Dariel Fernandez, recaudador de impuestos del Condado Miami-Dade, emitió un comunicado oficial en el que respaldó las sanciones anunciadas ese mismo día por la administración Trump contra individuos y entidades vinculadas a las redes de influencia y subversión de la dictadura cubana en el exterior.
Las medidas, implementadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, designaron a tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), entre ellos su presidente Fernando González Llort, además de nueve entidades estatales cubanas, incluido el ministerio de la Construcción de Cuba, y organismos de los sectores de minería, metalurgia y comercio exterior.
Fernandez fue especialmente contundente respecto a González Llort: «No es simplemente un funcionario de la dictadura comunista de Cuba. Fue condenado por su participación en la Red Avispa, la operación de inteligencia cubana que se infiltró en Estados Unidos y tuvo como objetivo el sur de la Florida».
González Llort, conocido como uno de los llamados «Cinco de Cuba», cumplió 15 años de prisión en territorio estadounidense antes de ser liberado en 2014 en el marco del deshielo entre los gobiernos de Obama y Castro. Desde 2017 preside el ICAP, organismo que el Departamento de Estado describe como una pieza central del aparato de influencia exterior del régimen.
Para Fernandez, la designación de los dirigentes del ICAP deja al descubierto una conexión que el régimen ha intentado disimular durante décadas: «La dictadura comunista de Cuba no puede ocultar el adoctrinamiento político y las actividades subversivas bajo el lenguaje de la amistad, el intercambio cultural o la solidaridad internacional, mientras niega al pueblo cubano las mismas libertades que busca aprovechar en países democráticos».
El recaudador también apuntó contra las entidades económicas sancionadas: «Estas instituciones gubernamentales y entidades controladas por el Estado no existen para generar prosperidad para el pueblo cubano. Ayudan a financiar y preservar un sistema comunista que se ha mantenido en el poder mediante la censura, la vigilancia, el encarcelamiento político y la represión durante más de seis décadas».
El comunicado se inscribe en el marco del informe «Cuba: La capital del comunismo en el siglo XXI», publicado por el Departamento de Estado el 20 de julio bajo el impulso del secretario Marco Rubio, que documenta décadas de espionaje, subversión e influencia ideológica internacional del régimen cubano.
Fernandez, el primer recaudador de impuestos electo en Miami-Dade en más de sesenta años, ha mantenido una postura consistente desde que asumió el cargo en noviembre de 2024.
En enero de 2026 alertó a Trump y Rubio sobre riesgos de seguridad nacional vinculados a licencias comerciales con Cuba; en febrero declaró que «no hay diálogo con Cuba»; en junio revocó licencias a tres empresas que exportaban cemento a Cuba sin autorización federal; y el sábado pasado respondió al senador Chris Van Hollen afirmando que el pueblo cubano no sufre por Trump ni Rubio, sino por «una dictadura comunista-socialista».
En su declaración más reciente, el funcionario fue claro sobre el alcance y el propósito de las sanciones: «No están dirigidas contra el pueblo cubano. Están dirigidas contra las personas, instituciones y redes que sostienen a la dictadura comunista de Cuba y mantienen oprimido al pueblo cubano».
«El objetivo debe permanecer claro: proteger a Estados Unidos de la influencia extranjera hostil, exigir responsabilidades a la dictadura comunista de Cuba y a sus operadores, liberar a los presos políticos de Cuba y apoyar un futuro en el que el pueblo cubano pueda vivir bajo la democracia, la libertad económica y el Estado de derecho», concluyó Fernandez.
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