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Un juez federal de California asestó este martes un golpe significativo a la política migratoria de la administración Trump al anular en todo el país las directrices de ICE que autorizaban arrestos generalizados de migrantes dentro de los tribunales de inmigración.
El juez P. Casey Pitts, del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, firmó el fallo en el marco de la acción colectiva Carmen Aracely Pablo Sequen et al. v. Sergio Albarran et al., determinando que tanto ICE como la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) actuaron de forma «arbitraria y caprichosa» al implementar sus nuevas políticas sin ofrecer una justificación razonada ni evaluar su impacto negativo.
«Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que piensen antes de actuar», escribió Pitts en el texto completo del fallo.
«Esa instrucción no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor consideraría preferible, pero sí exige que al menos ofrezca razones sólidas para el curso que ha elegido», agregó.
La resolución deja sin efecto de manera inmediata y con alcance nacional tres políticas clave: la directiva interina ICE 11072.3, emitida el 21 de enero de 2025; la directiva final ICE 11072.4, del 27 de mayo de 2025; y el memorando EOIR OPPM 25-06, del 28 de enero de 2025, que rescindía las protecciones anteriores contra arrestos en espacios judiciales migratorios.
El fallo también anuló el llamado «Nationwide Hold Room Waiver», un memorando de ICE del 24 de junio de 2025 que extendía el límite de detención en celdas de corto plazo de 12 a 72 horas, medida adoptada por el gobierno ante la falta de espacio en los centros de detención permanentes tras el aumento de las operaciones de control migratorio.
Abogados de inmigración que testificaron en el caso describieron un «efecto paralizante» provocado por la presencia de agentes de ICE en los tribunales, que derivó en un desplome drástico en la asistencia de migrantes a sus propias audiencias, afectando directamente su acceso al debido proceso.
La sentencia señala además que, tras la entrada en vigor de las nuevas políticas en 2025, los arrestos civiles de inmigrantes en tribunales migratorios aumentaron de forma significativa.
Datos citados en el fallo indican que en el área de responsabilidad de San Francisco las detenciones pasaron de ser muy escasas a acercarse a las 50 por semana.
Una exjueza de inmigración que declaró en el proceso aseguró haber observado una caída drástica en la asistencia a las audiencias tras el incremento de los arrestos, una situación que el tribunal consideró relevante al evaluar el impacto de las medidas.
La demanda colectiva fue presentada en septiembre de 2025 por una coalición que incluye la ACLU de California del Norte, CARECEN y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles.
El juez Pitts ya había bloqueado los arrestos en el área de San Francisco en diciembre de 2025; el fallo de este martes deja sin efecto esas políticas en todo el territorio estadounidense.
La decisión contrasta con un fallo previo de un juez en Manhattan que resolvió en sentido opuesto en un caso similar durante el otoño de 2025, lo que abre la posibilidad de una división entre circuitos judiciales que podría llevar el asunto ante la Corte Suprema.
Durante al menos una década antes de 2025, ICE había limitado los arrestos civiles en o cerca de tribunales a categorías de alta prioridad: sospechosos de terrorismo, condenados por crímenes graves o miembros de pandillas.
En 2021, la agencia extendió explícitamente esas restricciones a los tribunales de inmigración, reconociendo que los arrestos en esos espacios podían «paralizar el acceso a los tribunales y perjudicar la administración justa de la justicia».
El juez destacó que ni ICE ni EOIR explicaron adecuadamente por qué abandonaron esas conclusiones previas ni respondieron a los riesgos que ambas agencias habían reconocido durante años sobre el acceso a la justicia, la seguridad dentro de los tribunales y la asistencia de los migrantes a sus audiencias.
La administración Trump desmanteló esas protecciones desde sus primeros días en el poder. Con esta decisión, el tribunal restablece de facto las restricciones que durante años limitaron los arrestos civiles en tribunales a circunstancias excepcionales.
Preguntas frecuentes sobre la política migratoria de ICE y sus recientes cambios judiciales
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ha decidido el juez federal de California sobre las detenciones de ICE en tribunales?
El juez federal de California ha suspendido las detenciones de ICE en tribunales de inmigración al considerar que las políticas de arresto eran arbitrarias y caprichosas. Esta decisión anula varias directivas de ICE que permitían arrestos generalizados dentro de los tribunales.
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¿Cómo afecta esta decisión a los migrantes que deben asistir a audiencias en los tribunales?
La decisión protege a los migrantes de ser arrestados durante sus audiencias, permitiéndoles asistir sin el temor de ser detenidos. Esto busca garantizar el acceso al debido proceso legal y evitar el efecto disuasorio que causaban las detenciones en los tribunales.
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¿Qué impacto tiene esta resolución a nivel nacional?
El fallo tiene un alcance nacional, lo que significa que las políticas de detención de ICE en tribunales han sido anuladas en todo Estados Unidos. Esto podría establecer un precedente para futuras acciones legales en otros estados.
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¿Qué ha motivado este cambio en la política de detenciones de ICE?
El cambio responde a demandas legales y testimonios que evidencian el efecto negativo que las detenciones tenían sobre la asistencia de migrantes a sus audiencias. La falta de justificación razonada por parte de ICE fue también un factor clave en la decisión judicial.
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¿Qué otras acciones legales se han presentado contra las políticas migratorias de la administración Trump?
Varios fallos judiciales han rechazado medidas de la administración Trump, como la detención obligatoria sin fianza y restricciones en el procesamiento de asilos. Estas decisiones reflejan una amplia oposición judicial a políticas que desafían principios constitucionales y de derechos humanos.
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