Vecinos de las residencias Vallarta, en Playa Grande, estado La Guaira, confrontaron este martes a un inspector del CICPC que presuntamente sustraía dólares en efectivo de los apartamentos colapsados por el terremoto.
Para impedir el robo, mujeres y hombres arrebataron por la fuerza la bolsa que sostenía el agente e indignados tomaron una decisión extrema: romper los billetes con sus propias manos.
El funcionario, identificado en su credencial como «Inspector Ragnar», fue captado en video sobre los escombros sosteniendo una bolsa con lo que parecían ser billetes de $100 dólares estadounidenses.
Según las denuncias de los vecinos, el monto presuntamente sustraído ascendería a unos $10,000 dólares hallados entre los restos de los edificios derrumbados.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al inspector con uniforme táctico negro, casco, gafas y guantes, con el escudo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) visible en el pecho.
El fondo de las fotografías revela el entorno de destrucción total que caracteriza a Playa Grande tras los sismos.
Mujeres de la comunidad rompieron los billetes encontrados entre los escombros ante la imposibilidad de recuperarlos por otra vía, en un gesto que refleja la desconfianza profunda hacia las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
El incidente no es un caso aislado. Ese mismo martes, seis funcionarios del CICPC fueron detenidos en la Subdelegación San José de Barlovento, en Río Chico, municipio Páez, estado Miranda, acusados de robar materiales de viviendas afectadas por el terremoto. El 28 de junio, organismos de control policial ya habían arrestado a cinco civiles por robo en viviendas desalojadas en La Guaira.
El CICPC es el principal cuerpo de investigación criminal de Venezuela y su presencia en zonas de desastre se justifica para resguardar escenas, identificar víctimas y proteger bienes. Que sus propios inspectores sean señalados de saquear a las víctimas agrava la crisis institucional del régimen en el peor momento para la población afectada.
El contexto es de devastación sin precedentes. El doble terremoto del 24 de junio de 2026, con sismos de magnitud 7.2 y 7.5 separados por apenas 39 segundos, destruyó más de 250 edificios en La Guaira, incluidos el Hospital José María Vargas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El número de muertos por los terremotos asciende a 1,943, con 10,571 heridos según cifras oficiales, mientras la ONU maneja hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.
Los saqueos comenzaron desde los primeros días. El 25 de junio ya se documentaban robos en comercios dañados de La Guaira y Catia La Mar por parte de civiles. Lo ocurrido este martes en las residencias Vallarta representa una escalada grave: son los propios agentes del Estado quienes aprovechan su acceso privilegiado a las zonas de desastre para llevarse el dinero que las víctimas guardaban en sus hogares.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima los daños directos del terremoto en 6,700 millones de dólares, mientras datos satelitales de la NASA calculan que cerca de 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada.
La reacción de las mujeres de Playa Grande, destruyendo el dinero antes que permitir que un funcionario corrupto se lo llevara, se convirtió este martes en símbolo de la indignación de una comunidad que lo ha perdido todo y que no puede confiar ni en quienes deberían protegerla.
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