El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció este viernes que presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar, por presuntas graves irregularidades en el proceso judicial contra el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, director de La Hora de Cuba, quien cumple hoy exactamente un mes privado de libertad.
Según el comunicado del OCDH, fechado en Madrid, la queja se articula en torno a dos irregularidades principales que la organización exige investigar al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la República.
La primera es el supuesto hallazgo de un cuchillo artesanal entre las pertenencias de Constantín durante una requisa en la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, ocurrida el jueves.
El periodista niega que el arma le pertenezca y sospecha que fue colocada deliberadamente en su celda para incriminarlo, señalando que los funcionarios fueron directamente al lugar exacto donde supuestamente guardaba el objeto.
El OCDH advierte que existen indicios que justifican investigar una posible manipulación de pruebas y la participación de agentes de la Seguridad del Estado en los hechos.
Como consecuencia del hallazgo, el jefe de la unidad penitenciaria ordenó enviar a Constantín a una celda de castigo durante al menos 15 días, lo que le impedirá recibir la visita familiar y conyugal prevista para el lunes 19 de octubre, así como las llamadas telefónicas diarias que tenía autorizadas.
La segunda irregularidad denunciada es la falta de localización confirmada de su expediente penal.
El Tribunal Municipal de Camagüey comunicó que lo devolvió a la Fiscalía y posteriormente aseguró haberlo remitido el 9 de octubre, pero ninguna de las instituciones judiciales y fiscales consultadas ha confirmado su recepción, lo que obstaculiza el trabajo de la defensa y prolonga la incertidumbre procesal.
Para el OCDH, esta situación alimenta las sospechas de posibles interferencias jerárquicas o políticas en las decisiones de los jueces.
La organización emplaza directamente a la Fiscalía General a garantizar una investigación objetiva, exhaustiva y libre de presiones, que preserve las pruebas e identifique a los responsables, y al Tribunal Supremo a esclarecer las irregularidades en la tramitación del caso y garantizar la independencia judicial.
El OCDH exige además medidas inmediatas de protección y garantías de confidencialidad para quien presentó la queja, los familiares y allegados del periodista, sus abogados y posibles testigos.
Constantín fue detenido el 16 de septiembre tras acudir a una citación policial en Camagüey, acusado de desobediencia por supuestamente no haberse presentado a una convocatoria migratoria días antes, cargo que él rechaza y que, en cualquier caso, no conlleva pena de cárcel.
Su caso ha motivado pronunciamientos del Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y la administración de Donald Trump, que exigió su liberación.
«La independencia judicial no admite autorizaciones políticas; la investigación penal no admite pruebas fabricadas; y denunciar una ilegalidad jamás puede justificar represalias», concluye el comunicado del OCDH.
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