Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, conducirá este jueves el juicio contra la influencer Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, según revelaron activistas en sus perfiles de redes sociales.
A finales de agosto, Zamira Marrero Morgado habría desestimado la solicitud de la defensa para anular el juicio contra la joven y su madre. La petición se habría sustentado en el argumento de que los hechos que les imputan no constituirían delito, según reportó Irma Broek.
La designación de esa jueza ha encendido las alarmas entre activistas y medios independientes.
El nombre de Marrero Morgado figura en denuncias públicas que la vinculan a procesos judiciales contra manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 (11-J), en particular en casos relacionados con el barrio de La Güinera, en La Habana.
Marrero Morgado integró el tribunal que resolvió uno de los juicios a 129 manifestantes del 11-J, celebrado el 20 y 21 de diciembre de 2021, en los que se pedían penas de hasta 30 años de prisión por sedición.
La paradoja que señalan quienes siguen el caso es difícil de ignorar: esta misma jurista defendió en abril de 2025 una tesis de maestría en la Universidad de La Habana sobre el «interés superior del niño comisor de delito» y ha publicado artículos académicos centrados en la protección de derechos de menores.
El perfil de La Tijera News lo formuló con precisión: «Resulta llamativo que una jurista cuya tesis doctoral abordaba la protección de los derechos de los jóvenes tenga ahora en sus manos un proceso que involucra precisamente a una joven y a su madre».
El medio independiente también cuestionó que una figura con ese historial participe en eventos internacionales sobre «Diálogo» y «Derechos Humanos» representando a Cuba.
El caso contra Anna Bensi y su madre se originó en marzo de 2026 cuando grabaron y difundieron en redes sociales la visita de un suboficial del MININT que acudió a su domicilio con una citación de la Seguridad del Estado.
Las autoridades las imputaron bajo el artículo 393 del Código Penal, relativo a «actos contra la intimidad personal y familiar», que contempla penas de dos a cinco años de prisión. Desde el 25 de marzo, ambas permanecen bajo reclusión domiciliaria y con prohibición de salir del país.
Cubalex defendió que grabar a la policía es un derecho ciudadano, no un delito, en respuesta directa a la acusación.
El juicio, inicialmente fijado para el 17 de septiembre, fue aplazado y quedó señalado para este 1 de octubre. En julio, Anna Bensi fue retenida cerca de 11 horas en una estación policial en Alamar, donde denunció amenazas de prisión si continuaba publicando contenido crítico.
El caso ha concitado solidaridad dentro y fuera de Cuba. El diplomático estadounidense Mike Hammer visitó a las acusadas en abril de 2026, y este miércoles bautistas cubanos cerraron filas en apoyo de madre e hija.
Anna Bensi, por su parte, fue clara en los días previos al juicio: declaró públicamente que no se callará, sin importar el resultado del proceso.
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