Fabián Leiva Ferrer fue detenido por las autoridades cubanas después de presuntamente trepar al techo de una vivienda en el Consejo Popular Flor Crombet, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, y sustraer el panel solar instalado allí, según informó la página oficialista «Con Todos La Victoria» en Facebook.
El robo habría ocurrido en la madrugada: el hombre cortó los cables, quitó las sujeciones del equipo y se lo llevó.
La publicación del perfil oficialista señala que Leiva Ferrer tendría antecedentes en hechos similares: «tiene alguna que otra hazaña similar en su hoja de ruta».
El caso se suma a una cadena de robos de paneles solares que golpea con especial fuerza a Matanzas en las últimas semanas.
A comienzos de septiembre, una madre de Alacranes denunció el robo de su EcoFlow y su panel solar mientras compraba útiles escolares para sus hijos.
Días después, tres personas fueron arrestadas por sustraer 28 paneles solares destinados a un sistema de bombeo de agua en Los Arabos, de los cuales solo se recuperaron 21.
El patrón se repite en todo el país. En julio, vecinos de Camagüey retuvieron a un hombre que saltaba de azotea en azotea para robar paneles antes de que llegara la policía.
En Santiago de Cuba, delincuentes golpearon por tercera vez en poco más de un mes la infraestructura de un reparto, llevándose cuatro paneles de un gabinete eléctrico. En Holguín, cuatro personas agredieron y ataron al custodio de una estación de bombeo para hacerse con 32 equipos.
Detrás de esta ola delictiva está la crisis energética que padece Cuba, con apagones que en algunas provincias superan las 20 horas diarias y que han disparado el valor de los paneles fotovoltaicos en el mercado informal, convirtiéndolos en blanco prioritario de ladrones.
El régimen ha respondido con un endurecimiento legal: el Tribunal Supremo Popular emitió en mayo de 2025 el Dictamen 475, que tipifica el robo de paneles como sabotaje bajo el artículo 125 del Código Penal, con penas de siete a 30 años, privación perpetua de libertad o pena de muerte en los casos más graves.
A pesar de ello, las autoridades cubanas admitieron más de 460 investigaciones penales por delitos contra el Sistema Eléctrico Nacional entre 2025 y el primer semestre de 2026.
Las cifras de criminalidad general también son alarmantes. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró 2,833 delitos verificados en 2025, un incremento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con un promedio de siete u ocho delitos diarios en toda la isla.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de robos de paneles solares en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué han aumentado los robos de paneles solares en Cuba?
El incremento de robos de paneles solares en Cuba se debe a la crisis energética que sufre el país, con apagones que en algunas provincias superan las 20 horas diarias. Esta situación ha disparado el valor de los paneles solares en el mercado negro, convirtiéndolos en un objetivo prioritario para los ladrones.
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¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano para combatir estos robos?
El régimen cubano ha endurecido las penas para el robo de paneles solares, tipificándolo como sabotaje bajo el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular. Las penas por este delito varían de siete a 30 años de prisión, pudiendo llegar a la cadena perpetua o incluso a la pena de muerte en los casos más graves.
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¿Cómo afecta el robo de paneles solares a la infraestructura cubana?
El robo de paneles solares afecta gravemente a la infraestructura cubana, ya que estos equipos son esenciales para el funcionamiento de servicios críticos durante los apagones, como las telecomunicaciones y el bombeo de agua. La pérdida de paneles solares puede dejar sin servicio a miles de personas y complicar aún más la ya precaria situación energética del país.
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¿Qué papel juegan las comunidades locales en la prevención de estos robos?
Las comunidades locales están cada vez más involucradas en la prevención de robos de paneles solares, instalando cámaras de seguridad, mallas protectoras y denunciando sospechas a las autoridades. Sin embargo, la falta de eficacia policial y la percepción de impunidad dificultan la resolución de estos crímenes y generan desconfianza en la población.
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