Unos 330,000 haitianos en Estados Unidos, 158,000 de ellos en Florida, enfrentan una cuenta regresiva angustiante: el 24 de julio vencen sus permisos de trabajo tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), y la amenaza de deportación se cierne sobre familias que llevan décadas construyendo su vida en el país, según un reportaje de EFE desde Miami.
El detonante fue el fallo del Tribunal Supremo del 25 de junio, que con seis votos a favor y tres en contra autorizó a la administración Trump a eliminar el programa sin posibilidad de revisión judicial, al determinar que el Departamento de Seguridad Nacional tiene discreción plena sobre esa decisión.
Desde el Centro Cultural de la Pequeña Haití de Miami, Carline Paul, maestra jubilada conocida en la comunidad como 'Teacher Carline', resume el sentir colectivo con una frase cargada de dolor: «Se olvidan de lo que hicimos por ellos. Jugamos un papel muy importante en la vida de Estados Unidos. Es despiadado, lo que está pasando es inaceptable, es inhumano. No es estadounidense».
Carline llegó a Estados Unidos a los 10 años, lleva 53 en Florida y tiene nietos con TPS.
Otra voz que emerge del mismo centro comunitario es la de Lilly, organizadora que prefiere no revelar su apellido completo por temor a represalias.
«Viviendo en ese miedo, eso hace mucho daño, hace daño mental, emocional», dice.
Lilly lleva tres años ayudando a migrantes a buscar opciones legales y confiesa que ella misma se despierta a las tres o cuatro de la madrugada con la misma pesadilla: que la detienen en la calle sin motivo. «No es porque estoy haciendo algo, pero sí porque soy yo, por el estatus», relata.
El impacto económico de una deportación masiva sería devastador para Florida. Los haitianos con TPS aportan 2,600 millones de dólares anuales a la economía del estado —1,500 millones solo en el área de Miami— y trabajan en sectores esenciales como la sanidad, el cuidado de mayores, la construcción y la hostelería, según la organización FWD.us.
Además, pagan 300 millones en impuestos federales y 306 millones en impuestos estatales y locales cada año.
Aunque el Supremo autorizó la cancelación, abogados y grupos migratorios advierten que la terminación efectiva aún depende de que concluya un proceso en un tribunal de distrito, lo que mantiene a los beneficiarios y sus empleadores en un limbo legal.
La única salida legislativa visible es el proyecto H.R. 1689, aprobado en abril por la Cámara de Representantes con 224 votos a favor y 204 en contra —con diez republicanos rompiendo filas, entre ellos los congresistas de Miami María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart—, que extendería el TPS hasta enero de 2029. Sin embargo, el proyecto permanece bloqueado en el Senado, donde el liderazgo republicano no lo ha puesto a votación.
El contexto en Haití agrava la urgencia de cualquier solución. El país registró más de 8,200 asesinatos entre enero de 2025 y marzo de 2026, según Human Rights Watch, y la coalición de pandillas 'Viv Ansanm' controla aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe, con 1,4 millones de desplazados internos y casi seis millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
El TPS para haitianos fue instaurado precisamente en 2010, tras el terremoto que devastó el país, y ha sido renovado durante más de una década.
Carline Paul no pierde la esperanza: «Tengo esperanza porque lucho y no voy a dejar de luchar. Donde hay voluntad, hay un camino». Lilly, por su parte, apela a lo más básico: «Detrás de las leyes, detrás de las políticas, somos reales, hay familias reales. Somos humanos, tenemos derecho a ser humanos con dignidad».
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