Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, solicitó formalmente a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, una norma que defendió con entusiasmo en 2017, cuando presidía la Asamblea Nacional Constituyente chavista.
La solicitud quedó plasmada en una carta con membrete presidencial fechada el lunes y dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy.
Este martes, la presidenta encargada la publicó en su cuenta de X con el mensaje: «Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela».
El contenido de la carta
En la misiva, Rodríguez argumenta que «la reforma solicitada tiene por objeto avanzar en la despenalización de las conductas previstas en el mencionado instrumento normativo, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional para transformar el sistema de justicia penal de nuestro país y favorecer el reencuentro y convivencia democrática».
Pidió además que la iniciativa sea tratada «con carácter de urgencia» y señaló que la reforma generará «un impacto positivo sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la Nación».
La petición no plantea la derogación total de la ley, sino únicamente una «reforma parcial», una propuesta cuestionada por organizaciones que reclaman la derogación total de la norma.
Una ley aprobada en medio de la represión
La Ley Constitucional contra el Odio fue aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente chavista, en pleno auge de la crisis política posterior a las protestas antigubernamentales de ese año, que dejaron unos 125 muertos.
Fue el propio Nicolás Maduro quien presentó el proyecto, declarando que había llegado «la hora de castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión».
La norma, criticada desde su origen por opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión como un instrumento de censura, establece penas de hasta 20 años de cárcel por incitar al odio o la violencia, obliga a eliminar mensajes de redes sociales en seis horas bajo pena de multa y faculta al Estado para cerrar medios y revocar la inscripción de partidos políticos.
La propia Delcy Rodríguez, entonces presidenta de la Constituyente, fue una de sus principales defensoras.
«Está prohibida la promoción, deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia en un lapso de seis horas. Si no, van a ser sujeto de sanciones», declaró en aquel momento.
El giro tras la captura de Maduro
Tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, el gobierno venezolano quedó encabezado por Rodríguez.
En febrero, en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía, Jorge Rodríguez ya había reconocido que hubo «situaciones de mala utilización» de la norma, y adelantó que era «muy probable» que fuera sometida a reforma.
No fue hasta este lunes que el Ejecutivo formalizó esa solicitud.
La petición llega días después de que Delcy Rodríguez se reuniera con Donald Trump en Nueva York en un encuentro que ella misma calificó de «histórico», y de que prometiera ante la ONU una «reforma jurídica ordenada» y una «transformación democrática» en Venezuela.
Las organizaciones exigen más que una reforma
Las cifras documentadas por organizaciones de derechos humanos contrastan con el discurso oficial. Provea documentó entre enero de 2024 y octubre de 2025 al menos 40 imputaciones judiciales, 36 detenciones arbitrarias y tres condenas de más de 10 años por delitos vinculados a la opinión bajo esta ley.
Amnistía Internacional advirtió que los mecanismos de represión «no han cambiado» estructuralmente, con entre 379 y 500 personas detenidas por motivos políticos y 64 nuevos casos de tortura documentados desde enero de 2026.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió la derogación total de la norma, y no una simple reforma parcial, para frenar lo que la organización considera la criminalización del periodismo en Venezuela.
Preguntas Frecuentes sobre la Reforma de la "Ley contra el Odio" en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la "Ley contra el Odio" en Venezuela?
La "Ley Constitucional contra el Odio" fue aprobada en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente chavista y establece penas de hasta 20 años de cárcel por incitar al odio o la violencia, entre otras medidas restrictivas. Fue criticada por ser un instrumento de censura y represión del gobierno de Nicolás Maduro.
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¿Por qué Delcy Rodríguez quiere reformar la "Ley contra el Odio"?
Delcy Rodríguez busca avanzar en la despenalización de ciertas conductas previstas en la ley como parte de un esfuerzo para transformar el sistema de justicia penal venezolano y fomentar la convivencia democrática. La propuesta no busca derogar la ley, sino reformarla parcialmente.
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¿Qué críticas ha recibido la propuesta de reforma de la "Ley contra el Odio"?
Las organizaciones de derechos humanos han criticado la reforma por no abordar de manera suficiente las prácticas represivas del régimen chavista. Exigen la derogación total de la norma para frenar la criminalización del periodismo y de la disidencia política en Venezuela.
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¿Cuál es el contexto político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 ha llevado a una serie de cambios políticos en Venezuela, incluyendo reformas legales y excarcelaciones. Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada, ha tratado de distanciarse del régimen anterior y fomentar una "transformación democrática".
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