Ignacio Agramonte: el hombre que quiso fundar una República antes de ganarla

Cuando se pronuncia el nombre de Ignacio Agramonte, casi siempre aparece la misma imagen: El Mayor, el jinete extraordinario, el jefe de la caballería camagüeyana, el hombre que entraba en combate con una audacia que terminó convirtiéndolo en leyenda.

Pero existe otro Agramonte. Uno al que la épica ha dejado casi siempre en segundo plano: el jurista, el civilista, el hombre de pensamiento que llegó a la manigua llevando consigo una concepción de la libertad, del individuo y de la República. Y quizás sea precisamente ese Agramonte menos conocido el que más necesitamos recordar.

Agramonte no comenzó pensando en la guerra. Antes de empuñar las armas había estudiado Derecho y había reflexionado sobre una cuestión que terminaría acompañándolo hasta la muerte: ¿qué lugar ocupa el individuo frente al poder?

En 1866, al defender su trabajo sobre las libertades individuales, sostuvo ideas extraordinariamente avanzadas para su tiempo. Para él, los derechos del hombre eran inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Distinguía entre pensar, hablar y obrar como dimensiones fundamentales del espíritu humano y defendía que el individuo era soberano de sus propios intereses mientras su conducta no perjudicara a los demás.

Aquello no era una simple disertación universitaria. Era una concepción del hombre.

Y aquí conviene hacer una precisión histórica. Agramonte no escribió una supuesta “tesis contra Marx”. Eso sería un anacronismo. Su verdadero examen de grado versó sobre el Derecho reformado por Justiniano y recibió la calificación de sobresaliente. Su conocido discurso sobre las libertades individuales pertenece a otro ejercicio académico.

Sin embargo, hay algo mucho más interesante que una polémica inexistente. Agramonte defendía una concepción del individuo que posteriormente chocaría frontalmente con cualquier doctrina que subordinara la libertad personal a la razón de Estado, a una clase social o a un poder político omnipotente.

Lo dijo con una claridad sorprendente: la centralización excesiva podía destruir el individualismo y terminar sometiendo al hombre en sus pensamientos, deseos y acciones.

Ese joven jurista comprendía algo que muchas generaciones posteriores olvidarían: el peligro no está solamente en quién gobierna, sino en cuánto poder se le permite acumular.

Cuando llegó la guerra de 1868, Agramonte no abandonó esas ideas para convertirse simplemente en guerrero. Las llevó consigo a la manigua. Y allí apareció la gran tensión con Carlos Manuel de Céspedes.

Céspedes comprendía la necesidad de un poder ejecutivo fuerte para conducir una guerra. Agramonte, en cambio, desconfiaba profundamente de la concentración del poder. No era una disputa personal ni una lucha por protagonismo. Era, en buena medida, una discusión sobre qué debía ser la Revolución y qué República debía surgir de ella.

En Guáimaro, esa diferencia adquirió forma constitucional.

Agramonte y Antonio Zambrana participaron en la redacción del proyecto constitucional. La estructura adoptada estableció una separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y se incorporó una protección explícita de libertades como las de culto, imprenta, reunión, enseñanza y petición.

La paradoja es extraordinaria. Mientras combatía una monarquía que concentraba el poder, Agramonte se preocupaba de que la revolución cubana no construyera otra forma de poder absoluto. Ahí aparece el verdadero civilista.

No era un hombre que creyera que la guerra podía prescindir de la autoridad. Sabía perfectamente que una guerra necesitaba mando, disciplina y organización. Pero también entendía que el poder militar debía estar sometido a una concepción superior de la República.

Por eso su pensamiento resulta tan importante. Agramonte no quería solamente una Cuba independiente de España. Quería una Cuba donde el cubano pudiera ser hombre libre. Esa diferencia es enorme. Porque una independencia sin libertad individual podía cambiar la bandera sin cambiar la condición del ciudadano.

Y eso explica por qué su figura trasciende la caballería, las cargas militares y la leyenda de Jimaguayú. El Mayor fue un extraordinario hombre de acción. Pero antes había sido un hombre de pensamiento. Y quizá esa sea la razón por la cual debemos volver a leerlo.

Porque Agramonte nos dejó una pregunta que continúa viva: ¿para qué conquistar el poder si después el poder termina conquistando al hombre?

Murió el 11 de mayo de 1873, en Jimaguayú, con apenas treinta y un años. No llegó a ver la República que soñaba. Pero dejó algo más difícil de destruir que una victoria militar: una idea del hombre frente al poder. Por eso Ignacio Agramonte no debería permanecer encerrado en el bronce de los monumentos ni reducido a la imagen del jinete que desafió al ejército español. Hay que devolverle su otra dimensión.

El Mayor fue también el jurista. El civilista. El republicano. El hombre que comprendió que una patria libre no se construye solamente expulsando al extranjero, sino poniendo límites al poder y colocando la dignidad del individuo en el centro de la República.

Y quizá por eso su pensamiento sigue siendo incómodo. Porque los héroes pueden convertirse en estatuas. Las ideas, cuando son verdaderas, siguen caminando.