El secretario de Estado Marco Rubio acusó este jueves al régimen cubano de utilizar durante décadas una red de organizaciones de fachada para “infiltrar, corromper y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses, al anunciar una nueva ronda de sanciones contra dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y nueve entidades vinculadas al aparato represivo y económico de La Habana.
«El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos de fachada para infiltrarse, corromper y radicalizar a ciudadanos estadounidenses», escribió Rubio al anunciar la Orden Ejecutiva 14404, publicada oficialmente bajo el título «Imposing Sanctions on Cuban Regime Actors Associated with Marxist Subversive Networks and Corrupt Economic Dealings».
Los tres funcionarios designados son Fernando González Llort, presidente del ICAP; Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta; y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica.
El caso de González Llort tiene un peso particular: fue arrestado en 1998 y condenado en 2001 por su papel en la Red Avispa, una red de inteligencia cubana infiltrada en grupos del exilio en Miami, donde operaba bajo el alias «Rubén Campa».
Cumplió aproximadamente 15 años de prisión en suelo estadounidense antes de regresar a Cuba en 2014, y desde 2017 preside el ICAP, la organización que Washington considera uno de los principales instrumentos de influencia extranjera del régimen.
La coincidencia temporal no pasó inadvertida: dos días antes de las sanciones, el presidente Miguel Díaz-Canel felicitó públicamente a González Llort con motivo de su cumpleaños.
Entre las nueve entidades sancionadas este jueves figuran el Ministerio de la Construcción, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) y la Agencia de Contratación a Representaciones Comerciales S.A. (ACOREC S.A.).
Rubio advirtió que la medida tiene alcance internacional: «Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios o mantengan fondos para estas entidades deben tomar medidas inmediatas para cesar su apoyo», señaló, dejando claro que cualquier actor que respalde a los sancionados se expone a ser designado a su vez.
Esta no es la primera vez que el ICAP queda en el centro de las sanciones estadounidenses. El 4 de junio, el Departamento del Tesoro ya lo había incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, acusándolo de apoyar actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas.
El instituto rechazó entonces esas acusaciones y exigió ser retirado de la lista, argumentando que en sus 65 años de existencia se ha dedicado a promover la amistad y la solidaridad internacional.
Análisis citados por medios especializados estiman que cerca del 90 % del personal del ICAP estaría vinculado a los servicios de espionaje cubanos, una cifra que esa institución niega categóricamente.
La acción de este jueves es la más reciente de una campaña sostenida que arrancó con la firma de la Orden Ejecutiva 14404 el primero de mayo pasado y ha incluido rondas de sanciones en junio, julio y agosto contra los sectores militar, financiero, energético, minero y de construcción del régimen.
En julio, Washington también reveló un plan vinculado al régimen cubano para movilizar protestas en territorio estadounidense, lo que reforzó la narrativa de la administración Trump sobre la subversión cubana en suelo norteamericano.
Preguntas frecuentes sobre las recientes sanciones de Estados Unidos al régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos sancionó a Fernando González Llort y al ICAP?
Estados Unidos sancionó a Fernando González Llort, presidente del ICAP, por su vinculación con actividades de espionaje y su rol en la Red Avispa, así como por considerar al ICAP un instrumento de influencia extranjera del régimen cubano. La sanción es parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para presionar al gobierno cubano y sus redes de subversión.
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¿Qué es la Orden Ejecutiva 14404 y cómo afecta a Cuba?
La Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump, autoriza sanciones contra personas y entidades vinculadas a actividades subversivas y económicas del régimen cubano. Esta orden busca aislar económicamente al régimen cubano, afectando sectores como la energía, minería, defensa y servicios financieros, y es parte de una campaña para desmantelar las fuentes de financiamiento del gobierno cubano.
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¿Cuáles son las implicaciones de las sanciones para las empresas extranjeras que operan en Cuba?
Las empresas extranjeras que mantengan vínculos comerciales con entidades sancionadas por Estados Unidos se exponen a sanciones propias. Esto significa que deben cesar sus actividades con dichas entidades para evitar ser penalizadas, lo cual podría incluir la congelación de activos y la prohibición de transacciones bajo la ley estadounidense.
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