El Consejo de Defensa Provincial de Matanzas sesionó este viernes para evaluar los planes de defensa territorial y analizar el creciente número de delitos contra el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), según informó el Periódico Girón en su cuenta de Facebook.
Durante la reunión, en la que participaron funcionarios de la Empresa Eléctrica y otras entidades afines, se identificaron robos de angulares metálicos, aceite dieléctrico, conductores eléctricos y paneles solares en varios puntos de la provincia.
Los municipios con mayor incidencia son Cárdenas, Jovellanos, Jagüey Grande y Colón, según trascendió en la sesión.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que ya se han detectado varias cadenas delictivas vinculadas a estos hechos y que varios implicados están siendo procesados judicialmente.
El Consejo de Defensa de Matanzas insistió en detectar y erradicar las vulnerabilidades existentes, fortalecer la vigilancia en las zonas donde se ubican subestaciones eléctricas y exigir a las entidades que protejan sus recursos, en lo que constituye una respuesta institucional coordinada entre el MININT, la Empresa Eléctrica y los órganos de defensa territorial.
El impacto de estos robos va más allá del daño material: según el propio Periódico Girón, «provocan graves perjuicios económicos, materiales y sociales que desestabilizan el suministro de electricidad en comunidades enteras, en un contexto complejo en tal sentido».
Matanzas es, de hecho, la provincia más golpeada del país por este tipo de delitos. Hasta finales de agosto, se contabilizaban 175 incidentes de robo de aceite dieléctrico en la provincia —frente a 136 en todo 2025—, de un total nacional de 479 casos.
En ese período se sustrajeron más de 55,950 litros de aceite dieléctrico, se dañaron 91 transformadores y 43 de las 98 subestaciones de la provincia resultaron afectadas, con 12 aún fuera de servicio.
Las consecuencias para la población son devastadoras. Un robo en Jagüey Grande dejó sin electricidad a 4,429 viviendas e instalaciones de salud. Una comunidad en San José de Marcos estuvo más de 30 días sin luz tras el robo de aproximadamente 1,000 litros de aceite.
Cárdenas, por su parte, sufrió dos golpes al sistema eléctrico en apenas ocho días en agosto, con el circuito 4427 completamente inutilizado tras el robo total del aceite de un transformador en la avenida Calvo.
El fenómeno ha escalado hasta las más altas instancias del régimen. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió ante la Asamblea Nacional que el robo de aceite dieléctrico ocurre «a diario» y que el volumen sustraído es «casi similar» al que Cuba produce en el mismo período, con comunidades que han llegado a pasar hasta 105 días sin electricidad.
La Fiscalía General reportó más de 460 investigaciones penales entre 2025 y el primer semestre de 2026 por delitos contra el SEN, más de 300 de ellas por robo de aceite dieléctrico, detectado en 97 municipios de todo el país.
A pesar del endurecimiento del marco legal —el Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, vigente desde mayo de 2025, permite calificar estos robos como sabotaje con penas de hasta 30 años, privación perpetua o incluso pena de muerte en casos agravados—, los delitos no se detienen.
En Pinar del Río, un hombre fue condenado a 12 años de cárcel por sustraer tornillos y accesorios de un parque solar bajo esa misma norma.
Vídeos relacionados:
Archivado en: