El fiscal general de Florida, James Uthmeier, recordó este lunes que los residentes del estado tienen derecho a defender sus viviendas y familias, incluso con armas cuando la ley lo permite, al lanzar una advertencia contra posibles saqueos y robos después del paso del huracán Isaías por el noroeste de Florida.
En un mensaje difundido en redes sociales tras la tormenta, el funcionario destacó las consecuencias penales de aprovecharse de las víctimas del desastre y recordó que Florida es un estado donde se reconoce ampliamente el derecho a poseer armas de fuego, protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.
«Este es un estado orgulloso de la Segunda Enmienda. Los floridanos tienen todo el derecho a defender sus hogares y a sus familias», afirmó Uthmeier.
El fiscal dirigió una advertencia especialmente contundente a quienes pretendan aprovechar la emergencia para robar propiedades o entrar en viviendas ajenas.
«Roben a las víctimas de la tormenta y podrían perder más que su libertad», declaró, en una referencia al derecho de los propietarios a defenderse.
Uthmeier también recordó que la legislación de Florida contempla un aumento en la gravedad de determinados delitos cometidos durante una emergencia declarada.
«Saqueen durante esta emergencia y la ley de Florida elevará su cargo un grado completo», señaló.
Según explicó, una persona que entre ilegalmente en una vivienda para cometer un delito puede enfrentar cargos por un delito grave de primer grado y hasta 30 años de prisión, cuando concurran las circunstancias previstas por la legislación estatal.
El artículo 810.02 de los Estatutos de Florida establece que los delitos de entrada o permanencia no autorizada en inmuebles o vehículos con intención de delinquir pueden agravarse de segundo a primer grado, o de tercero a segundo, cuando se cometen en un condado bajo un estado de emergencia declarado por el gobernador y las condiciones derivadas de esa situación facilitan su comisión.
Entre esas circunstancias figuran los apagones, los toques de queda, las evacuaciones voluntarias u obligatorias y las dificultades para la respuesta de los servicios de emergencia.
Sin embargo, la declaración de emergencia no significa que cualquier robo se convierta automáticamente en un delito de primer grado. La aplicación de las agravantes depende del tipo de infracción y de las circunstancias concretas del caso.
De igual manera, la referencia del fiscal a la Segunda Enmienda no significa que los propietarios puedan utilizar fuerza letal ante cualquier intento de robo.
La legislación de Florida sobre defensa del hogar permite utilizar fuerza, incluida la letal, cuando se considera razonablemente necesaria para impedir una muerte inminente, lesiones graves o la comisión inmediata de un delito violento. La ley también presume, con determinadas excepciones, que existe un temor razonable de muerte o lesiones graves cuando alguien entra ilegalmente y por la fuerza en una vivienda y su ocupante tiene conocimiento de ello.
El funcionario insistió en que las autoridades mantendrán la vigilancia y actuarán contra quienes intenten aprovecharse de las comunidades afectadas.
«Serán atrapados, serán procesados. Florida seguirá siendo segura», aseguró.
Las declaraciones se producen después de que el huracán Isaías tocara tierra cerca de Destin la noche del viernes, provocando daños y cortes de electricidad en distintas comunidades del Panhandle de Florida.
La advertencia sobre el derecho a defender los hogares amplía los mensajes que el fiscal ya había emitido sobre los delitos cometidos durante la recuperación del ciclón.
El pasado sábado, Uthmeier advirtió que los saqueadores podrían enfrentar hasta 30 años de cárcel y que los comercios que incurrieran en especulación de precios se exponían a multas de hasta 25,000 dólares diarios.
Durante esa intervención, el fiscal aseguró que las fuerzas del orden estatales y locales estaban desplegadas para proteger a los residentes y evitar que delincuentes se aprovecharan de la situación.
Antes del impacto del huracán, el 7 de octubre, la Fiscalía General de Florida había habilitado un formulario para denunciar aumentos abusivos de precios en productos y servicios esenciales durante la emergencia.
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