Las autoridades del municipio de Centro Habana cerraron 15 establecimientos privados, impusieron 363 multas, ejecutaron 11 ventas forzosas y retiraron dos licencias en una sola jornada de fiscalización, según informó el Gobierno de La Habana a través de sus redes sociales este jueves.
La Viceintendente de Economía Global Ana Regla Marrero presentó los resultados ante el Consejo de la Administración Municipal: en total, 232 actores económicos fueron inspeccionados el 13 de agosto en ese municipio capitalino.
Entre las deficiencias más frecuentes detectadas por el equipo multidisciplinario figuran la negativa a aceptar transferencias electrónicas, la fijación de precios abusivos o especulativos, la ausencia de precios visibles y los proyectos de trabajo desactualizados.
Las autoridades también señalaron como infracción el uso de códigos QR vinculados a cuentas personales en lugar de cuentas bancarias fiscales, práctica que califican directamente como «evasión fiscal».
La operación en Centro Habana se inscribe en una ofensiva de inspecciones que el régimen desplegó en agosto municipio por municipio en la capital, tras anunciar a comienzos de mes la posibilidad de cierres de hasta tres meses para negocios reincidentes.
El lunes, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ya había cerrado varios locales en Centro Habana por negarse a aceptar pagos electrónicos, entre ellos un negocio ubicado en Neptuno entre Aramburu y Soledad.
Días antes, una inspección en Plaza de la Revolución había arrojado 61 multas, siete retiros de proyectos y 25 ventas forzosas en una sola jornada, según reportó el portal oficial lahabana.gob.cu.
La campaña no se limita a la capital. El mismo jueves, en Sancti Spíritus se registraron más de 200 multas y al menos cinco cierres por violaciones de precios y uso irregular de pasarelas de pago, mientras que días antes un barbero de Cauto Cristo, en Granma, fue multado con 16,000 pesos —casi cinco salarios mínimos— por no presentar facturas de cuchillas y talco enviados desde el exterior por familiares.
El marco legal que respalda estas acciones es el Decreto-Ley 91/2024, que obliga a cuentapropistas, mipymes y cooperativas a operar con canales electrónicos y cuentas bancarias fiscales, bajo pena de multas de entre 40 y 100 cuotas, suspensión o cancelación de licencia.
A escala nacional, el IV Ejercicio Nacional de control fiscal, realizado en febrero de 2026, reportó 1,085 acciones de control, 249 millones de pesos en deudas determinadas, 174 multas por más de seis millones de pesos, 320 cierres y 11 mipymes embargadas.
Emprendedores y cuentapropistas han denunciado que los inspectores operan con cuotas de multas que deben cumplir, en un contexto de grave crisis económica donde cada sanción puede representar varios meses de ingresos para un trabajador por cuenta propia.
Preguntas frecuentes sobre las inspecciones y cierres de negocios en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos negocios fueron cerrados en Centro Habana durante la última fiscalización?
Se cerraron 15 establecimientos privados durante la jornada de fiscalización en el municipio de Centro Habana.
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¿Cuáles fueron las deficiencias más comunes detectadas en las inspecciones?
Las deficiencias más frecuentes incluyeron la negativa a aceptar transferencias electrónicas, precios abusivos o especulativos, falta de precios visibles y proyectos de trabajo desactualizados.
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¿Por qué el régimen cubano está intensificando las inspecciones a los negocios privados?
El régimen cubano está intensificando las inspecciones como parte de una ofensiva para imponer el uso de pagos electrónicos y controlar los precios, en un contexto donde busca corregir el desorden económico y combatir la evasión fiscal.
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¿Qué consecuencias enfrentan los negocios que incumplen las normativas en Cuba?
Las consecuencias incluyen multas, cierres temporales o permanentes, ventas forzosas y el retiro de licencias para aquellos negocios que reincidan en las infracciones.
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¿Cómo afecta la política de bancarización a los negocios en Cuba?
La política de bancarización afecta a los negocios privados debido a la falta de infraestructura adecuada y la renuencia de proveedores a aceptar pagos electrónicos, lo que obliga a muchos negocios a operar en efectivo.
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