Oscar Echevarría Rubio, tatuador y artista visual de Sancti Spíritus, permanece arrestado junto a su esposa, Cleidys García, cuatro días después de protagonizar una protesta antigubernamental desde la azotea de su vivienda en el Reparto Escribano de esa ciudad, según reportes de Martí Noticias.
El pasado 10 de octubre, Echevarría subió al techo de su casa y gritó consignas como «Abajo la dictadura», «Patria y Vida», «Abajo Raúl Castro» y «Abajo el comunismo». Su sobrina, Aitana Echevarría, lo acompañó desde abajo coreando frases de rechazo al sistema. La manifestación fue cortada de raíz por un operativo de la Seguridad del Estado encabezado por el mayor Orelvis Pérez Díaz, jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva del MININT en la provincia, que terminó con la detención de ambos esposos.
Los dos permanecen recluidos en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO), conocida localmente como «el Vivac». La Fiscalía ya les impuso prisión provisional bajo el cargo de desacato mientras avanza la fase de investigación y preparación del proceso penal.
Lidia Echavarría, hermana del tatuador y residente en Estados Unidos, precisó a Martí Noticias que, al concluir el período de visitas del lunes, ambos serían trasladados a la prisión Nieves Morejón, en Guayos, donde aguardarían juicio.
«Siguen en el Vivac. Les piden prisión preventiva a ambos y que cuando termine la visita, que será el lunes, serán trasladados a Nieve Morejón y allí esperarán juicio», declaró.
Sobre la posibilidad de contratar un abogado defensor, Lidia Echavarría fue categórica: «En Cuba no hay derechos humanos, por tanto, qué abogado va a defender, que eso es un abogado fantasma para aparentar lo que esa dictadura no tiene, democracia».
El periodista Adriano Castañeda, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), explicó que Echevarría ya había tenido roces previos con la policía política por su postura crítica, aunque no pertenecía a ninguna organización opositora formal. «Aunque él no está afiliado a ninguna organización anticomunista por acá, ha mantenido una postura contestataria por mucho tiempo respecto a la situación que estamos viviendo los cubanos que es bien crítica, bien caótica», señaló. Castañeda resumió la situación con una frase: «Esta vez parece que la copa se desbordó».
El ICLEP exigió la liberación inmediata del tatuador, subrayando que su arresto se produjo exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión.
El caso recuerda al del peleador Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como «Spiderman», detenido en abril de 2026 tras protestar desde el balcón de su vivienda en Marianao contra los apagones y la crisis social, y al que también se le aplicó el cargo de desacato. Ambos casos ilustran un patrón represivo sistemático: protesta desde la propia vivienda, intervención inmediata de la Seguridad del Estado y criminalización de la disidencia pacífica.
El cargo de desacato es uno de los instrumentos jurídicos más empleados por el régimen contra quienes expresan críticas públicas. De los 1,372 presos políticos registrados por Prisoners Defenders al 1 de octubre de 2026 —la cifra más alta documentada por esa organización—, 382 están vinculados a ese delito.
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