El secretario de Estado Marco Rubio anunció este lunes una campaña de alcance gubernamental para neutralizar y desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), a la que calificó de amenaza directa a la soberanía de Estados Unidos.
El anuncio oficial del Departamento de Estado describe la iniciativa como una respuesta coordinada de todo el gobierno para inhabilitar la capacidad operativa del tribunal.
Según la nota oficial, la CPI representa «una amenaza intolerable para la soberanía de EE.UU.», al arrogarse la autoridad de procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional.
Washington sostiene que ningún presidente desde la ratificación del tribunal ha reconocido su jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.
Las medidas contempladas en la campaña incluyen llamadas diplomáticas de Rubio, del subsecretario de Estado y de embajadores a gobiernos extranjeros para que abandonen la CPI, revocación de visas y prohibiciones de viaje para el personal del tribunal, ampliación de sanciones contra la Corte y organizaciones vinculadas, y mayor escrutinio hacia países que reciban asistencia estadounidense pero no rechacen la autoridad del organismo.
El Departamento de Estado también convocó a naciones que, como EE.UU., no son parte del Estatuto de Roma a coordinar acciones diplomáticas conjuntas.
La nota advierte que «ninguna opción diplomática quedará descartada» en esta campaña.
En un video publicado en YouTube, Rubio enmarcó la ofensiva en términos de soberanía histórica: «Durante 250 años, los estadounidenses nos hemos gobernado como un pueblo libre y soberano. Elegimos a nuestros líderes, determinamos nuestras propias leyes y, cuando se nos acusa de un crimen, nos sometemos al juicio de un jurado de nuestros pares».
El secretario de Estado describió a la CPI como «un tribunal global integrado por burócratas globalistas no elegidos que afirman tener un poder casi ilimitado» y advirtió que, de no actuar, agentes fronterizos, marines y fiscales antiterroristas quedarían «a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros de distancia, con el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados por el supuesto crimen de defender su propio país».
Rubio cerró su mensaje con una advertencia directa: «Esta administración no se quedará de brazos cruzados mientras la CPI y sus aliados buscan amenazar a nuestro pueblo. Si creen que pueden privarnos de nuestra soberanía, les enseñaremos el pleno significado de la determinación americana».
La campaña representa una escalada respecto a las medidas previas de la administración Trump.
En febrero de 2025, el presidente ya había firmado la Orden Ejecutiva 14203, que impuso sanciones económicas y de visado al fiscal de la CPI Karim Khan, a dos fiscales adjuntos y a seis jueces del tribunal, invocando la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional.
Ahora, la estrategia da un salto cualitativo: ya no se limita a sancionar funcionarios individuales, sino que apunta a desarticular institucionalmente el organismo mediante presión diplomática global.
El trasfondo inmediato incluye la orden de arresto emitida por la CPI en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza, una decisión que Washington rechazó de plano.
La CPI cuenta con 124 Estados miembros obligados a ejecutar sus órdenes de arresto; EE.UU. no es uno de ellos desde que la administración Bush retiró formalmente la firma del Estatuto de Roma en mayo de 2002.
Preguntas frecuentes sobre el desmantelamiento de la Corte Penal Internacional por EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos quiere desmantelar la Corte Penal Internacional?
EE.UU. considera a la Corte Penal Internacional (CPI) como una amenaza intolerable para su soberanía. Según el gobierno estadounidense, la CPI se arroga la autoridad de procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses, lo que va en contra de la soberanía nacional y la jurisdicción local. Washington no reconoce la autoridad de la CPI sobre sus ciudadanos, ya que nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI.
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¿Qué medidas está tomando EE.UU. para desmantelar la CPI?
Las acciones de EE.UU. incluyen llamadas diplomáticas para que otros países abandonen la CPI, revocación de visas y prohibiciones de viaje para el personal del tribunal, y ampliación de sanciones contra la Corte y sus organizaciones vinculadas. Además, se busca coordinar acciones diplomáticas conjuntas con otras naciones que tampoco forman parte del Estatuto de Roma.
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¿Cuál es el papel de Marco Rubio en la campaña contra la CPI?
Marco Rubio, como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, es el arquitecto y rostro público de la ofensiva diplomática contra la CPI. Rubio ha sido un ferviente defensor de la soberanía estadounidense y ha liderado esta campaña como parte de una estrategia más amplia para proteger los intereses nacionales de EE.UU.
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¿Cómo se enmarca esta campaña en la política exterior de Estados Unidos bajo la administración Trump?
La campaña contra la CPI es parte de una política exterior centrada en los intereses nacionales de EE.UU. La administración Trump, representada por Marco Rubio, ha mantenido una postura de defensa de la soberanía nacional frente a organismos internacionales que, según ellos, no respetan la jurisdicción estadounidense. Esta política busca priorizar la seguridad, la economía y la soberanía de EE.UU. en el ámbito global.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.