Alejandro Escalona Vega, propietario de un pequeño puesto de venta de alimentos llamado Alejo, ubicado en el portal de una casa particular, denunció en un video publicado en Facebook que tres inspectoras le impusieron multas por un total de 48,000 pesos.
En un país donde el salario mínimo es de 3,210 pesos, el joven emprendedor deberá pagar 32,000 —casi 10 salarios mínimos— como titular del negocio, y su trabajador 16,000 adicionales por no tener el contrato formalizado.
Escalona grabó el momento y lo compartió en redes con una descripción que resume su indignación: «Pasaron las inspectoras para embolsillarse 32 mil pesos, más una multa de 16 a mi trabajador contratado, además jubilado. Un país que ataca a los de abajo».
En el video, una de las inspectoras explica la base legal de las sanciones: «El compañero por no tener el contrato de trabajo se notifica y al titular por emplear a una persona ilegal también se notifica».
El emprendedor respondió que en ningún documento previo le habían señalado la necesidad de modificar ese contrato, y que cada mes aparecen exigencias distintas: «Aquí se crean leyes todos los días para joder a los TCP, eso es sabido».
Escalona también cuestionó la lógica del sistema bancario que el propio régimen le impone: «Mete 100 mil pesos en la tarjeta, 100 mil pesos. Y usted lo va a sacar en tal lado, en tal banco. Mentira, no puedo sacarlo. Yo no soy un rey que tenga acceso a los lugares para sacar dinero».
Lo que el video no dice, pero salta a la vista para miles de cubanos que lo han visto, es el contraste físico entre las inspectoras —visiblemente bien alimentadas para el promedio de una población que padece escasez crónica— y la realidad de quienes las rodean. Los comentarios en redes no tardaron en señalarlo.
Una encuesta del Food Monitor Program y Cuido60 de mayo de 2026 reveló que el 33.9% de los hogares cubanos reportó que al menos un miembro se acostó sin comer durante el último año.
El caso de Escalona no es aislado. Según una investigación de elTOQUE, las multas se han convertido en un mecanismo sistemático de recaudación fiscal a costa del sector privado.
Al cierre del primer trimestre de 2025, el régimen había impuesto 425,012 multas que aportaron más de 1,000 millones de pesos al presupuesto estatal. En julio de ese año, el acumulado ascendía a más de 661,000 multas y 2,177 millones de pesos recaudados.
El incentivo estructural de esta ofensiva quedó expuesto en diciembre de 2024, cuando el gobierno anunció que pagaría «por resultados» a los inspectores, vinculando su remuneración al número y monto de sanciones impuestas.
En abril de 2026, una denuncia viral reveló que inspectores admitían multar aunque no existiera infracción real para cumplir metas internas de recaudación.
El telón de fondo es una política de precios errática que no ha resuelto nada: el régimen fijó topes a seis productos básicos en julio de 2024, los ajustó en 2025, los reimplantó en septiembre de ese año y los eliminó parcialmente en julio de 2026 mediante el Decreto 156, que retiró los topes al arroz, el pollo, los aceites y la leche en polvo. La inflación y el hambre siguen intactas.
Mientras los inspectores fiscalizan cada contrato de un jubilado en un portal de barrio, el conglomerado militar GAESA —que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo turismo, cayos, comercio y recursos naturales— opera sin auditorías independientes verificables y sin publicar estados financieros, fuera de cualquier control fiscal ordinario.
Escalona fue citado a presentarse en la oficina de la Dirección de Inspección, con un plazo de cinco días hábiles para apelar las sanciones. Su conclusión en el video anticipa el resultado: «No voy a resolver nada».
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