La administración de Donald Trump solicitó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en la demanda civil que la involucra ante un tribunal federal en Miami, según informó la agencia EFE este martes.
La petición fue formulada el pasado 11 de junio por Reed D. Rubinstein, asesor jurídico del Departamento de Estado, en una carta dirigida al fiscal general adjunto Brett Shumate.
En el documento, Rubinstein argumenta que Rodríguez, reconocida oficialmente por Washington como jefa de Estado de Venezuela desde el 5 de marzo, goza de inmunidad soberana frente a los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.
«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», señala la carta.
El documento también subraya «la especial importancia» que tiene para Washington el sobreseimiento del caso, dadas «las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo».
El caso en cuestión es Kenemore v. Maduro, presentado el 4 de enero de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida por tres ciudadanos estadounidenses —Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval— que fueron secuestrados y torturados en Venezuela y liberados en diciembre de 2023 en un canje de prisioneros.
La demanda, basada en la Ley Antiterrorista y la ley RICO, nombra como demandados a Nicolás Maduro, el Cartel de los Soles, Alex Saab y otros altos funcionarios del chavismo por secuestro, tortura y actos terroristas.
El 15 de julio, el juez Darrin P. Gayles emitió una sentencia en rebeldía de 314 millones de dólares contra Maduro y otros cargos chavistas, aunque Rodríguez fue excluida de ese fallo.
El lunes, el Departamento de Justicia presentó formalmente ante el tribunal una «sugerencia de inmunidad» para proteger a Rodríguez en este proceso, según reportó Efecto Cocuyo.
Esta maniobra legal se inscribe en una política de acercamiento sostenido entre Washington y Caracas tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.
Desde entonces, la administración Trump ha dado pasos concretos para blindar al gobierno de Rodríguez: reconoció formalmente su gobierno el 5 de marzo, izó la bandera estadounidense en la embajada de Caracas el 14 de marzo por primera vez en siete años, y el 1 de abril eliminó a Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC.
En mayo, además, se informó que la administración ordenó discretamente frenar investigaciones penales de la DEA contra Rodríguez, que abarcaban casi una docena de expedientes por narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de oro, aunque el Departamento de Justicia negó públicamente esa instrucción al afirmar: «Nunca hubo una investigación sobre ella que detener».
Detrás de esta estrategia hay intereses energéticos concretos: Washington y Caracas pactaron la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano hacia refinerías estadounidenses como parte de la normalización bilateral.
Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado mantiene su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática, y critica tanto la gestión de Rodríguez como su legitimidad al frente del país.
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