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Dentro de un estrecho contenedor metálico de apenas seis metros de largo por poco más de dos de ancho, en la zona de West Bay, en Islas Caimán, una familia cubana intenta sostener la esperanza en medio de la incertidumbre.
Allí viven Richard Hernández y Mailemy Hernández Marchena junto a sus dos hijos: un niño de tres años con autismo y una bebé recién nacida.
Su mayor temor no es la precariedad actual, sino la posibilidad de ser devueltos a Cuba.
“Tengo más miedo por él que por mí misma. Si volvemos atrás, no mejorará. Empeorará”, dijo en declaraciones a Cayman Compass, Mailemy.
Un hogar improvisado y una lucha diaria
El espacio donde residen fue habilitado por el gobierno local, pero las condiciones distan de ser suficientes.
Aun así, la familia ha tratado de adaptarlo: en el pequeño patio han domesticado gallinas salvajes y sembrado árboles frutales para complementar su alimentación.
Amigos han ayudado a pintar las paredes y mejorar el aislamiento, mientras una iglesia local les suministra pañales y artículos básicos.
En ocasiones, también reciben comida de un restaurante cercano cuyos dueños los consideran parte de su familia.
Pero la solidaridad no compensa la escasez.
La ayuda gubernamental, que según la pareja oscila entre 260 y 300 dólares mensuales, apenas alcanza para sobrevivir. Solo la leche de fórmula de la bebé cuesta 45 dólares cada 15 días. A eso se suman pañales, toallitas húmedas y otros gastos esenciales.
La situación es aún más crítica por las necesidades del niño. Diagnosticado con autismo, su dieta es extremadamente limitada: solo consume leche y yogur, y de marcas específicas.
“Cada dos días, son unos 25 dólares. Eso es todo lo que come”, explica Richard.
El diagnóstico que cambió todo
Mailemy recuerda con claridad el momento en que notó que algo no estaba bien.
“Era un bebé normal. Comía de todo. Decía ‘mamá’, ‘papá’. Y de repente, nada”, explicó.
El niño dejó de hablar, dejó de aceptar la mayoría de los alimentos y comenzó a mostrar conductas repetitivas: caminar de puntillas, agitar las manos, correr sin parar.
“Sabía que algo andaba mal. Tenía que buscar ayuda”.
En Islas Caimán, esa ayuda llegó. El menor recibe terapia semanal subvencionada por el gobierno, un apoyo que la madre considera vital.
En Cuba, en cambio, teme que no tendría acceso a ese tipo de atención especializada, especialmente en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, marcada por escasez de alimentos, medicinas, apagones prolongados y deterioro del sistema de salud.
De una travesía extrema al limbo legal
La historia de esta familia comenzó a tomar un rumbo incierto en abril de 2022, cuando salieron de Cuba en una travesía en balsa que duró 15 días y que, según relatan, casi les cuesta la vida.
Tras ser rescatados, Mailemy descubrió en el hospital que estaba embarazada. Ese hecho, lejos de aliviar la situación, incrementó su angustia ante un posible retorno.
La pareja asegura que su salida de la isla estuvo motivada por presiones políticas relacionadas con el hijo adulto de Richard, un oficial militar cercano al presidente Miguel Díaz-Canel que desertó en 2021.
Al llegar a Islas Caimán, permanecieron alrededor de 30 días detenidos en un centro de inmigración antes de ser trasladados a un albergue.
Posteriormente, gracias a la ayuda de amigos, vivieron en una casa durante nueve meses, hasta después del nacimiento de la bebé.
Luego fueron reubicados en el contenedor donde residen actualmente.
Asilo denegado y sin recursos legales
Ambos solicitaron asilo en 2022, pero su petición fue rechazada tanto en primera instancia como en apelación en 2023.
Intentaron continuar el proceso judicial, pero enfrentaron obstáculos significativos.
Según relatan, no contaban con representación legal gratuita y debieron asistir solos a su primera audiencia. Más tarde, amigos lograron recaudar unos 8,000 dólares para contratar un abogado.
Aun así, el proceso no prosperó. La familia asegura que no fue informada a tiempo sobre la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Superior, cuyo plazo de 14 días ya había expirado cuando conocieron esa opción.
Las autoridades de Aduanas y Control Fronterizo de Islas Caimán, por su parte, han indicado que no pueden comentar casos individuales, pero sostienen que todas las solicitudes se evalúan conforme a la ley y a las obligaciones internacionales, incluyendo consideraciones humanitarias.
Sin derecho a trabajar
Uno de los mayores obstáculos que enfrentan es la imposibilidad de generar ingresos. Según la legislación local, los solicitantes de asilo no pueden trabajar, lo que los obliga a depender de ayudas y donaciones.
“No queremos depender de nadie. Queremos trabajar. Queremos vivir”, afirma Richard.
En Cuba, él trabajó como albañil y luego como inspector de la compañía eléctrica, pero asegura que la presión política lo obligó a abandonar su empleo.
Un futuro en suspenso
Hoy, la familia permanece en un limbo legal. La repatriación no se ha concretado debido a problemas de documentación relacionados con sus hijos, lo que ha retrasado cualquier decisión definitiva.
Mientras tanto, viven con la incertidumbre constante de ser enviados de regreso a un país donde, según temen, su hijo no recibirá la atención que necesita.
Las autoridades aseguran que se tienen en cuenta factores humanitarios, especialmente en casos que involucran a menores o personas con necesidades médicas.
También afirman respetar el principio de no devolución, que impide enviar a alguien a un lugar donde pueda enfrentar persecución o daños graves.
Pero para Mailemy y Richard, esas garantías no disipan el miedo.
Su petición es simple y urgente: “Déjennos quedarnos. Permítannos permanecer juntos. Dejen que mis hijos tengan un futuro”.
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