Cinco familias venezolanas presentaron este martes una demanda civil federal en Brooklyn contra Nicolás Maduro, acusándolo de haber autorizado el asesinato de al menos 1,300 personas a manos de una fuerza policial de élite entre 2017 y 2020, en lo que representa un intento poco habitual de hacer responsable a un jefe de Estado ante la justicia estadounidense.
La acción fue interpuesta por el Centro Guernica 37, organización jurídica internacional sin fines de lucro, al amparo de la Ley de Protección a las Víctimas de Tortura de 1991, que permite presentar demandas civiles ante tribunales federales contra funcionarios extranjeros acusados de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el ejercicio de funciones oficiales.
Se trata del tercer frente judicial que Maduro enfrenta simultáneamente en suelo estadounidense, junto al proceso penal por narcoterrorismo en el Distrito Sur de Nueva York y una investigación por lavado de dinero en Miami.
Las víctimas y sus testimonios
Los demandantes son tres madres, un padre y una mujer cuyos dos hermanos murieron en operaciones policiales del régimen, según detalló el diario The New York Times.
Todos aparecen bajo seudónimos para protegerlos de represalias.
Las víctimas directas son cinco hombres jóvenes y un adolescente, presuntamente ejecutados por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en sus propias viviendas o cerca de ellas.
Los testimonios describen un patrón brutal: las fuerzas irrumpían en barrios pobres al amanecer, obligaban a hombres y niños a arrodillarse, les disparaban y luego falsificaban las escenas del crimen colocando armas o drogas junto a los cuerpos.
Jane Doe 1, cuyo hijo de 20 años fue asesinado en 2017, fue categórica: «No estoy pidiendo nada, estoy exigiendo. A mí el Estado me mató a mi hijo».
Jane Doe 3 relató que los agentes mataron a su hijo dentro de su habitación y saquearon la vivienda: «La policía se robó la PlayStation de mi nieta y tanta ropa de mi hijo que tuve que comprarle un traje para enterrarlo».
Jane Doe 2, cuyo hijo fue asesinado en 2018, explicó la motivación de las familias: «El verdadero móvil de nosotros para haber dado ese paso es la impunidad en nuestro país. Si no fuera así, no habríamos tenido que recurrir a instancias internacionales».
Las FAES y el respaldo internacional
La demanda sostiene que las FAES fueron creadas por Maduro en 2017 bajo el pretexto de combatir el crimen, pero que en la práctica funcionaron como instrumento político para suprimir el disenso y aterrorizar a vecindarios de bajos ingresos.
El documento judicial las califica directamente de «escuadrón de la muerte» o «grupo de exterminio».
Un informe de la ONU documentó que las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6,856 personas en 18 meses entre 2018 y 2019.
Para septiembre de 2020, la organización contabilizó más de 2,000 muertes solo ese año, con una edad promedio de 26 años entre los fallecidos.
Lejos de distanciarse de los abusos, Maduro las defendió públicamente en 2019, semanas después de un informe crítico de la ONU: «Todo el apoyo para el Faes, en su labor diaria de darles seguridad al pueblo. ¡Que viva el Faes!»
Las FAES fueron disueltas formalmente en 2021, pero sus integrantes fueron reasignados a otras unidades igualmente señaladas por brutalidad.
La Misión Internacional Independiente de la ONU, en su informe de diciembre de 2025, concluyó que «existen motivos razonables para creer que el Presidente, los ministros del Interior y de Defensa, y otros altos funcionarios militares y políticos pueden ser considerados responsables de ordenar o contribuir de otro modo a la comisión de los delitos documentados».
El debate sobre la inmunidad y el precedente boliviano
Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026, cuando fue capturado en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses.
En su proceso penal enfrenta cargos de narcoterrorismo por los que podría recibir cadena perpetua; su próxima audiencia fue aplazada al 22 de julio por complicaciones logísticas del Mundial de Fútbol 2026.
Los abogados de los demandantes anticipan que Maduro intentará acogerse a la inmunidad de jefe de Estado.
La abogada Almudena Bernabeu respondió: «La reclamará, pero la jurisprudencia está de nuestro lado».
Su colega Michael Reed Hurtado subrayó que «nadie está por encima de la ley».
El precedente más cercano es el del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, condenado en 2018 por un jurado en Fort Lauderdale a pagar 10 millones de dólares por ejecuciones extrajudiciales, en el primer caso de un jefe de Estado latinoamericano juzgado bajo la misma ley que ahora se aplica contra Maduro.
La demanda solicita una indemnización por daños punitivos y compensatorios sin precisar cifra específica.
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