
El Consejo de la Unión Europea prorrogó este viernes 9 de octubre las sanciones selectivas vigentes por la situación en Nicaragua hasta el 15 de octubre de 2027 y reiteró su exigencia de liberar a todos los presos políticos del país centroamericano.
Según el comunicado oficial del Consejo de la UE, las medidas afectan actualmente a 21 personas y tres entidades. La decisión supone una prórroga de un año del régimen de sanciones existente, sin que se anuncien nuevas incorporaciones a la lista.
Las personas y entidades sancionadas están sujetas a la inmovilización de sus bienes, mientras que los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. Además, las personas físicas incluidas en la lista no pueden entrar en territorio de la UE ni transitar por él.
Se trata de restricciones dirigidas a personas y entidades concretas, no de sanciones económicas generales contra la población nicaragüense.
La UE exige liberar a los presos políticos
En su declaración, el Consejo condenó lo que describió como una «represión sistémica» ejercida por las autoridades nicaragüenses y reiteró su llamamiento a liberar a todos los presos políticos.
La institución pidió también el pleno restablecimiento del Estado de derecho y el regreso a Nicaragua de las organizaciones internacionales de derechos humanos, cuya presencia considera necesaria ante la crisis política.
Reformas electorales y presión internacional
El marco europeo de sanciones fue establecido en octubre de 2019, en respuesta al deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. Los Estados miembros de la UE revisan anualmente las medidas restrictivas.
La nueva prórroga llega en un contexto de cuestionamientos internacionales al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A finales de septiembre, CiberCuba informó de la convocatoria de una reunión de cancilleres de la OEA para examinar la crisis política de Nicaragua y las restricciones a la participación opositora en las elecciones.
El Consejo de la UE reclamó un diálogo entre el régimen nicaragüense y la oposición, en particular para acordar reformas electorales que permitan una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis. También afirmó que seguirá respaldando las aspiraciones de los nicaragüenses a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
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