Una jueza federal bloqueó esta semana los arrestos migratorios sin orden judicial realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en siete condados del sur de California, en un fallo que representa uno de los mayores reveses judiciales a la política de deportaciones masivas de la administración Trump.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, del Distrito Central de California, emitió la orden de interdicción preliminar el 2 de septiembre en el caso Vasquez Perdomo v. Mullin, aunque fue desclasificada y hecha pública el miércoles de la semana pasada.
La resolución aplica en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo.
Bajo la orden, los agentes de ICE solo podrán realizar arrestos civiles sin orden judicial si primero determinan, de manera individualizada, que existe causa probable de que la persona es indocumentada y que es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden.
La jueza también exige que los agentes documenten ese análisis en cada caso y que dejen de apoyarse en un memorando emitido en enero de 2026 por el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, que sugería ilegalmente que el mero estatus de indocumentado bastaba para presumir riesgo de fuga.
La evidencia presentada en el juicio fue contundente: de una muestra de 113 registros de arresto entregados por el gobierno durante el proceso, casi el 80% no contenía ninguna evaluación de riesgo de fuga o se limitaba a lenguaje genérico.
La propia jueza señaló que los agentes federales «regularmente se abstienen de realizar un análisis de probabilidad de fuga en absoluto».
Un caso documentado ilustra el patrón: el gobierno afirmó que un detenido «estaba huyendo» de los agentes antes de ser interrogado, pero un video del arresto mostró que caminaba a paso normal y enviaba mensajes de texto en su teléfono cuando el agente se le acercó.
Frente al argumento del abogado federal Daniel Mummolo, quien sostuvo que no existe obligación legal de documentar la evaluación, la jueza respondió sin rodeos: «No han presentado evidencia de agentes diciendo: 'Sí, no lo escribí, pero sí lo hice'».
Frimpong también rechazó la solicitud del gobierno de suspender o retrasar la orden para dar tiempo a una apelación, y certificó el caso como acción colectiva que cubre a todas las personas arrestadas sin orden judicial y sin evaluación individualizada desde el 6 de junio de 2025.
La demanda fue presentada en julio de 2025 por cinco trabajadores latinos y tres organizaciones —la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN) y los Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW)— junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y otros grupos de defensa, en respuesta a una ola de operativos sin precedentes que incluyó redadas en campos agrícolas de Oxnard y Coachella.
«Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en el esfuerzo de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias», declaró Mayra Joachin, abogada de la ACLU del Sur de California.
Por su parte, Teresa Romero, presidenta de los Trabajadores Agrícolas Unidos, afirmó: «Hace más de un año, los trabajadores agrícolas del sur de California soportaron semanas de ataques horribles que los señalaban por el color de su piel. Esta decisión reafirma que esas redadas ilegales y racistas nunca debieron haber ocurrido».
El fallo se suma a decisiones similares ya emitidas por jueces federales en Oregón, Colorado, Washington D.C. y el Distrito Este de California, lo que configura un patrón de resistencia judicial creciente a la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentario sobre el fallo.
Preguntas frecuentes sobre las detenciones de inmigrantes por ICE en California
CiberCuba te lo explica:
¿Qué decisión tomó la jueza federal sobre los arrestos de ICE en California?
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong bloqueó los arrestos migratorios sin orden judicial realizados por ICE en siete condados del sur de California. Esta decisión representa un revés significativo a las políticas de deportaciones masivas de la administración Trump.
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¿Cuáles son los requisitos que establece la orden judicial para los agentes de ICE?
La orden judicial exige que los agentes de ICE realicen un análisis individualizado para determinar si existe causa probable de que una persona es indocumentada y que es probable que escape antes de poder obtener una orden. Además, deben documentar este análisis en cada caso.
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¿Qué organizaciones están involucradas en la demanda contra ICE?
La demanda fue presentada por cinco trabajadores latinos y tres organizaciones: la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (LAWCN) y los Trabajadores Agrícolas Unidos (UFW), junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y otros grupos de defensa.
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¿Qué impacto podría tener este fallo en las políticas migratorias en EE.UU.?
Este fallo se suma a decisiones similares en otros estados, lo que configura un patrón de resistencia judicial a las políticas de deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump. Esto podría influir en futuras decisiones judiciales y en la revisión de las políticas migratorias en todo el país.
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