La cubanoamericana Christi Fraga, alcaldesa de Doral, dice que firmó acuerdo con ICE bajo amenaza de DeSantis

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoció que suscribió el acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo presión directa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y del fiscal general del estado, según declaraciones ofrecidas a Telemundo 51 en una entrevista con Gloria Ordaz.

Fraga explicó que, según su interpretación, una ley estatal aprobada en 2025 obligaba a los municipios a firmar el convenio conocido como 287(g), y que en aquel momento se advirtió a los funcionarios electos que podían ser destituidos y que los Departamentos de Policía podían perder sus credenciales si no cumplían. Al ser preguntada directamente si actuó bajo amenaza del gobernador, respondió que sí.

A pesar de haber suscrito el acuerdo —aprobado por el concejo municipal en enero de 2026 bajo el modelo Task Force—, la alcaldesa insistió en que la Policía de Doral no ha tomado parte en ningún operativo migratorio.

«Nuestra Policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada», afirmó, y añadió que la ciudad tampoco ha enviado agentes a recibir el entrenamiento vinculado al convenio ni comparte datos de sus residentes con las autoridades federales.

El acuerdo 287(g) entre municipios e ICE es parte de un panorama migratorio en constante cambio. Sigue todas las novedades en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

«No deben tener ningún miedo de nuestro Departamento de Policía», les dijo Fraga directamente a los residentes de la ciudad.

La funcionaria cubanoamericana también señaló que las agencias federales no notifican a Doral cuándo realizarán operativos en su territorio, y que ha solicitado al Departamento de Seguridad Nacional información sobre las detenciones.

Dijo haber trasladado sus preocupaciones a la Casa Blanca y haberle expresado al presidente Donald Trump que hay familias venezolanas que han construido su vida en Estados Unidos, tienen hijos nacidos en el país y no desean marcharse, aunque no recibió respuesta concreta.

Ante la pregunta de si se arrepiente de haber firmado y si estaría dispuesta a cancelar el acuerdo, Fraga no tomó una decisión. Explicó que había enviado una carta al fiscal general de Florida para solicitar una determinación oficial y que esperará su respuesta antes de actuar.

También cuestionó por qué otras ciudades que no suscribieron el 287(g) no enfrentan las consecuencias que se habían advertido.

Por último, rechazó que su firma del acuerdo implique respaldo a los operativos migratorios y, ante los pedidos de renuncia, defendió su gestión citando los impuestos bajos y la seguridad de la ciudad.

El futuro del convenio permanece en suspenso: la alcaldesa aguarda la respuesta del fiscal general de Florida antes de definir sus próximos pasos.

Las declaraciones llegan en medio de una creciente presión de activistas y líderes comunitarios que exigen la rescisión del convenio. El martes, el exrepresentante federal Joe García y el alcalde de South Miami, Javier Fernández —cuya ciudad no firmó el 287(g) sin sufrir represalias— encabezaron un encuentro público para reclamar el fin del acuerdo. García fue contundente: «Podrían haber elegido tener compasión y eligieron ser crueles».

El impacto de los operativos de ICE en los negocios y familias de Doral ha sido notable: el restaurante Pipo Burgers reportó una caída del 70 % en sus ventas, una escuela de karate perdió aproximadamente la mitad de sus matrículas en tres semanas, y numerosas familias optaron por mantener a sus hijos en clases virtuales. Los arrestos de ICE en la ciudad escalaron de tres en diciembre de 2025 a 17 en julio de 2026.

Doral alberga unos 27,000 residentes de origen venezolano dentro de una población total de aproximadamente 76,490 habitantes, lo que la convierte en la mayor concentración de venezolanos fuera de Venezuela.