Florida anunció la expulsión de más de 220 proveedores de Medicaid en el marco de una ofensiva contra el fraude, el despilfarro y los abusos en el programa de salud pública. Las autoridades también detectaron casos de facturación por más de 24 horas de servicios en un mismo día, una anomalía que ha encendido las alarmas sobre el uso de fondos destinados a la atención médica.
Los resultados fueron presentados el martes 6 de octubre de 2026 por el gobernador Ron DeSantis y la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida (AHCA), durante una comparecencia en West Palm Beach. Según el comunicado oficial del Gobierno de Florida, más de 260 proveedores también han quedado sometidos a restricciones de pago o a suspensiones de pagos.
El anuncio plantea una cuestión importante para miles de residentes, incluidos beneficiarios cubanos de Medicaid: ¿qué ocurre si el médico, la clínica o el centro de terapia que los atiende deja de prestar servicios al programa?
Más de 220 proveedores expulsados y facturas por 230 millones de dólares
La AHCA informó de que los proveedores apartados del programa habían presentado, en conjunto, más de 230 millones de dólares en facturas a Medicaid durante 2025. La cifra corresponde a su volumen de facturación, no a una suma de fraude demostrada judicialmente ni a dinero que el estado haya recuperado.
Durante el último año, la agencia remitió más de 150 casos a la Fiscalía General de Florida por sospechas de irregularidades. También anunció restricciones o suspensiones de pagos para más de 260 proveedores. Esas categorías pueden solaparse y el comunicado no ofrece un recuento de proveedores únicos afectados; por tanto, no deben sumarse como si fueran casos independientes.
Desde enero, los equipos de inspección de la AHCA realizaron más de 400 visitas a proveedores, principalmente en áreas consideradas de mayor riesgo: terapias de análisis de conducta aplicado (ABA), equipos médicos duraderos y centros de atención diurna para adultos.
Entre las prácticas identificadas figuran facturas por cantidades de horas incompatibles con la duración de un día y registros de atención ininterrumpida durante largos períodos, incluidos fines de semana y festivos. La agencia presenta estos hallazgos como motivos para reforzar las investigaciones y los controles, aunque una investigación administrativa no equivale, por sí sola, a una condena penal.
El Gobierno proyecta casi 980 millones menos en terapias ABA
Otro dato destacado es la revisión de las previsiones de gasto en terapias ABA, utilizadas especialmente por menores con autismo y otras necesidades del desarrollo. Florida había estimado que estos servicios alcanzarían un gasto anual de 3.860 millones de dólares; ahora proyecta 2.880 millones para el ejercicio fiscal 2026-2027.
La diferencia es de aproximadamente 980 millones de dólares. Sin embargo, no se trata de dinero recuperado de proveedores investigados. Según el estado, la reducción de la proyección responde a varios factores, entre ellos el traslado de las terapias ABA a planes de atención administrada, nuevas revisiones de utilización y medidas de integridad del programa.
Ese cambio en la prestación de las terapias, iniciado en 2025, ha generado críticas. Una investigación de Florida Phoenix recoge que familias y profesionales han denunciado interrupciones de tratamientos porque algunos proveedores dejaron de integrar las redes de los planes o decidieron no seguir atendiendo a pacientes de Medicaid.
Los problemas asociados a la transición del modelo de atención no deben confundirse automáticamente con las más de 220 expulsiones anunciadas. La secretaria de la AHCA, Shevaun Harris, sostuvo que los planes contratados por el estado están ayudando a las familias afectadas a encontrar otros proveedores para mantener la continuidad del servicio.
¿Los pacientes pueden perder su cobertura de Medicaid?
La expulsión de un proveedor no cancela automáticamente el Medicaid de sus pacientes. La medida afecta a la participación de empresas y profesionales en el programa, no constituye por sí misma un cambio general de los requisitos para recibir la cobertura.
Sin embargo, sí puede alterar la atención cuando un consultorio, una clínica o un terapeuta deja de aceptar Medicaid. En esos casos, el beneficiario debe consultar con su plan qué proveedores continúan disponibles y solicitar ayuda para evitar interrupciones, especialmente si se trata de tratamientos que necesitan continuidad.
La ofensiva contra la facturación irregular es distinta de las nuevas restricciones de elegibilidad de Medicaid para determinadas categorías de inmigrantes, vigentes desde el 1 de octubre, sobre las que CiberCuba ya informó.
Qué hacer si tu médico o terapeuta deja de aceptar Medicaid
La AHCA indica que quienes estén inscritos en un plan de atención administrada deben comunicarse primero con su aseguradora. El número del plan suele aparecer en la tarjeta del afiliado. Conviene preguntar por proveedores alternativos dentro de la red, autorizaciones necesarias y mecanismos para continuar un tratamiento ya iniciado.
Si el problema no se resuelve, el beneficiario puede llamar a la línea de ayuda de Medicaid de Florida, 1-877-254-1055, que atiende de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este. También puede presentar una queja ante la AHCA por problemas de acceso a servicios médicos, tratamientos o proveedores.
Por otra parte, Florida mantiene abierto hasta el 30 de noviembre de 2026 el período de inscripción para cambiar de plan dentro de Medicaid Managed Care, un proceso diferente al de las investigaciones por facturación.
Más controles, pero también preocupación por el acceso a la atención
La ofensiva, anunciada inicialmente en junio, incluye una revisión de credenciales de proveedores, análisis de patrones de facturación y un programa piloto de verificación de identidades con la empresa SentiLink, destinado a detectar posibles estructuras empresariales ficticias o identidades comprometidas.
El Gobierno de Florida sostiene que estas medidas buscan proteger los recursos públicos y garantizar que se destinen a servicios legítimos. Para los pacientes y sus familias, el desafío será que los controles contra los abusos se apliquen sin impedir el acceso oportuno a médicos, terapias y otros cuidados necesarios.
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