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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este martes una denuncia contra el gobierno de Estados Unidos, al que acusó de ejercer feroz presión y chantaje sobre países de América Latina para que expulsen las brigadas médicas cubanas, reconociendo abiertamente que el objetivo de Washington es "seguir cortando fuentes de ingresos de nuestra economía".
El mensaje del ministro de Relaciones Exteriores, publicado en sus redes sociales, llega tras una cascada de cancelaciones de contratos con brigadas médicas cubanas en la región durante los primeros meses de 2026.
Honduras no renovó su convenio al vencer el 25 de febrero, con la salida de unos 172 profesionales. Guatemala puso fin en febrero a un acuerdo vigente desde 1998, retirando a 412 trabajadores, incluidos 333 médicos.
Jamaica notificó el 4 de marzo la rescisión unilateral de su pacto —vigente desde 1976— y Cuba retiró su brigada de 277 profesionales el 6 de marzo. Guyana también retiró a más de 200 médicos cubanos tras 50 años de cooperación.
"No sólo pretenden golpear el programa humanista y solidario creado por Cuba y Fidel, y seguir cortando fuentes de ingresos de nuestra economía. Castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región, que durante décadas han recibido la atención médica cubana. A cambio prometen recursos que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones", escribió Rodríguez Parrilla.
La declaración del canciller resulta reveladora: al invocar las "fuentes de ingresos" del régimen, admite implícitamente lo que La Habana siempre ha intentado disfrazar de solidaridad humanitaria.
Las misiones médicas son, en la práctica, el principal negocio de exportación de la dictadura cubana. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), generaron 4.882 millones de dólares en 2022, y el Departamento de Estado de EE. UU. estima que aportan entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales a las arcas del régimen.
El modelo de negocio es el que ha motivado las acusaciones internacionales: el Estado cubano cobra íntegramente los contratos y retiene entre el 70% y el 85% del salario de los médicos.
A ello se suman la confiscación de pasaportes, la vigilancia constante y la amenaza de prohibición de regreso a Cuba por ocho años para quienes abandonen la misión.
El Parlamento Europeo ha calificado estas condiciones de "esclavitud moderna". El funcionario estadounidense Jeremy Lewin fue aún más directo este mes al describirlas como "uno de los peores ejemplos de esclavitud moderna".
La ofensiva diplomática de Washington contra las brigadas se intensificó con la llegada de Marco Rubio como secretario de Estado en enero de 2025. Rubio impulsó restricciones de visado a funcionarios de países que mantuvieran contratos con Cuba y extendió las sanciones progresivamente a Brasil, países africanos, Granada, Honduras y Guatemala.
En agosto de 2025, las medidas alcanzaron también a exdirectivos de la Organización Panamericana de la Salud por su vínculo con el programa brasileño Mais Médicos.
Las cancelaciones se producen en el peor momento para la economía cubana: el PIB se ha contraído un 11% en cinco años, con apagones masivos y escasez generalizada de combustible, alimentos y medicamentos.
En 2025, Cuba contaba con más de 24.000 trabajadores de salud desplegados en 56 países, un esquema que el régimen necesita desesperadamente para sostener sus finanzas mientras la crisis interna se agrava sin freno.
El entramado empresarial detrás del negocio médico cubano
Lejos de la narrativa oficial de “solidaridad”, la exportación de servicios médicos funciona como un sistema empresarial altamente centralizado, donde empresas estatales operan como intermediarias y canalizan miles de millones de dólares hacia las estructuras de poder del régimen.
Una de las piezas clave es la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC S.A.), encargada de firmar contratos con gobiernos extranjeros y formalizar el envío de personal sanitario.
Sin embargo, en países como Angola emerge con mayor claridad el papel de Antillana Exportadora S.A. (ANTEX), una empresa vinculada directamente al conglomerado militar GAESA.
Investigaciones y testimonios publicados por medios independientes revelan que ANTEX no solo gestiona la logística de las misiones, sino que controla los pagos, retiene salarios y administra las cuentas donde se deposita el dinero generado por los médicos.
En este esquema, países receptores llegan a pagar hasta 5.000 dólares mensuales por profesional, pero los trabajadores reciben apenas una fracción —entre 100 y 200 dólares en efectivo— mientras el resto queda bajo control estatal.
Documentos filtrados han expuesto además un sistema de control que incluye la retención de pasaportes, restricciones de movimiento y exigencias de lealtad política, condiciones que organismos internacionales y expertos han equiparado con trabajo forzoso.
El vínculo con GAESA resulta determinante: esta corporación militar, que domina amplios sectores de la economía cubana, ha recibido cientos de millones de dólares procedentes de estos contratos, consolidando su papel como eje financiero del régimen.
En los últimos meses, sin embargo, este modelo ha comenzado a mostrar fisuras. Denuncias de médicos en África, recortes de pagos y hasta demandas contra ANTEX por “robo” de salarios reflejan un creciente nivel de conflicto interno.
Paralelamente, algunos países han optado por contratar directamente a los profesionales cubanos, evitando la intermediación estatal y debilitando el control del régimen sobre estos ingresos.
Este contexto ayuda a entender por qué La Habana considera las misiones médicas una “fuente de ingresos” estratégica: no se trata solo de cooperación sanitaria, sino de uno de los pilares económicos que sostienen al sistema en medio de su peor crisis en décadas.
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