La dictadura cubana alcanzó un nuevo máximo histórico de represión: 1.372 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos al 1 de octubre de 2026, según el registro verificado de la ONG Prisoners Defenders, difundido este lunes porInfobae.
La cifra supera el récord anterior de 1.339 presos políticos registrado al cierre de agosto, publicado por Prisoners Defenders el 10 de septiembre, y consolida una escalada prácticamente ininterrumpida: la organización contabilizaba 1.179 casos en octubre de 2025, 1.260 en abril de 2026 y 1.327 en julio.
Entre los 1.372 figuran 40 menores de edad encarcelados o sometidos a procesos penales activos, contabilizados por la edad que tenían en el momento de su detención, aunque algunos hayan cumplido la mayoría de edad durante su internamiento.
La cifra de menores no incluye a decenas de jóvenes que salieron del registro en meses anteriores tras cumplir íntegramente sus condenas.
Otro dato que subraya la dimensión de la represión: 158 mujeres integran el listado, aproximadamente el 12% del total verificado, muchas de ellas condenadas por participar en protestas o difundir críticas al régimen en plataformas digitales.
El aparato judicial cubano emplea 76 figuras del Código Penal para sustentar las acusaciones y acumula con frecuencia varios cargos contra una misma persona con el fin de elevar las penas.
El delito más recurrente es el de desórdenes públicos, presente en 577 expedientes. Le siguen desacato (382 casos), atentado (350), sedición (214) y sabotaje (125).
Este último cargo resulta especialmente grave: en varios casos, civiles acusados de sabotaje han sido juzgados por tribunales militares, una práctica que organizaciones de derechos humanos consideran una vulneración adicional de las garantías procesales.
Los picos de nuevas detenciones en el último año se produjeron en abril de 2026, con 50 nuevos casos, y en junio, con 44, períodos que coincidieron con una agudización de los apagones y las protestas ciudadanas por la falta de electricidad y agua.
La represión tiene además una dimensión familiar documentada por la ONG: madres e hijas, madres e hijos y padres e hijos han enfrentado simultáneamente encarcelamientos, juicios o medidas restrictivas de libertad.
Un ejemplo reciente: Ivisleivi Castellano Puig fue detenida en La Habana durante una protesta pacífica, y ese mismo día su hijo Antuan de Jesús Caballero Castellano, de 23 años, fue arrestado por pintar un grafiti con la frase «Viva Cuba Libre».
La situación de salud de varios presos políticos también genera alarma. Ana Ibis Tristá Padilla, condenada a 14 años, denunció desde la prisión de mujeres de Las Tunas que padece asma crónica, fallas renales y dolores diarios: «Apenas puedo caminar», escribió en una carta difundida por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Otro caso emblemático es el de Wilber Aguilar Bravo, quien viajó más de 300 kilómetros desde La Habana hasta la prisión Nieves Morejón, en Sancti Spíritus, para visitar a su hijo Walnier Luis Aguilar Rivera —condenado a 12 años por las protestas del 11J— y no le permitieron entrar: llevaba 84 días sin verlo.
El aniversario 158 del Grito de Yara, conmemorado el 10 de octubre, encontró a Cuba con más presos políticos que nunca, mientras el régimen habla de reformas y la población soporta una crisis energética sin precedentes.
Prisoners Defenders señaló en su informe de agosto que «la represión política no se limita al individuo: convierte los vínculos familiares en instrumentos de presión, intimidación y castigo».
Vídeos relacionados:
Archivado en: