Ninguna corriente política está exenta de errores, excesos o desviaciones. Precisamente por eso, la defensa de la libertad exige no solo elegir correctamente entre modelos políticos y económicos, sino también vigilar de manera permanente la calidad de las instituciones y la conducta de quienes ejercen el poder.
Desde esta perspectiva, considero un grave error depositar la confianza política en proyectos socialistas o comunistas. La experiencia histórica demuestra que, cuando estas ideologías alcanzan niveles elevados de control sobre la economía, las instituciones y la vida pública, terminan restringiendo libertades, debilitando la propiedad privada, anulando la autonomía de la sociedad civil y erosionando derechos fundamentales.
La alternativa no consiste, sin embargo, en defender cualquier forma de derecha de manera acrítica. La verdadera derecha liberal y republicana debe estar comprometida con el bien común, con el Estado de Derecho, con la dignidad de cada ser humano y con la protección integral de los derechos civiles, políticos, económicos y religiosos.
Una derecha que abandone estos principios también puede extraviarse. Cuando el poder económico consigue subordinar las leyes, cuando aparecen privilegios injustificados, cuando las instituciones dejan de actuar con independencia o cuando determinados grupos utilizan su influencia para obtener ventajas frente al resto de la sociedad, el capitalismo pierde legitimidad y abre espacio a quienes pretenden presentarse como una alternativa salvadora.
La izquierda radical suele alimentarse precisamente de los errores, abusos y desigualdades que un capitalismo mal administrado puede generar. Capitaliza el descontento, promete soluciones aparentemente sencillas y termina proponiendo una concentración todavía mayor del poder. Por eso, la mejor manera de impedir el avance del socialismo no consiste únicamente en denunciar sus fracasos, sino también en construir democracias sólidas y economías de mercado que funcionen realmente en beneficio de la sociedad.
Mientras mayor sea la libertad económica, más importantes resultan instituciones independientes capaces de garantizar el imperio de la ley, la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la libre competencia y la protección efectiva de los derechos humanos.
El capitalismo que debemos defender no puede ser un capitalismo oligárquico, cerrado o diseñado para favorecer a una minoría conectada con el poder político. Debe ser un capitalismo abierto, competitivo e inclusivo, capaz de generar riqueza, innovación y movilidad social, pero también de impedir que determinadas élites manipulen las reglas para consolidar privilegios.
En este sentido, algunas experiencias de Israel y de los países nórdicos demuestran que es posible combinar economías dinámicas, propiedad privada, innovación, iniciativa empresarial y competencia con instituciones sólidas, protección social y oportunidades amplias para los ciudadanos.
Ese modelo es radicalmente distinto del capitalismo autoritario que se ha consolidado en Rusia o China, donde pueden existir empresas privadas y mecanismos de mercado, pero siempre subordinados al poder político. Allí el capitalismo no funciona acompañado por libertades plenas, instituciones independientes ni verdadero pluralismo democrático.
Ese es precisamente uno de los mayores peligros que enfrenta Cuba. Después de décadas de fracaso económico bajo el comunismo, la cúpula gobernante podría intentar transformar el sistema sin democratizarlo: conservar el poder político mientras permite determinados espacios económicos controlados por las mismas élites.
Sería una metamorfosis hacia un capitalismo autoritario, semejante al modelo ruso o chino, donde los privilegiados asociados al poder tendrían ventajas mientras se limita el desarrollo independiente de nuevos empresarios y se mantienen restringidas las libertades fundamentales.
Cuba no necesita sustituir un autoritarismo comunista por un autoritarismo capitalista. Cuba
necesita libertad. Necesita instituciones democráticas, separación de poderes, propiedad privada, libre empresa, justicia independiente, igualdad de oportunidades y protección de los sectores vulnerables.
La solución no está en el socialismo ni en reproducir modelos autoritarios disfrazados de modernización económica. Está en construir una democracia liberal con una economía de
mercado abierta y competitiva.
Una derecha moderna debe comprender que defender el capitalismo no significa defender privilegios. Significa defender la libertad económica dentro de un marco de leyes justas, instituciones fuertes y derechos iguales para todos.
Queremos capitalismo, sí, pero capitalismo con democracia. Queremos mercado, pero también Estado de derecho. Queremos iniciativa privada, pero sin oligarquías protegidas por el poder.
Queremos una derecha comprometida con los derechos humanos, las libertades civiles y políticas, la libertad religiosa y la dignidad de cada persona.
Porque sin libertad económica no hay verdadera prosperidad, pero sin libertad política tampoco
hay verdadera libertad.
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