ICE planea equipar a sus agentes con los polémicos guantes de descargas eléctricas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos prepara la compra masiva de guantes que emiten descargas eléctricas para sus agentes de campo, en una decisión que ha desatado una fuerte controversia entre defensores de derechos civiles, expertos en uso de la fuerza y legisladores demócratas.

Según un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional el lunes en su portal de oportunidades contractuales, la agencia planea invertir entre 10 y 20 millones de dólares en los dispositivos, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E. —siglas en inglés de Emisor de Voltaje de Salida Baja Generado—, fabricados por Compliant Technologies LLC.

El DHS describió los guantes como un «Dispositivo de Distracción Conductiva y Desescalada» destinado a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y de Operaciones de Ejecución y Remoción, con entrega prevista antes del 31 de marzo de 2027.

El funcionamiento del dispositivo es sencillo pero controvertido: se trata de guantes de patrulla convencionales que, al presionar un botón, activan un modo eléctrico capaz de suministrar hasta 380 voltios directamente sobre la piel del sujeto. A diferencia de las pistolas Taser, no provocan caídas ni dejan marcas visibles. El manual del fabricante establece restricciones: no aplicar más de dos guantes simultáneamente, no usarlos por más de 15 segundos en la mayoría de los casos, y evitar su empleo en embarazadas, ancianos, menores y personas con discapacidades graves.

Tom Homan, el llamado «zar de la frontera» de la Casa Blanca, salió a defender el plan el viernes en una entrevista televisiva. «Es otro dispositivo para ayudar a que alguien cumpla cuando no lo está haciendo. No puedes pasar simplemente de 0 a 100 y que lo primero a lo que recurras sea la fuerza letal», afirmó, equiparando los guantes con herramientas ya existentes como el gas pimienta o los Taser.

Sin embargo, la propuesta generó rechazo inmediato. Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, la calificó de «repugnante y bárbara» y acusó a ICE de ser «una agencia fuera de control con un fondo discrecional de 80,000 millones de dólares que les permite inventar y financiar nuevas formas de infligir crueldad a nuestras comunidades».

Desde la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Jenn Rolnick Borchetta fue aún más directa: «ICE pasó el último año demostrando a este país que son demasiado rápidos para usar la fuerza. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con solo presionar un botón que tal vez nadie más pueda ver que están usando».

El debate se produce en un contexto de escalada documentada del uso de la fuerza por parte de ICE. Los incidentes en centros de detención aumentaron un 37% en 2025 frente al año anterior, con al menos 780 casos y más de 1,300 personas afectadas. Al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios desde 2025, incluyendo dos conductores en julio: Lorenzo Salgado Araujo, en Houston, Texas, y Joan Sebastián Durán Guerrero, en Biddeford, Maine.

Geoffrey Alpert, profesor de criminología en la Universidad de Carolina del Sur, advirtió que los guantes se venderían «al por mayor a un grupo de agentes que pueden no estar capacitados en otras estrategias como la desescalada», y concluyó que «el error del usuario es casi predecible en algún nivel».

El dispositivo tampoco está libre de antecedentes de abuso: en 2022, dos funcionarios penitenciarios de Carolina del Sur fueron acusados penalmente por aplicar descargas con el G.L.O.V.E. a un recluso en dos incidentes separados.

Homan reconoció que «pasará un tiempo» antes de que los guantes se desplieguen sobre el terreno, ya que ICE aún trabaja en los protocolos de entrenamiento y otras cuestiones normativas.