La Fiscalía Provincial de Granma solicita penas de entre cinco y diez años de cárcel para cuatro disidentes cubanos, en un proceso que incluye entre sus elementos acusatorios videos críticos del régimen, mensajes de WhatsApp y recargas telefónicas, según una investigación publicada este miércoles por el medio independiente elTOQUE.
La información procede de las conclusiones provisionales del Expediente de Fase Preparatoria 45/2025, fechado el 21 de julio de 2026, al que el portal de notivcias afirma haber tenido acceso.
El documento permite conocer las peticiones individuales de la Fiscalía, pero no constituye una sentencia ni significa que las solicitudes se hayan formulado esta semana.
De acuerdo con la investigación, las penas solicitadas son de diez años de prisión para Ariel Eugenio Arzuaga Peña; nueve para su esposa, Yaquelín García Jaén; siete para Daniel Barrios Figueredo; y cinco para Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell.
Los cuatro están acusados de los presuntos delitos de «propaganda contra el orden constitucional» y «desórdenes públicos».
La Fiscalía también les atribuye vínculos con Cuba Primero, una organización opositora fundada en Miami e incluida por el Ministerio del Interior cubano en su lista nacional de supuestas organizaciones terroristas.
La pertenencia de los acusados a esa organización es uno de los señalamientos recogidos en el expediente y no debe presentarse como un hecho demostrado judicialmente. Tampoco las peticiones fiscales equivalen a condenas.
Los hechos descritos por la acusación ocurrieron entre octubre y noviembre de 2024. Según elTOQUE, el escrito menciona grabaciones difundidas mediante el programa de redes sociales Cántalo TV, intercambios en grupos de WhatsApp y videos relacionados con una manifestación.
Uno de los episodios utilizados contra Arzuaga es una grabación del 23 de octubre de 2024 en la que cuestionaba el hambre, la miseria y la escasez de alimentos, agua y electricidad en Cuba, además de llamar a la población a unirse para reclamar cambios políticos.
La Fiscalía interpreta esas declaraciones como parte de supuestas convocatorias a cometer delitos. Sin embargo, el análisis de elTOQUE señala que las expresiones reproducidas en el escrito constituyen críticas al Gobierno y llamados a la unidad, sin instrucciones concretas para cometer actos violentos.
El medio subraya que en las páginas del expediente a las que tuvo acceso no se atribuyen a ninguno de los cuatro acusados actos de violencia ni daños materiales.
Otra grabación mencionada por la Fiscalía recoge una denuncia realizada por Arzuaga después de la detención de su esposa, relacionada con un registro policial en una vivienda familiar.
Según la investigación, el escrito acusatorio presenta esa denuncia pública como un indicio de su presunta intención de divulgar información contra las autoridades.
Las comunicaciones digitales también ocupan un lugar importante en la acusación. El documento menciona la supuesta participación de los implicados en dos grupos de WhatsApp, denominados Fieles Valientes y Taller de Libertad de Expresión, en los que, según la Fiscalía, se abordaban cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
En el caso de Daniel Barrios Figueredo, la acusación incluye el envío por WhatsApp de varios videos de una protesta ocurrida el 5 de noviembre de 2024 en el reparto Camilo Cienfuegos, en Bayamo.
Su familia sostiene que Barrios fue espectador de una de las manifestaciones y que quedó detenido después de acudir a una citación policial al día siguiente.
El escrito también recoge dos recargas de saldo telefónico que Barrios habría recibido el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Según elTOQUE, la Fiscalía utiliza certificados de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) para presentar esas operaciones dentro de una supuesta financiación procedente del exterior.
Entre los materiales citados por la Fiscalía también figuran peritajes informáticos de teléfonos ocupados a Barrios y Arzuaga, informes institucionales sobre Cuba Primero y evaluaciones de la denominada conducta «contrarrevolucionaria» de los acusados.
En esos informes, según la investigación, se mencionan cuestiones como la falta de integración en organizaciones de masas afines al régimen.
En el caso de Arzuaga, el expediente incluso recoge que «acostumbra a escuchar con volúmenes elevados música subversiva».
Para elTOQUE, estos elementos muestran cómo el escrito fiscal utiliza expresiones políticas, comunicaciones privadas y comportamientos personales para fundamentar las acusaciones.
La investigación precisa, además, que la Fiscalía solicita ocho años de prisión para Arzuaga Peña y García Jaén por el delito de propaganda contra el orden constitucional, a los que se añaden las penas solicitadas por desórdenes públicos hasta alcanzar los totales de diez y nueve años, respectivamente.
El proceso tiene como antecedente las detenciones de tres de los acusados en noviembre de 2024. Según la información publicada, Barrios fue detenido el día 6; García Jaén, el 8; y Arzuaga Peña, el 27 de ese mes.
Los tres permanecían en prisión provisional sin juicio cuando se publicó la investigación, casi 23 meses después de sus detenciones. En cuanto a Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell, las páginas del expediente examinadas por elTOQUE no permiten precisar su situación procesal.
La detención de García Jaén había sido denunciada por la organización de asesoría jurídica Cubalex. En una publicación del 21 de noviembre de 2024, la entidad señaló presuntas irregularidades durante el registro de su vivienda y su arresto.
Cubalex denunció entonces la supuesta ausencia de órdenes de registro y detención, la falta de comunicación formal de los cargos y la incomunicación de la activista.
También informó que inicialmente había sido acusada de «venta ilícita de alimentos» y que posteriormente se le atribuyó el presunto delito de «instigación a delinquir».
Los cargos descritos en noviembre de 2024 no deben confundirse con los que aparecen en las conclusiones provisionales de julio de 2026.
La situación de García Jaén fue abordada nuevamente en un reportaje de elTOQUE publicado en agosto, que recogió declaraciones de la activista desde prisión, testimonios familiares y la valoración de un abogado de Cubalex.
Según la investigación más reciente, en julio de 2026 el Tribunal Provincial Popular de Granma rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la defensa de García Jaén.
El escrito fiscal solicita la apertura de juicio oral ante la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba. La investigación no identifica una fecha fijada para la vista.
El caso plantea interrogantes sobre el uso del derecho penal frente a la expresión política y sobre la duración de la prisión provisional.
La libertad de expresión y la manifestación pacífica están reconocidas en los artículos 54 y 56 de la Constitución cubana, mientras que los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Las acusaciones relacionadas con publicaciones críticas también han aparecido en otros procesos recientes. A comienzos de octubre se conoció que la Fiscalía solicitaba hasta diez años de cárcel para los jóvenes del proyecto El4tico, en Holguín, por videos difundidos en redes sociales.
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