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Un juez federal anuló este lunes la tarifa de 100,000 dólares que la administración Trump había impuesto para solicitar visas H-1B, en un fallo que representa un golpe significativo a la política migratoria restrictiva del segundo mandato del presidente.
El juez de distrito, Leo Sorokin, con sede en Boston y designado por el expresidente Barack Obama, emitió una decisión de 42 páginas que anuló en su totalidad la política impuesta por la Casa Blanca en septiembre de 2025.
Sorokin determinó que la tarifa funciona como un impuesto, y que el presidente carece de autoridad para imponerla sin la aprobación del Congreso, violando además la Ley de Procedimiento Administrativo.
«El presidente no tenía poder ni autoridad delegada para imponer un impuesto sobre las peticiones H-1B», escribió el juez en su resolución.
El magistrado también citó como precedente la decisión de la Corte Suprema de febrero de 2026, que anuló los aranceles masivos de Trump, para concluir que el ejecutivo no puede imponer cargas fiscales sin autorización legislativa.
De 5,000 a 100,000 dólares: El impacto de la tarifa
Antes de la medida de Trump, las empresas pagaban entre 2,000 y 5,000 dólares para solicitar una visa H-1B.
La proclamación presidencial firmada en septiembre de 2025 elevó ese costo a más de 100,000 dólares, argumentando que el programa «ha sido deliberadamente explotado para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera de menor salario y menor cualificación».
El efecto disuasorio fue inmediato y extremo: para mediados de febrero de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) solo había recibido 85 pagos de la tarifa, según un expediente judicial de marzo de 2026.
La medida generó pánico entre empleadores, estudiantes y trabajadores, y provocó múltiples demandas judiciales en distintos circuitos del país.
¿Quiénes demandaron y qué argumentaron?
El caso fue presentado en diciembre de 2025 por una coalición de 20 fiscales generales estatales demócratas, co-liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal general de California, Rob Bonta.
Los estados argumentaron que la tarifa impedía su capacidad de contratar maestros, personal universitario, investigadores académicos y trabajadores médicos.
«Hoy un tribunal puso fin al intento ilegal de esta administración de destruir este programa crítico y los muchos empleos que hace posibles», declaró James tras conocerse el fallo.
Bonta, por su parte, calificó la tarifa de «un ataque a la capacidad de Estados Unidos para atraer y retener el talento altamente calificado que fortalece nuestra economía».
El presidente de la Asociación Médica Americana, Bobby Mukkamala, celebró la decisión como «una victoria para los pacientes», señalando que los graduados médicos internacionales son esenciales en zonas rurales y desatendidas.
La respuesta de la administración Trump
La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, anunció que la administración apelará el fallo.
«El presidente Trump tiene clara autoridad legal para restringir la entrada de cualquier clase de extranjeros que determine que no está en el mejor interés de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que hizo», afirmó Rogers.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la decisión de «activismo judicial descarado» que desmantela los esfuerzos de reforma migratoria del presidente.
Un panorama legal dividido
El fallo de Sorokin contradice una decisión previa del tribunal federal de Washington D.C., que en diciembre de 2025 había avalado la tarifa y la dejó en vigor hasta septiembre de 2026, cuando estaba programada para expirar.
Existe además una tercera demanda pendiente en San Francisco, presentada por grupos religiosos y sindicatos laborales, lo que abre la posibilidad de fallos divididos en tres circuitos de apelación distintos.
El programa H-1B otorga 65,000 visas anuales para trabajadores altamente calificados, más 20,000 adicionales para posgraduados, y es utilizado principalmente por el sector tecnológico, con casi tres cuartas partes de las aprobaciones correspondiendo a trabajadores de India.
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