Este 9 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió a ofrecer un preocupante mal ejemplo de cómo instituciones creadas para defender a las víctimas, pueden terminar sirviendo de altavoz a los argumentos de sus victimarios.
Ese día, la nueva relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales, Zeina Jallad, presentó el informe sobre Cuba elaborado por su antecesora, Alena Douhan, tras la visita que ésta realizó a la Isla en noviembre de 2025. El documento sostiene que las sanciones estadounidenses y el llamado “sobrecumplimiento” de estas tienen efectos devastadores sobre la población cubana.
Conviene aclarar que aquel día no se votó para aprobar ese informe. Hubo un diálogo “interactivo”. Y fue revelador que la Unión Europea advirtiera que no puede ponerse en el mismo saco toda medida restrictiva unilateral: existen sanciones temporales, selectivas y proporcionales, adoptadas precisamente como respuesta a graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional.
El problema no consiste en afirmar o negar que determinadas sanciones puedan generar consecuencias económicas. El problema es convertirlas en explicación fundamental de una tragedia cuyo origen antecede a muchas de esas medidas: la destrucción de las libertades, de la propiedad, de la iniciativa privada, del Estado de derecho y de las instituciones democráticas cubanas.
También resulta legítimo y muy necesario examinar quiénes elaboran estos informes. Alena Douhan desarrolló su carrera como profesora de la Universidad Estatal de Bielorrusia, una institución pública de un país gobernado desde hace décadas por un dictador: Alexander Lukashenko, amigo del régimen castrista.
Documentos oficiales de Naciones Unidas muestran además que su mandato recibió apoyo en especial de esa universidad y contribuciones financieras de gobiernos como China y Rusia. Eso no demuestra por sí solo que Douhan recibiera órdenes de esos gobiernos, pero sí plantea interrogantes razonables sobre su independencia cuando el objeto principal de su trabajo consiste precisamente en combatir sanciones aplicadas a regímenes como esos.
Su sucesora, Zeina Jallad, tampoco llega al cargo sin controversia. Es directora del Palestine Land Studies Center de la American University of Beirut y posee una larga trayectoria vinculada a la cuestión palestina. Diversas publicaciones han recogido declaraciones suyas describiendo a Hamás como “movimiento de resistencia” y defendiendo que antes de hablar del 7 de octubre debía hablarse de lo ocurrido previamente. Es perfectamente legítimo denunciar excesos israelíes; lo preocupante es que una defensora de los derechos humanos no muestre una condena igualmente inequívoca frente al asesinato deliberado de civiles, el secuestro de rehenes y el terrorismo cometido por Hamás.
Ese desequilibrio ayuda a explicar el creciente desprestigio de determinados organismos de Naciones Unidas. En el caso cubano, presentar las sanciones estadounidenses como causa esencial de la miseria equivale a responsabilizar a la quimioterapia por los dolores de un enfermo de cáncer, ignorando el tumor que lo está matando.
Si Cuba fuera una democracia; si existieran elecciones libres, separación de poderes, prensa independiente y respeto a las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación; si los treinta artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos fueran plenamente respetados, unas sanciones destinadas a presionar políticamente a ese país, serían indefendibles. Sería como administrar quimioterapia a una persona sana.
Pero Cuba no es una nación sana. Durante más de seis décadas ha existido un sistema de partido único que prohíbe la alternancia política, reprime la oposición, encarcela adversarios y limita severamente las libertades fundamentales. En esas circunstancias, las sanciones selectivas contra dirigentes, entidades represivas y estructuras económicas controladas por el poder no constituyen necesariamente una agresión contra el pueblo: son instrumentos legítimos de presión sobre quienes impiden al pueblo ejercer sus derechos.
Naturalmente, toda política de sanciones debe ir acompañada de ayuda humanitaria directa a la población más vulnerable (alimentos, medicinas, productos de higiene, entre otros de primera necesidad). Estados Unidos lo está haciendo y debe mantenerlo e incrementarlo. Eliminar toda presión externa mientras permanece intacto el aparato de coerción significaría beneficiar al régimen en detrimento de las víctimas.
La pregunta fundamental debería ser otra: ¿por qué determinadas instituciones internacionales examinan con extraordinaria minuciosidad las consecuencias de las sanciones, pero dedican incomparablemente menos energía a exigir que el régimen libere a los presos políticos, legalice partidos, permita prensa independiente y convoque elecciones libres?
Más incomprensible aún resulta cuando gobiernos democráticos occidentales terminan respaldando narrativas que favorecen a una dictadura aliada de las fuerzas más autoritarias del planeta. El régimen cubano mantiene estrechas relaciones con Moscú, Pekín, Teherán y otras dictaduras enfrentadas al orden democrático liberal. Durante décadas ha presentado al pluralismo político, la economía de mercado y las instituciones representativas como lo peor de este mundo.
Una institución de derechos humanos pierde autoridad moral cuando parece preocuparse más por las herramientas utilizadas para presionar a una dictadura que por las víctimas de esa dictadura.
Las Naciones Unidas siguen siendo necesarias. También su Consejo de Derechos Humanos. Pero deben recuperar el rumbo en cuanto a defensa de la democracia y los derechos humanos. Precisamente por eso sus instituciones deben ser fiscalizadas, se les debe exigir hacer correctamente su trabajo y criticar cuando no lo hagan.
Los derechos humanos no pueden depender de quién sea el violador ni de quién aplique la presión. Si una organización internacional condena con firmeza una injusticia cometida por una democracia, debe hacerlo con la misma energía cuando el responsable son los regímenes de Cuba, Rusia, Bielorrusia, Venezuela, Nicaragua, Irán o cualquier otra dictadura.
Cuando desaparece esa imparcialidad, desaparece también la credibilidad. Y sin credibilidad, un Consejo de Derechos Humanos corre el riesgo de convertirse, no en tribunal moral donde se condene a los opresores, sino en escenario para sus coartadas.
El dictador Díaz-Canel aplaudió el informe Alena Douhan que tanto los justifica y los presenta como muestra de solidaridad del “mundo” con su criminal dictadura, pero la verdad es que cada día que pasa están más solos mientras crece la solidaridad con los presos políticos y con quienes luchamos por la democratización de nuestra Patria.
Alena Douhan entró a Cuba porque para los comunistas cubanos es una amiga en quien confiar. Cuando se trata de relatores imparciales y objetivos, el régimen le niega la entrada al país. Es larga la lista de los que no han recibido autorización para visitar la Isla.
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