Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, rechazó este viernes la política migratoria de la administración Trump que permitía deportar migrantes a países con los que no tienen ningún vínculo, sin darles aviso previo ni oportunidad de impugnar su destino.
El fallo, expuesto en un documento de 55 páginas, ratifica en lo sustancial la decisión que el juez federal de distrito Brian Murphy, de Massachusetts, había emitido en febrero de 2026, cuando declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La opinión unánime fue redactada por el juez Seth Aframe, designado por Biden, y acompañada por la jueza Lara Montecalvo, también designada por Biden, y el juez Jeffrey Howard, designado por George W. Bush.
«El derecho de un individuo a impugnar su deportación a un país por temor a persecución en ese país tiene poco valor si no recibe aviso previo del destino de deportación previsto y una oportunidad significativa de contestar ese destino», escribió Aframe en la decisión.
«DHS debe brindarles una oportunidad significativa de impugnar la deportación a ese tercer país alegando un temor razonable de sufrir persecución o tortura allí», refiere el texto.
El tribunal también rechazó el argumento del DHS de que bastaban garantías generales de los países receptores para no torturar ni perseguir a los deportados, sin necesidad de notificación individualizada.
«La ley y los reglamentos establecen procedimientos de audiencia para las reclamaciones por temor a persecución sin ninguna excepción para las deportaciones a terceros países. Rechazamos los esfuerzos del DHS por crear tal excepción de la nada», añadió Aframe.
«La política entra en conflicto con las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las alegaciones de temor a persecución, en la medida en que autoriza deportaciones a terceros países sin una notificación efectiva y una oportunidad significativa de presentar esas alegaciones. La política es, por tanto, ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo», concluye el fallo.
La política cuestionada, implementada como parte de la agenda de deportaciones masivas de Trump, permitía expulsar migrantes con apenas seis horas de aviso y sin que pudieran alegar temor a persecución o tortura en el país de destino, una práctica que administraciones anteriores raramente utilizaban.
Según el proyecto de monitoreo Third Country Deportation Watch, de Refugees International y Human Rights First, la administración ha enviado a más de 25,000 migrantes a al menos 29 países terceros desde que implementó esta política.
Entre los afectados hay numerosos cubanos deportados a naciones africanas como Esuatini, República Centroafricana y Liberia, quienes han denunciado condiciones precarias, aislamiento y falta de documentos en esos destinos.
Cuba es uno de los países que históricamente ha limitado la aceptación de deportados desde Estados Unidos, lo que ha llevado a que sus ciudadanos sean redirigidos a terceras naciones bajo esta política.
Trina Realmuto, portavoz de la National Immigration Litigation Alliance, organización que impulsó la demanda, celebró la decisión.
«Durante más de un año, los miembros de la clase han vivido bajo la amenaza de ser enviados a países a los que nunca se les dijo que podían ser deportados, con poco o ningún aviso y sin una oportunidad significativa de explicar los peligros que les esperaban allí. Muchos han sido deportados a situaciones horribles y de peligro bajo esta política», declaró.
El tribunal sí recortó un aspecto del fallo de Murphy: el relativo al orden de preferencia de países de destino, al considerar que ninguno de los demandantes principales había alegado que el DHS ignoró sus solicitudes en ese punto, por lo que ese foro no era el adecuado para resolver esa cuestión.
El historial judicial del caso es extenso. Una primera orden de interdicción del juez Murphy fue suspendida por la Corte Suprema en junio de 2025, en una decisión de seis votos contra tres que permitió al gobierno reanudar las deportaciones.
El fallo de fondo de Murphy, emitido en febrero de 2026, fue a su vez suspendido por el Primer Circuito en marzo mientras avanzaba la apelación. La decisión de este viernes representa el pronunciamiento de fondo del tribunal de apelaciones.
El DHS y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario sobre el fallo.
El caso se espera que llegue a la Corte Suprema por tercera vez, en lo que se perfila como el capítulo definitivo de una batalla legal que ha marcado la política migratoria de la administración Trump.
Este fallo forma parte de una serie de batallas legales en torno a las políticas migratorias de la administración Trump. Sigue toda la actualidad sobre deportaciones, cortes y derechos de los migrantes en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Preguntas frecuentes sobre el rechazo a la política de deportación de Trump a terceros países
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Tribunal de Apelaciones rechazó la política de deportación de Trump a terceros países?
El Tribunal de Apelaciones rechazó la política de deportación de Trump porque no proporcionaba aviso previo ni oportunidad de impugnar el destino de deportación. Esta política iba en contra de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las alegaciones de temor a persecución, siendo considerada ilegal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
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¿Cuál fue la reacción de las organizaciones de derechos de inmigrantes ante el fallo del tribunal?
Las organizaciones de derechos de inmigrantes, como la National Immigration Litigation Alliance, celebraron la decisión del tribunal. Trina Realmuto, portavoz de la organización, destacó que muchos migrantes vivían bajo la amenaza de ser deportados sin aviso ni oportunidad de explicar los peligros de ser enviados a países con los que no tienen vínculos.
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¿Cómo ha afectado esta política a los migrantes cubanos?
La política de deportación a terceros países ha afectado especialmente a los migrantes cubanos, quienes han sido deportados a naciones africanas como Esuatini, República Centroafricana y Liberia. Estos migrantes han denunciado vivir en condiciones precarias y sin documentos en esos destinos, debido a que Cuba limita la aceptación de deportados desde Estados Unidos.
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¿Qué implicaciones tiene este fallo para el futuro de la política migratoria de Trump?
El fallo del tribunal de apelaciones representa un revés significativo para la política migratoria de Trump, que podría influir en futuras decisiones legales. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema por tercera vez, lo que podría definir el alcance de las políticas migratorias de la administración Trump y su compatibilidad con la ley.
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¿Qué dice el fallo sobre las garantías de los países receptores para no torturar ni perseguir a los deportados?
El tribunal rechazó el argumento del DHS de que bastaban garantías generales de los países receptores. Consideró que la ley y los reglamentos requieren procedimientos de audiencia para las reclamaciones por temor a persecución, sin excepciones para deportaciones a terceros países.
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