Una directiva secreta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) distribuida entre cientos de agencias policiales de Florida y Texas está generando alarma entre defensores de derechos civiles, abogados y periodistas, al restringir el acceso público a información sobre operativos migratorios y arrestos vinculados al programa federal 287(g).
El documento, revelado por la periodista Monique O. Madan en colaboración con The Florida Trib y el boletín investigativo Two Can Be True, fue enviado por correo electrónico entre el 19 de abril y el 5 de mayo a departamentos de policía y oficinas de sheriff que colaboran con ICE.
La medida supone un choque frontal con una de las tradiciones legales más arraigadas de Florida: la llamada Sunshine Law, que desde 1909 presume públicos los registros gubernamentales salvo excepciones específicas.
¿Qué establece la nueva directiva de ICE?
El memorando indica que toda «información obtenida o desarrollada» bajo el programa 287(g) —incluyendo arrestos, reportes y documentos elaborados por policías locales— queda «bajo el control de ICE» y no puede divulgarse sin autorización federal previa.
La instrucción también ordena consultar inmediatamente con la oficina FOIA de ICE antes de responder solicitudes de acceso público, entrevistas de prensa, comunicados, publicaciones en redes sociales o acompañamientos a medios.
«Si su agencia recibe solicitudes FOIA, Sunshine Law u otras similares... debe consultar inmediatamente con la oficina FOIA de ICE o con su Director de Oficina de Campo local», señala el documento.
ICE rechazó múltiples solicitudes de comentarios y hasta el momento no ha anunciado públicamente la directiva.
Varios departamentos del sur de Florida confirmaron haber recibido el memo, aunque inicialmente se negaron incluso a entregar copia del propio documento mientras esperaban autorización federal.
¿Por qué preocupa tanto esta medida?
El principal temor es que las agencias locales comiencen a negar o retrasar sistemáticamente información sobre arrestos migratorios, colaboración con ICE y operativos policiales.
En la práctica, expertos advierten que esto podría impedir conocer cuántas personas son detenidas, bajo qué circunstancias, qué delitos se les imputan —si es que existen cargos— y cómo se desarrollan los procedimientos.
John Sandweg, exdirector interino de ICE, cuestionó duramente la medida.
«El público tiene derecho a saber quiénes son arrestados, cómo son arrestados, cuántas personas son arrestadas», afirmó. «No puedes privar al público de esa oportunidad de emitir su propio juicio ocultando datos o restringiendo el acceso a datos».
Sandweg calificó la política de «inusual» y dijo no encontrar «ninguna razón operativa» que justifique mantener esos registros en secreto.
El choque con la Sunshine Law de Florida
Florida posee una de las leyes de transparencia más fuertes de Estados Unidos. La Sunshine Law obliga a las agencias públicas a entregar registros oficiales salvo que exista una excepción legal específica.
En 1990, además, los votantes reforzaron ese principio mediante una enmienda constitucional.
Por ello, especialistas legales consideran dudoso que una directiva federal pueda invalidar obligaciones estatales de acceso a información pública.
Adam Marshall, director nacional de litigios del Reporters Committee for Freedom of the Press, fue categórico:
«La regla general es que las entidades estatales no pueden contratar para eludir sus obligaciones bajo las leyes estatales de registros públicos».
Añadió que si una agencia local se niega a entregar documentos únicamente porque ICE así lo ordena, probablemente no superaría un escrutinio judicial.
Marshall advirtió además que las consecuencias legales y económicas recaerían sobre las agencias locales y los contribuyentes, quienes podrían terminar pagando litigios por violaciones a la ley de transparencia.
Sweetwater y el temor a represalias federales
Uno de los casos más reveladores ocurrió en Sweetwater, municipio del sur de Florida donde el abogado de la ciudad, Ralph Ventura, instruyó al personal a no discutir públicamente asuntos relacionados con 287(g) sin aprobación de ICE.
«Tenemos cobertura… Llámame cuando tengas dudas», escribió Ventura en comunicaciones internas.
El funcionario citó una disposición legal estatal relacionada con inteligencia criminal, aunque expertos señalan que dicha norma no aplica a la mayoría de los registros migratorios cubiertos por el programa 287(g).
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g) permite que policías locales certificados actúen como agentes migratorios federales en determinadas circunstancias.
Florida se ha convertido en uno de los principales bastiones de esa colaboración. Según cifras citadas en la investigación, el estado concentra 345 acuerdos activos con ICE, solo superado por Texas.
Además, Florida es actualmente el único estado donde todos los alguaciles de condado colaboran activamente con ICE, impulsados por la política migratoria promovida desde 2025 por el gobernador Ron DeSantis.
En algunos departamentos el crecimiento ha sido explosivo. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade pasó de alrededor de 100 agentes certificados a 971 en menos de cuatro meses.
Más detenciones y más temor entre inmigrantes
El endurecimiento migratorio coincide con un incremento significativo de arrestos en Florida.
La oficina de ICE en Miami lidera actualmente las detenciones migratorias en Estados Unidos, con un promedio de unas 120 capturas diarias y más de 41,000 arrestos desde enero de 2025.
En paralelo, organizaciones de derechos civiles denuncian abusos, arrestos sin debido proceso y creciente opacidad.
Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de Sanctuary of the South, aseguró que la falta de transparencia permite que proliferen actuaciones ilegales.
«Esto es tan inconstitucional como puede ser, y el cuello de botella de información y la falta de transparencia solo permiten que estos actos inconstitucionales proliferen», afirmó.
Blankenship sostuvo que su organización representa a inmigrantes detenidos «sin debido proceso, nunca acusados y sin rastro documental».
Según datos federales citados en la investigación, al menos 29 personas han muerto bajo custodia de ICE desde octubre, la cifra más alta registrada en un solo año fiscal.
¿Qué significa esto para las comunidades inmigrantes?
Para muchos inmigrantes, especialmente indocumentados, la nueva política incrementa el miedo y la sensación de vulnerabilidad.
«Me hace sentir más invisible. Más vulnerable, como si pudiera desaparecer entre las grietas y nadie lo sabría jamás», dijo «Carla», una inmigrante sudamericana del sur de Florida cuyo nombre real fue ocultado por razones de seguridad.
Abogados y activistas afirman que cada vez más familias están preparando documentos de tutela y testamentos ante el temor de detenciones o deportaciones repentinas.
El contexto también incluye la expansión de centros de detención en Florida, entre ellos el polémico proyecto conocido como «Alligator Alcatraz», impulsado en 2025.
Transparencia bajo presión
La polémica no solo gira en torno al acceso a documentos, sino también al costo de obtenerlos.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade llegó a estimar en 48,394 dólares el costo de una solicitud de registros públicos relacionada con el aumento de agentes certificados por ICE, una cifra que en la práctica bloqueaba el acceso a la información.
Para defensores de transparencia gubernamental, la situación refleja una estrategia deliberada para limitar el escrutinio público.
«Las leyes de transparencia gubernamental existen para eliminar la discrecionalidad de los funcionarios sobre qué es público y qué no», concluyó Marshall. «Cualquier cosa que intente alterar eso es indignante».
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.