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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió este jueves a la lista de Nacionales Especialmente Designados a Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su esposa Lis Cuesta Peraza, Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro— y al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), en una nueva oleada de sanciones contra el núcleo del poder en Cuba.
Es la primera vez que Díaz-Canel y Cuesta Peraza aparecen directamente en la lista SDN, que bloquea todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos, bancos y empresas de EE.UU. realizar cualquier transacción con los designados.
Las sanciones también alcanzan a Manuel Anido Cuesta, hijastro y asesor de Díaz-Canel, radicado recientemente en Madrid y señalado por actuar como representante informal del gobernante en diversos viajes internacionales.
En 2023, Anido Cuesta viajó a Emiratos Árabes Unidos junto a Díaz-Canel, su madre y la delegación oficial cubana. Licenciado en Derecho, se ha vuelto una presencia recurrente en las giras internacionales del gobernante. Pese a no desempeñar una función institucional claramente identificada, suele integrar las comitivas oficiales costeadas por el erario público.
La lista incluye además a Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Alejandro Castro Espín y nieto de Raúl Castro.
Entre las entidades designadas figuran también los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), su agencia de viajes Amistur Cuba S.A., y la empresa minera Minera La Victoria S.A., entidad mixta de extracción de oro creada junto a la australiana Antilles Gold Ltd y la estatal cubana Geominera S.A.
El secretario de Estado Marco Rubio justificó las medidas en un comunicado: «Estas sanciones apuntan a la amplia y violenta red de acción radical del régimen cubano y a los actores que la implementan y la financian».
Rubio acusó además a La Habana de haber servido como «base de operaciones para la guerra irregular global contra los intereses de EE.UU., reclutando, entrenando y equipando a militantes de izquierda violentos en nuestra región —incluidos grupos terroristas marxistas en Estados Unidos— con el objetivo final de socavar la seguridad nacional de EE.UU.»
La inclusión de Alejandro Castro Espín, conocido como «El Tuerto», tiene un peso político particular: fue el principal negociador cubano en las conversaciones secretas con la administración Obama que llevaron al restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2015.
Su designación indica que la administración Trump lo considera ahora un obstáculo, y ha optado por un interlocutor distinto: el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
La designación del MINFAR es igualmente significativa, dado que el aparato militar cubano controla una parte sustancial de la economía de la isla a través de estructuras como GAESA.
Estas sanciones se derivan de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo, que amplió las medidas a los sectores de energía, defensa, minería y finanzas, y autorizó sanciones secundarias contra empresas y bancos extranjeros que operen en esos sectores en Cuba.
Las medidas de este jueves son la tercera oleada en menos de un mes.
El 7 de mayo, Washington sancionó al conglomerado militar GAESA y a su presidenta ejecutiva, la general Ania Guillermina Lastres Morera.
Antes, el 18 de mayo, una segunda oleada sancionó a 11 altos funcionarios y tres entidades, incluyendo la Dirección de Inteligencia, el MININT y la Policía Nacional Revolucionaria.
El día anterior a las nuevas sanciones, Rubio compareció ante el Congreso y afirmó que EE.UU. estaba abierto «a una situación negociada que ponga a Cuba en un camino hacia la democracia, la prosperidad, la libertad, la normalidad», pero reconoció que era difícil encontrar a alguien dispuesto a liderarlo: «Hay claramente individuos dentro del aparato del poder en ese país que entienden que lo que tienen ahora no es sostenible y que necesita arreglarse. ¿Pero tienen poder? No lo tienen».
Hasta ahora, los dirigentes cubanos no han mostrado disposición a hacer concesiones políticas, y el régimen ha respondido a cada oleada de sanciones con declaraciones de resistencia.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de Estados Unidos al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quiénes fueron sancionados por Estados Unidos en Cuba?
Estados Unidos sancionó a Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, Alejandro Castro Espín y al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba (MINFAR). También fueron sancionados Manuel Anido Cuesta, Raúl Alejandro Castro Calis, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., y la empresa minera Minera La Victoria S.A.
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¿Cuál es el impacto de las sanciones de Estados Unidos en el régimen cubano?
Las sanciones bloquean todos los activos bajo jurisdicción estadounidense de los sancionados y prohíben transacciones con ciudadanos, bancos y empresas de EE.UU. Esto afecta significativamente las finanzas del régimen cubano, especialmente al aparato militar que controla una parte sustancial de la economía de la isla. Además, las sanciones pueden provocar la retirada de empresas extranjeras y afectar sectores clave como el turismo y la minería.
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¿Por qué Estados Unidos aplica sanciones al régimen cubano?
Estados Unidos justifica las sanciones como una medida contra la red de acción radical y violenta del régimen cubano y su participación en actividades que socavan la seguridad nacional de EE.UU. El secretario de Estado Marco Rubio acusó al régimen de servir como base de operaciones para la guerra irregular global, apoyando a grupos terroristas marxistas, y de tener un sistema económico cleptocrático que enriquece a sus élites a expensas del pueblo cubano.
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¿Qué consecuencias económicas tienen las sanciones para Cuba?
Las sanciones han exacerbado la crisis económica de Cuba, con apagones de hasta 25 horas diarias y una contracción esperada del PIB entre un 6,5% y un 7,2%. Además, han provocado suspensiones de operaciones por parte de empresas extranjeras y una disminución significativa en las importaciones energéticas, afectando gravemente la infraestructura y el bienestar de la población cubana.
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