ICE detiene y deporta en tres días a una madre venezolana con su bebé cubanoamericana de un año y ocho meses

Yoelí Altagracia Bracho Casanova, venezolana de 26 años, que vivía con su esposo cubanoamericano, en Jacksonville, Florida, fue detenida el pasado jueves por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una cita migratoria. En cuestión de horas la trasladaron a un centro de detención en Texas junto a su hija Rebeca Peña Bracho, de un año y ocho meses, ciudadana estadounidense por nacimiento e hija de un cubanoamericano.

El padre de la niña, Samuel Peña, y su abuela materna, Yosvania Fajardo, ambos cubanos con ciudadanía estadounidense, relataron el caso en una entrevista con Tania Costa en la que describieron cómo ICE se negó a recibir los documentos legales que el abogado de la familia intentó presentar para frenar la deportación.

Según Samuel Peña, el abogado acudió a la cita con un «stay of removal» —una suspensión de deportación—, la solicitud de perdón por entrada irregular y la solicitud de residencia, pero los agentes rechazaron el documento, pese a que la joven tiene una I-130 aprobada.

«Cuando el abogado fue e iba a entregarle el stay of removal, no quisieron tomar el documento», explicó Peña, quien añadió que el letrado les informó que podía presentarlo al día siguiente en Orlando.

Esa misma madrugada, a las dos de la mañana, madre e hija fueron trasladadas a Texas. «Las trasladaron a las dos de la mañana, con una niña de un año y medio, o sea, fuera de la jurisdicción para sellar el documento», denunció el padre.

El abogado, según Peña, quedó consternado. «Dijo que eso nunca le había pasado a él, que eso para él era como una falta de respeto, como una cachetada, como diciendo, no importa lo que tú hagas, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos», relató Samuel, citando las palabras del letrado.

Desde el jueves hasta el domingo, la familia no tuvo ninguna comunicación con Yoelí Bracho ni con la bebé. La primera llamada llegó el domingo, desde un número sin identificador, y duró menos de cinco minutos.

Samuel Peña llegó a acudir a la oficina de ICE en busca de información porque nadie le notificaba nada y además le decían que su esposa tenía teléfono y libertad para llamarle. «¿Tú crees que si ella tuviera acceso a un teléfono no me hubiera contactado desde el jueves que está detenida?», le respondió a un oficial.

Yoelí Bracho llevaba cinco años en Estados Unidos. Entró con un parole humanitario, no tenía antecedentes penales y su petición familiar I-130 fue aprobada en 2024. El equipo del abogado describió el expediente como «el caso más completo» que había tenido.

La abuela de la niña, Yosvania Fajardo, devastada, pidió públicamente que un juez revise el caso antes de que su nuera sea deportada. Eso lo hizo, una hora antes de enterarse de que es demasiado tarde y Yoelí Bracho y su nieta están ya en Venezuela.

«Yo sé que hay alguien que tiene el poder de intervenir y hacer alguna petición para que un juez, antes de ella ser deportada y antes de subirla a ella a ese avión, quiera ver su caso, porque si yo sé que eso sucede, ese juez la va a dejar en este país», declaró Yosvanía Fajardo, cuando aún desconocía que su nuera había sido ya deportada junto a su nieta.

Fajardo también denunció un trato desigual hacia los ciudadanos naturalizados. «Siento que hay una discriminación entre los ciudadanos americanos que nacen aquí y los ciudadanos americanos que se naturalizan», afirmó.

La familia contactó a varios representantes políticos. La oficina del senador Rick Scott respondió por correo que no podía intervenir. El congresista George Robinson no había respondido al momento de la entrevista. La representante María Elvira Salazar, conocida por su trabajo en asuntos migratorios, no pudo actuar porque la familia reside fuera de su distrito.

Este caso recuerda al de Heydi Sánchez Tejeda, madre cubana deportada desde Tampa en abril de 2025 durante una cita rutinaria con ICE, dejando a su bebé con el padre ciudadano estadounidense.

El abogado advirtió que, una vez deportada, el proceso legal para que Yoelí Bracho pueda regresar a Estados Unidos podría tardar hasta 10 años. «Imagínate, 10 años sin poder verla, ver mi niña crecer, que crecen de un día para otro a esa edad», lamentó Samuel Peña.