En Cuba, publicar videos contra el poder, cuestionar al Partido Comunista y denunciar la actuación de la Policía puede terminar convertido en una acusación penal. Eso es precisamente lo que denuncia la organización de derechos humanos Cubalex tras analizar el expediente contra los jóvenes creadores de El4tico, para quienes la Fiscalía del régimen cubano solicita penas de ocho y diez años de cárcel.
Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez llevan encarcelados desde el 6 de febrero de 2026. Su trabajo consistía en producir contenidos audiovisuales independientes en los que abordaban los problemas económicos, sociales y políticos de Cuba, cuestionaban las decisiones del Gobierno y promovían el debate público.
Ahora, un análisis jurídico publicado por Cubalex el 7 de octubre sostiene que la Fiscalía Provincial de Holguín está utilizando precisamente esas expresiones críticas para construir las acusaciones contra ambos jóvenes. La organización advierte que el proceso presenta graves problemas relacionados con la libertad de expresión, el principio de legalidad y la discriminación por motivos de opinión política.
Las conclusiones provisionales de la Fiscalía están fechadas el 15 de septiembre y solicitan ocho años de prisión para Medina y diez para Zayas. Como informó CiberCuba el pasado 2 de octubre, el Tribunal Provincial de Holguín dispuso la apertura a juicio oral. Las penas solicitadas todavía no constituyen condenas.
El régimen convierte las críticas políticas en pruebas de delito
Uno de los aspectos más preocupantes del expediente es la utilización de videos publicados en Instagram, Facebook y YouTube para sustentar el delito de propaganda contra el orden constitucional.
Según explica Cubalex, la Fiscalía considera relevantes para la acusación las publicaciones en las que los integrantes de El4tico cuestionaban la realidad cubana y las estructuras políticas que gobiernan el país.
La organización objeta que expresar opiniones contrarias al sistema político no constituye, por sí mismo, propaganda delictiva. Criticar a quienes gobiernan, denunciar problemas sociales y difundir opiniones políticas son manifestaciones de la libertad de expresión, incluso cuando resultan incómodas para las autoridades.
El análisis cuestiona además que la Fiscalía utilice el carácter público de las plataformas digitales como circunstancia para agravar la respuesta penal. Bajo ese razonamiento, el alcance de las publicaciones podría utilizarse para justificar un castigo mayor contra quienes consiguen difundir sus críticas.
En el expediente también aparecen referencias a cuestionamientos al Partido Comunista de Cuba y a los contactos de los jóvenes con figuras opositoras en el exilio. Entre las personas mencionadas en la cobertura previa de CiberCuba figuran Yunior García Aguilera, Carolina Barrero y Amelia Calzadilla.
Relacionarse con opositores, discrepar del discurso oficial o cuestionar al Partido Comunista no demuestra por sí solo la comisión de un delito. Para Cubalex, presentar esas circunstancias como elementos incriminatorios refleja una utilización del derecho penal contra la disidencia.
Criticar a la Policía también forma parte de la acusación
La segunda figura penal cuestionada por Cubalex es la de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires.
La acusación incluye expresiones críticas de los jóvenes sobre instituciones estatales y sobre la actuación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), uno de los principales órganos utilizados por las autoridades cubanas para ejercer el control interno.
El análisis de Cubalex advierte que convertir esas críticas en materia penal restringe el derecho de los ciudadanos a fiscalizar a las autoridades y exigir responsabilidades por sus actuaciones.
Cuestionar a una institución pública no equivale automáticamente a difamarla. Para la organización, la Fiscalía debe demostrar los elementos concretos de cualquier delito imputado y no limitarse a castigar expresiones políticas que contradicen la versión oficial.
Esta distinción resulta especialmente relevante en Cuba, donde el Partido Comunista mantiene el monopolio constitucional del poder político y los medios independientes operan bajo fuertes restricciones. El caso de El4tico pone nuevamente de manifiesto las consecuencias que puede enfrentar quien decide ejercer el periodismo ciudadano o la crítica política sin someterse al discurso del Estado.
Una acusación por instigación que Cubalex considera imprecisa
El tercer delito atribuido a los integrantes de El4tico es el de instigación a delinquir.
Según la narración de la Fiscalía examinada por Cubalex, los jóvenes habrían exhortado a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT) a tomar el poder para modificar el orden constitucional.
Sin embargo, la organización identifica una deficiencia jurídica importante: al formular la acusación, la Fiscalía invoca el artículo 268 del Código Penal sin precisar suficientemente cuál sería el delito concreto que los acusados habrían instigado a cometer.
Para Cubalex, no basta con atribuir expresiones políticas a los acusados. Es necesario identificar la conducta delictiva presuntamente promovida y demostrar que concurren los elementos exigidos por la legislación penal.
El cuestionamiento es especialmente grave cuando la acusación puede traducirse en hasta una década de privación de libertad.
En declaraciones recogidas por Martí Noticias el 8 de octubre, Cubalex insistió en que el proceso representa un ejemplo de criminalización de la libertad de expresión y de persecución contra creadores independientes.
Ocho meses encarcelados por un caso que organizaciones de derechos humanos consideran represivo
Medina y Zayas fueron detenidos el 6 de febrero en Holguín durante operativos de la Seguridad del Estado y la Policía. En los registros de sus viviendas se incautaron equipos tecnológicos utilizados para producir y difundir contenidos, entre ellos una computadora, una cámara y teléfonos.
Desde finales de marzo permanecen recluidos en la Prisión Provincial de Holguín, después de haber pasado por dependencias policiales.
Las irregularidades denunciadas comenzaron desde el momento de las detenciones. Cubalex cuestionó la legalidad de los registros domiciliarios y señaló que los agentes no exhibieron debidamente la orden correspondiente, además de advertir sobre la ausencia de garantías procesales.
En agosto, CiberCuba informó sobre una nueva denuncia de Cubalex cuando ambos jóvenes acumulaban seis meses encarcelados sin una petición fiscal pública ni fecha de juicio oral.
La posterior presentación de las conclusiones provisionales no elimina los cuestionamientos sobre las condiciones en que fueron detenidos, la prolongación de la prisión preventiva ni los fundamentos de las acusaciones.
Los familiares de los jóvenes también han rechazado la criminalización de su trabajo. Mileydis Medina Machín, madre de Ernesto, ha defendido públicamente el carácter crítico y pacífico de los contenidos producidos por El4tico y ha cuestionado que sus contactos con personas del exilio puedan considerarse pruebas de actividad delictiva.
El verdadero trasfondo: la persecución del pensamiento independiente en Cuba
El caso de El4tico trasciende las solicitudes fiscales de ocho y diez años de prisión. Expone cómo el aparato judicial del régimen cubano puede utilizarse para perseguir a quienes cuestionan públicamente al poder.
Los jóvenes no dirigían un partido político ni controlaban un medio de comunicación estatal. Desde un proyecto audiovisual independiente, compartían opiniones sobre la situación del país y criticaban las decisiones de sus gobernantes.
Para Cubalex, la respuesta penal a ese ejercicio de expresión evidencia un problema mucho más profundo: el uso de figuras del Código Penal para desincentivar la crítica y castigar la difusión de ideas contrarias al discurso oficial.
La persecución denunciada contra El4tico se inscribe, además, en un patrón de criminalización del disenso documentado por Cubalex durante 2026, que incluye procesos contra ciudadanos por publicaciones en redes sociales y otras manifestaciones de inconformidad política.
El derecho a criticar a un Gobierno, denunciar sus errores y reclamar cambios políticos no debería conducir a una celda. Esa es la cuestión fundamental que plantea el expediente contra Medina y Zayas.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, ambos permanecen privados de libertad. Sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan reclamando su excarcelación y el respeto de las garantías procesales.
Las solicitudes de prisión aún deben ser examinadas judicialmente. Pero el análisis de Cubalex ya coloca en el centro del debate una realidad denunciada reiteradamente por activistas cubanos: bajo un sistema que no tolera la oposición política organizada ni el escrutinio independiente, incluso un video crítico puede convertirse en el fundamento de una petición de años de cárcel.
Vídeos relacionados:
Archivado en: