La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes su 31.ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para examinar la crisis política en Nicaragua, según el aviso oficial publicado por el organismo.
La convocatoria fue aprobada el 23 de septiembre por el Consejo Permanente de la OEA, impulsada por Paraguay, Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú. El encuentro está fijado para las 11:00 EDT (15:00 GMT) en el Salón de las Américas de la sede del organismo en Washington D.C. La reunión se transmitirá en directo con interpretación en español, inglés, francés y portugués.
El detonante inmediato es la reforma constitucional que el Congreso nicaragüense aprobó en primera votación el 1 de septiembre, según informó Reuters. La norma impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo prohíbe la participación de la oposición en elecciones, extiende el mandato presidencial de seis a siete años y elimina los comicios previstos para noviembre, desplazándolos hasta 2028.
La reforma incluye cláusulas amplias para vetar candidaturas de personas acusadas de participar en un «golpe de Estado», incitar a la «injerencia extranjera» o respaldar sanciones contra el Estado. Requiere una segunda votación en la Asamblea Nacional, programada para el 18 de enero de 2027, para entrar en vigor.
El cierre del espacio electoral se suma a un patrón represivo sostenido durante años. Human Rights Watch documentó al menos 87 presos políticos en Nicaragua en 2026 y seis muertes bajo custodia desde 2019.
El régimen ha cerrado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales, clausurado al menos 58 medios de comunicación y desnacionalizado a más de 450 personas desde 2018. Un informe de la ONU de septiembre de 2026 documentó decenas de desapariciones forzadas y al menos ocho muertes de detenidos desde ese mismo año.
La administración Trump ha escalado la presión sobre Managua a lo largo de 2026. El secretario de Estado Marco Rubio calificó al régimen como «enemigo de la humanidad» en junio y, en julio, advirtió que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados ante el anuncio de que Nicaragua no volvería a celebrar elecciones.
Washington también responsabilizó a Ortega y Murillo por la muerte del opositor indígena Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia el 30 de mayo de 2026.
En abril, EE.UU. sancionó a los hijos de la pareja gobernante y a siete empresas mineras vinculadas al régimen. En junio impuso restricciones de visado a más de 100 funcionarios adicionales, llevando el total de sancionados bajo la administración Trump a más de 2,350 personas.
El régimen Ortega-Murillo mantiene una alianza política estrecha con el gobierno cubano.
Apenas tres días antes de la reunión de la OEA, Nicaragua reafirmó ante la Asamblea General de la ONU su «firme y contundente solidaridad con el heroico pueblo cubano» y expresó respaldo a Cuba, China y Rusia. Ambos regímenes coordinan posiciones en foros multilaterales y comparten una narrativa de rechazo a la presión internacional.
Nicaragua se retiró de la OEA en 2023 y no reconoce la autoridad del organismo, por lo que la reunión del viernes se celebrará sin la participación de Managua.
En junio de 2026, la 56.ª Asamblea General de la OEA en Panamá ya había aprobado por consenso una resolución que condenó las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y exigió la restauración de la democracia y la liberación de los presos políticos.
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