Informe identifica 12 patrones de represión contra jóvenes en Cuba

Citaciones policiales presentadas como «entrevistas», interrupciones de la conectividad, cancelación de líneas telefónicas, acceso no autorizado a cuentas, procesos penales y consecuencias para familiares figuran entre las prácticas que un nuevo informe identifica dentro de 12 patrones de posibles vulneraciones de derechos que afectan especialmente a los jóvenes en Cuba.

El documento, titulado Juventud, poder y redes sociales en Cuba, fue publicado este lunes por la organización Ciudadanía y Libertad en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El estudio parte de dos consultas celebradas en abril y junio de 2026 con jóvenes activistas, estudiantes, periodistas y creadores de contenido residentes tanto en Cuba como en el exilio.

Según la organización, los testimonios fueron complementados con entrevistas de seguimiento y con documentación aportada por los propios participantes, y contrastados con estadísticas oficiales cubanas, registros de observatorios independientes de derechos humanos y pronunciamientos de órganos y procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

El informe identifica 12 patrones de posibles vulneraciones de los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica que, según sus autores, afectan de manera diferenciada a las personas jóvenes.

Entre los aspectos examinados se encuentran la constitución de asociaciones independientes y las condiciones jurídicas y prácticas para su funcionamiento, así como distintas formas de presión vinculadas al espacio digital y las redes sociales.

Los testimonios recogidos describen interrupciones de la conectividad, cancelación de líneas telefónicas, acceso no autorizado a cuentas de mensajería y casos de suplantación de identidad, además de citaciones policiales durante las cuales los participantes afirman haber sido interrogados sobre sus actividades, contactos y entornos familiares o académicos.

Algunos de esos patrones han aparecido durante 2026 en denuncias realizadas públicamente por jóvenes dentro de la isla.

En julio, por ejemplo, dos integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba relataron haber sido interrogados por la Seguridad del Estado después de acudir a una citación presentada inicialmente como una «entrevista».

Según su testimonio, durante el interrogatorio se abordaron asuntos políticos y se les hicieron señalamientos relacionados con supuestos delitos de «incitación a delinquir», «difamación» y «denigración a los héroes».

Semanas después, uno de esos jóvenes denunció que un agente volvió a abordarlo y le advirtió que el grupo hacía bien en reducir su actividad en redes sociales.

También se han documentado denuncias vinculadas directamente al acceso a las comunicaciones.

En abril, activistas denunciaron la desactivación de varias líneas telefónicas y de la cuenta de WhatsApp de Anna Bensi, un episodio que guarda relación con las formas de presión digital descritas en el nuevo informe.

Por otra parte, el documento de Ciudadanía y Libertad aborda procedimientos judiciales iniciados mediante distintos tipos penales, así como las condiciones de detención y reclusión.

Recoge casos de personas que eran menores de edad cuando fueron detenidas, además de testimonios sobre consecuencias para familiares y afectaciones relacionadas con el acceso al empleo o la educación.

Como antecedente, la Fiscalía General de la República informó en enero de 2022 que había recibido 117 expedientes de fase preparatoria relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021, con 790 personas instruidas de cargo.

De esos expedientes, 110 habían sido presentados entonces ante los tribunales, con 710 acusados para su juzgamiento. Entre estos últimos había 115 jóvenes de entre 16 y 20 años, incluidos 55 de entre 16 y 18 años.

Ciudadanía y Libertad relaciona también la situación de los derechos civiles y políticos con el fuerte éxodo de las generaciones más jóvenes.

El informe recuerda que la población residente en Cuba se redujo en 313,414 personas durante 2025 respecto del año anterior y registró un saldo migratorio negativo de 245,264 personas.

Las cifras coinciden con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI): Cuba cerró 2025 con 9,434,593 habitantes, mientras la tasa global de fecundidad se situó en 1,29 hijos por mujer y las personas de 60 años o más representaron el 26,7% de la población.

El éxodo afecta especialmente a las generaciones más jóvenes: el 50% de las personas que salieron de Cuba en 2024 tenían menos de 35 años, según datos divulgados por investigadores del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM).

Según el informe de Ciudadanía y Libertad, al cierre de agosto de 2026 los observatorios de derechos humanos consultados documentaban 1,339 personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba; de ellas, 38 habían sido detenidas siendo menores de edad y 155 eran mujeres.

El estudio se publica además cuando se acerca el final del mandato de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2024-2026.

Ciudadanía y Libertad recuerda asimismo que Cuba firmó el 28 de febrero de 2008 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero todavía no lo ha ratificado.

El informe será presentado el próximo 23 de septiembre en el Bildner Center for Western Hemisphere Studies de The Graduate Center, CUNY, en Nueva York, durante un panel en el que participarán Gina Romero, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el artista Luis Manuel Otero Alcántara; y Carolina Barrero, presidenta de Ciudadanía y Libertad.

Entre sus recomendaciones, la organización se dirige a los Estados miembros de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales, a los países receptores de emigrantes cubanos, a las plataformas tecnológicas y a la comunidad internacional de donantes, con propuestas relacionadas con la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el tratamiento de las personas privadas de libertad por motivos vinculados al ejercicio de derechos civiles y políticos, y el seguimiento de la emigración juvenil y su relación con la evolución demográfica y social de Cuba.