La activista y creadora de contenido cubana Anna Bensi salió al paso al programa de la televisión estatal Con Filo, donde el presentador Michel E. Torres Corona la describió como «el rostro más visible de la contrarrevolución doméstica», días después de que un tribunal la condenara junto a su madre.
En un video en Facebook que se hizo viral en pocas horas, Bensi cuestionó que los voceros de la dictadura puedan utilizar su imagen «para atacar, difamar».
Y cuestionó la ausencia de reciprocidad: «¿Dónde está el espacio en la televisión nacional para responder a este tipo de discursos? ¿Dónde está el micrófono con el mismo respaldo oficial para cuestionar y desmentir sus difamaciones? ¿Dónde está el verdadero debate, sin censura, sin filtro?».
La joven de 21 años ironizó sobre los límites a la libertad de expresión en la televisión estatal: «En la televisión nacional tú tienes toda la libertad del mundo para decir lo que el Partido Comunista te autorice».
Y agregó que a estos medios no les gusta la pluralidad de opiniones. «A la dictadura le resulta peligroso el pensamiento crítico, le tienen pánico a la verdad porque la verdad los derrumba».
En el episodio de Con Filo Torres Corona presentó la condena de Bensi como el resultado de un proceso ordinario, no de persecución política: «Aunque se intente mostrar como perseguida política, lo cierto es que fue sancionada tras querella privada por un delito común, un delito contra el honor y la privacidad de un ciudadano, en este caso, un policía».
El pasado 1 de octubre, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este condenó a Bensi y a su madre, Caridad Silvente Laffita, a dos años de limitación de libertad bajo el artículo 393 del Código Penal, que tipifica actos contra «la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otras personas y sus datos».
La excusa fue un video grabado en marzo pasado a un suboficial del MININT que acudió a la vivienda de ambas en Alamar, para entregarle a la chica una citación de la Seguridad del Estado. Ese material se convirtió en la base de la acusación penal.
La pena no implica prisión, pero sí restricciones de movimiento, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial y obligación de comparecer ante el tribunal cuando sean requeridas. Ambas permanecen además con prohibición de salir del país desde finales de marzo.
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