El gobierno del presidente Donald Trump impuso sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución y la incorporó a la lista estadounidense de entidades cuyos bienes quedan bloqueados. La medida, anunciada el viernes 9 de octubre por el secretario de Estado, Marco Rubio, amplía la ofensiva de Washington contra el tribunal con sede en La Haya, al que acusa de amenazar la soberanía de Estados Unidos.
Rubio aseguró en un comunicado oficial del Departamento de Estado que la administración prohibirá transacciones con la Corte para restringir sus recursos y limitar su funcionamiento. Advirtió además que, si no se alcanzan acuerdos sobre las objeciones estadounidenses, su gobierno seguirá presionando para desmantelar el organismo.
Hasta ahora, Washington había sancionado a jueces y fiscales concretos. La nueva designación incluye a la CPI como institución. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, confirmó la inclusión de la CPI en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) el 9 de octubre.
¿Qué operaciones quedan prohibidas y cuáles siguen autorizadas?
La designación implica, como regla general, que los bienes e intereses patrimoniales de la CPI situados en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También restringe las transacciones sujetas a jurisdicción estadounidense que involucren al tribunal, salvo las excepciones y licencias autorizadas por el Tesoro. Bloquear activos no equivale a confiscarlos.
Las restricciones, sin embargo, no suponen una paralización inmediata de todos los pagos y servicios. La Licencia General 13 de OFAC permite determinadas transacciones necesarias para mantener o concluir operaciones, contratos y acuerdos con la CPI hasta el 7 de abril de 2027. Entre los ejemplos expresamente contemplados figuran las aportaciones de los Estados miembros, los salarios, seguros médicos, alquileres, servicios básicos y determinados pagos a proveedores.
OFAC emitió también otras tres licencias generales relacionadas con telecomunicaciones y programas informáticos empresariales, pagos de pensiones y determinadas operaciones vinculadas a personas detenidas bajo responsabilidad de la Corte. Las condiciones se encuentran en el programa oficial de sanciones a la CPI.
Rubio advierte que continuará la campaña
En su declaración, Rubio insistió en que Estados Unidos nunca se incorporó a la CPI y rechaza que esta pueda procesar a militares, agentes fronterizos o dirigentes estadounidenses sin consentimiento de Washington. Aseguró que su gobierno había dado margen para una solución diplomática, pero consideró insuficientes las respuestas del tribunal y de los países miembros.
«O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI», afirmó el secretario de Estado. También avisó de que, si los aliados no intervienen, Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar el tribunal «ladrillo a ladrillo».
Washington invocó el apartado 1(a)(ii)(A) de la Orden Ejecutiva 14203, firmada por Trump en febrero de 2025. La decisión se enmarca en una estrategia anunciada meses atrás: en julio, CiberCuba informó de la campaña estadounidense para desmantelar la Corte Penal Internacional, que incluía presión diplomática, sanciones y restricciones de visado.
La Corte rechaza las sanciones y ocho países salen en su defensa
La CPI rechazó las medidas en una declaración del 9 de octubre y sostuvo que constituyen un ataque al Estado de derecho y un intento de obstaculizar la justicia. El tribunal afirmó que continuará ejerciendo sus funciones, aunque advirtió que necesitará el respaldo de los Estados que lo integran.
Por su parte, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido expresaron su desacuerdo con las sanciones mediante una declaración conjunta publicada por el Gobierno británico. Los ocho países reiteraron su apoyo a la independencia del tribunal y alertaron del impacto que las restricciones pueden tener sobre sus trabajadores y sus investigaciones.
La CPI, creada por el Estatuto de Roma y operativa desde 2002, investiga y juzga delitos internacionales graves, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, dentro de los límites de su competencia. Estados Unidos no ha ratificado su tratado fundacional, pero el tribunal sostiene que, bajo determinadas condiciones, puede investigar hechos cometidos en el territorio de un Estado parte aunque el sospechoso sea ciudadano de otro país. Esa diferencia de interpretación es uno de los puntos centrales del conflicto entre Washington y la Corte, cuyo marco de competencia explica la propia fiscalía del organismo.
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