Jueza de Miami rechaza intento del Gobierno de tumbar demanda de cubanos con I-220A

Una jueza federal de Miami rechazó este jueves el intento del Gobierno de Estados Unidos de desestimar la demanda presentada por cubanos con formulario I-220A, por lo que el caso continuará avanzando en los tribunales.

El periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51, reportó desde el tribunal que durante la audiencia la jueza cuestionó el intento del Gobierno de poner fin al litigio, mientras los abogados federales defendieron sus argumentos para conseguir que la demanda fuera desestimada.

Poco después, Boentes informó que la jueza federal denegó el intento del Gobierno de desestimar la demanda y que el caso continuará.

El periodista Daniel Benítez, de Univision 23 Miami, aportó nuevos detalles tras la audiencia y señaló, citando a los abogados Mark Prada y Anthony Dominguez, que la jueza determinó que tiene jurisdicción para revisar los asuntos fundamentales planteados en el caso.

Esto permite que el litigio supere una de sus primeras barreras legales y continúe avanzando.

Según Benítez, el Gobierno deberá responder ahora a varios puntos relacionados con la certificación de la demanda colectiva y la solicitud de una orden de protección para los demandantes identificados en el proceso.

El calendario fijado será rápido: el Gobierno tendrá siete días para responder y los abogados de los demandantes dispondrán después de otros siete días. Además, se espera una nueva audiencia este mismo mes, lo que acelera el desarrollo del litigio.

La audiencia se celebró ante la jueza federal Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, en el litigio Bello-Rubio v. Noem, una demanda presentada por 992 cubanos que busca una salida legal para quienes fueron liberados en Estados Unidos con un formulario I-220A.

La decisión de permitir que el caso continúe representa un paso importante para los demandantes, pero no significa que los cubanos con I-220A hayan recibido automáticamente un parole ni que puedan obtener ya la residencia permanente.

El litigio deberá continuar hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo planteadas ante el tribunal.

Como se había informado antes de la audiencia, la demanda busca que las circunstancias bajo las cuales numerosos cubanos fueron procesados y liberados en la frontera sean reconocidas jurídicamente como un parole, una condición que podría permitirles solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano si cumplen los demás requisitos legales.

Los impulsores del litigio estiman que una eventual decisión favorable de alcance nacional podría tener consecuencias para entre 500,000 y 600,000 cubanos que permanecen en Estados Unidos con una situación migratoria similar.

El propio abogado Mark Prada, uno de los principales representantes de los demandantes, ha pedido cautela sobre el alcance del proceso.

En declaraciones recogidas por Noticias Telemundo, explicó que una victoria judicial no protegería automáticamente a todos los afectados de una deportación ni les concedería directamente la residencia, aunque podría proporcionarles una nueva herramienta legal para defender sus casos.

El Gobierno federal, por su parte, sostiene que el formulario I-220A no equivale a un parole y había pedido al tribunal que desestimara la demanda, entre otros argumentos, por considerar que la corte no tiene jurisdicción para conceder algunos de los remedios solicitados.

Según N+ Univision, el Gobierno argumentó que estos cubanos fueron puestos en libertad mientras continuaban sus procesos migratorios bajo una figura legal diferente del parole contemplado por la ley migratoria.

También sostuvo que las leyes federales limitan la capacidad de los tribunales para revisar determinadas decisiones discrecionales del DHS relacionadas con la detención y el parole.

La administración también rechazó que pueda reconocerse de manera retroactiva y general un parole a partir de la forma en que fueron procesados los migrantes.

Su posición es que la concesión de ese beneficio debe realizarse mediante una evaluación individual, caso por caso, y que una I-220A no puede convertirse automáticamente en parole.

Prada había explicado antes de la vista que uno de los objetivos del litigio es conseguir la certificación de un colectivo nacional de cubanos procesados de manera similar, lo que permitiría que una eventual decisión favorable pudiera extender sus efectos más allá de los 992 demandantes originales.

El caso ha generado gran expectativa entre miles de familias cubanas debido a que el I-220A, una orden de libertad bajo palabra, no es considerado actualmente por las autoridades migratorias como el parole requerido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Otro documento que ha cobrado importancia en estos casos es el formulario I-213, elaborado por las autoridades durante el procesamiento migratorio y que puede contener información sobre las circunstancias en las que una persona fue detenida y posteriormente liberada.

Algunos expedientes pueden incluir referencias a falta de espacio en centros de detención, razones humanitarias u otras circunstancias relacionadas con la liberación.

Esas anotaciones podrían ser utilizadas como evidencia en casos individuales, aunque por sí solas no convierten una I-220A en parole ni garantizan el acceso a la residencia permanente.

La batalla judicial ocurre además en un momento de creciente presión migratoria sobre los cubanos en Estados Unidos.

Noticias Telemundo, citando un análisis del Cato Institute, señaló que los arrestos migratorios de cubanos aumentaron un 463% durante el primer año de la actual Administración Trump, hasta un promedio de 1,008 al mes, mientras las aprobaciones de residencia para este grupo registraron una fuerte caída.

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