El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció el martes acciones coordinadas de cumplimiento contra Bank of America, el segundo banco más grande del país, que suman más de 1.210 millones de dólares en penalidades por violaciones a las leyes antilavado de dinero y de sanciones, según el comunicado oficial del Tesoro.
Las medidas involucran a tres organismos distintos: la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) impuso una penalidad civil de 1.200 millones de dólares; la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) fijó una multa de 750 millones, la mayor en su historia, monto que queda acreditado dentro de la cifra de FinCEN y no se suma por separado; y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acordó un pago de 11,6 millones por 475 aparentes infracciones de múltiples programas de sanciones.
En términos de desembolso real, el banco deberá pagar 450 millones de dólares directamente al Tesoro en un plazo de diez días, más los 750 millones a la OCC, para un total de 1.200 millones en pagos efectivos, según la orden de consentimiento de FinCEN.
Las investigaciones determinaron que Bank of America no reportó oportunamente a FinCEN más de 5.000 millones de dólares en transacciones sospechosas durante el período comprendido entre enero de 2018 y julio de 2025.
De ese total, más de 1.000 millones estuvieron vinculados a riesgos prioritarios de seguridad nacional, entre ellos redes chinas de lavado de dinero y actividad financiera ilícita relacionada con la frontera suroeste de EE.UU.
El banco admitió haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al no mantener un programa antilavado que cumpliera los requisitos mínimos, no realizar la debida diligencia sobre cuentas de corresponsalía de bancos extranjeros y no presentar reportes de actividad sospechosa —conocidos como SARs— de forma precisa y oportuna.
Una parte central de los fallos fue el sistema propietario de monitoreo de transacciones del banco, denominado Event Processor, diseñado en 2010, que mantuvo durante años umbrales de alerta mal calibrados y pesos de riesgo estáticos.
Cuando el banco redujo el umbral de detección en diciembre de 2023, una revisión retroactiva identificó cerca de 8.900 SARs no presentados, con actividad transaccional de casi 4.000 millones de dólares, y el banco estimó que necesitaría 750 empleados adicionales y 800 consultores para atender el volumen generado por el nuevo umbral.
Este caso tiene un antecedente directo: la OCC ya había emitido una orden de cese y desistimiento en diciembre de 2024 exigiendo al banco corregir su programa antilavado, pero más de un año después la entidad seguía sin escalar actividades potencialmente sospechosas a investigadores para su revisión.
La orden de FinCEN también reveló comunicaciones internas que ilustran cómo el banco priorizó los ingresos sobre el cumplimiento regulatorio: en agosto de 2022, personal de cumplimiento concluyó que «la evidencia abrumadora sugiere que el cliente está recibiendo pagos de numerosas víctimas de estafas de mercadeo masivo», con aproximadamente el 90% de más de 125 casos relacionados con fraude, pero el banco optó por mantener la relación comercial.
Las 475 aparentes infracciones de OFAC —calificadas como caso no grave— involucraron transacciones vinculadas a Irán, Rusia, Bielorrusia, Birmania, Somalia, narcotráfico y terrorismo global, por un valor aproximado de 14,8 millones de dólares, ocurridas entre septiembre de 2021 y abril de 2025.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que «cuando un banco de este tamaño no cumple sus obligaciones antilavado y de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes, exponiendo a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiamiento ilícito».
Bank of America reconoció públicamente la gravedad de las deficiencias y afirmó estar «muy avanzado» en las medidas correctivas, precisando que el cargo de 1.200 millones reducirá aproximadamente 17 centavos por acción su ingreso neto del tercer trimestre de 2026.
La orden de FinCEN exige además revisiones independientes del programa antilavado con plazos que se extienden hasta julio de 2028 y una revisión retroactiva de transacciones desde enero de 2022 con informe final a más tardar en diciembre de ese mismo año.
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