwin Pitty se reunió con los detenidos el pasado sábado en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado.
Todo esto ocurre en el marco de la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, que declaró emergencia nacional por Cuba e impuso sanciones secundarias a países y empresas que suministren petróleo a la isla. La crisis energética resultante ha generado apagones de hasta 15 horas diarias en La Habana y el colapso del Sistema Eléctrico Nacional.
El comentarista oficial resumió la postura del régimen con una frase que apela al ideario independentista: "Plan contra plan, diría Martí", al tiempo que acusó a Washington de "agresividad, culparnos de lo que ellos provocan, manipulación sobre el supuesto diálogo al que estamos dispuestos con transparencia y en condición de iguales".
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