Washington castiga directamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue incluido finalmente este jueves en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer gobernante cubano en ejercicio sancionado directamente por Washington desde su llegada al poder en 2018.

La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bajo la Orden Ejecutiva 14404, bloquea todos los activos de Díaz-Canel bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos, bancos y empresas de EE.UU. realizar cualquier transacción con él.

La inclusión en la lista SDN implica además un fuerte aislamiento financiero internacional, ya que numerosas entidades bancarias y compañías de otros países suelen evitar operaciones con personas sancionadas por OFAC para no exponerse a sanciones secundarias o restricciones en el sistema financiero estadounidense.

Para muchos cubanos, la sanción tiene también un importante componente simbólico, al dirigirse contra el máximo responsable político del país en medio de una profunda crisis económica y social marcada por apagones, escasez de alimentos y medicinas, inflación y deterioro de los servicios básicos.

La medida refuerza además las denuncias sobre los privilegios de la élite gobernante frente a las dificultades cotidianas de la población. Mientras millones de cubanos enfrentan carencias y una pérdida constante de su poder adquisitivo, Díaz-Canel y el círculo más cercano al poder han sido objeto de críticas por mantener un estilo de vida asociado a comodidades, acceso a recursos exclusivos y frecuentes desplazamientos, en marcado contraste con las condiciones que vive la mayoría de los ciudadanos.

Junto al gobernante, fueron designadas cuatro personas de su entorno más cercano: su esposa, Lis Cuesta Peraza (nacida en Holguín, el 28 de marzo de 1971); su hijastro, Manuel Anido Cuesta (residente en Madrid), quien habría actuado como representante informal de Díaz-Canel en viajes internacionales; Alejandro Castro Espín, alias «El Tuerto», hijo de Raúl Castro; y el hijo de este último, Raúl Alejandro Castro Calis.

La inclusión de Alejandro Castro Espín tiene un peso político particular: fue el principal negociador cubano en las conversaciones secretas con la administración Obama que llevaron al deshielo diplomático de 2015. Su sanción indica que Washington ha optado por un interlocutor distinto para cualquier contacto con La Habana.

Además de los individuos, OFAC designó cinco entidades: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes Amistur Cuba S.A. —vinculada al ICAP— y la empresa minera Minera La Victoria S.A., con sede en el Centro de Negocios Miramar de La Habana.

Los CDR e ICAP, dos organizaciones históricas del régimen, fueron fundados en 1960. Los primeros como red vecinal de vigilancia y control social; el segundo como plataforma de influencia exterior vinculada a la inteligencia cubana.

Esta es la tercera oleada de sanciones bajo la EO14404 en menos de un mes. La primera, el 7 de mayo, apuntó al conglomerado militar GAESA y su presidenta ejecutiva. La segunda, el 18 de mayo, sancionó a nueve altos funcionarios y a la Dirección de Inteligencia, el MININT y la Policía Nacional Revolucionaria.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó las medidas con dureza: «Estas sanciones apuntan a la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian».

Rubio acusó además a La Habana de servir como «base de operaciones para la guerra irregular global contra los intereses de EE.UU., reclutando, entrenando y equipando a militantes de izquierda violentos en nuestra región».

El día anterior, ante el Congreso, el secretario de Estado dejó abierta la puerta a una salida negociada, aunque con escepticismo: «Hay claramente individuos dentro del aparato del poder en ese país que entienden que lo que tienen ahora no es sostenible y que necesita arreglarse. ¿Pero tienen poder? No lo tienen».

Desde enero de 2026, la campaña de presión máxima de Washington acumula más de 240 nuevas sanciones contra Cuba, la ofensiva más intensa contra el régimen en décadas. Las designaciones de este jueves se producen un día antes del vencimiento del plazo dado a empresas extranjeras para cerrar operaciones con GAESA, fijado para el 5 de junio.